Frutos de la ira

Por JORGE H. BOTERO

Existen múltiples acusaciones de violencia injustificada cometida por los estamentos policiales, y preocupación por la presencia del Ejército en las calles, situación que, si bien tiene un respaldo jurídico claro en circunstancias como las que estamos viviendo, genera riesgos importantes. El soldado no esta preparado para lidiar protestantes sino para confrontar enemigos; su instrumento de dotación único es el fusil, un arma letal. Siguiendo un mal precedente de anteriores gobiernos, Duque maniobró para que los organismos que deben actuar para prevenir y esclarecer los episodios de violencia estén en manos de aliados o amigos personales. Así actúen con rigurosa imparcialidad, su credibilidad es baja.  A su vez, asombra enterarse de que, según la Defensoría del Pueblo, se registran 548 desaparecidos en medio del paro nacional entre el 28 de abril y el 7 de mayo. Si esa cifra fuera correcta, hoy tendríamos ¡más de mil personas desaparecidas en un mes de disturbios!  

Estos factores justifican la visita de la CIDH que hoy comienza.  Imparcialidad y objetividad deben presidir sus tareas. Como en mi anterior columna hice reparos al comunicado reciente de la Comisión, que voy a reiterar, reconozco que cometí un error: no es verdad que ese organismo hubiera omitido mencionar “los enormes daños causados a la infraestructura”.  Sí lo hizo, aun cuando sin darles la importancia que esos actos vandálicos han tenido, quizás por falta información.

Es censurable su señalamiento de responsabilidad a las autoridades en una multitud de episodios violentos, 1038 para ser exactos, al corte del 25 de mayo. Formular imputaciones en un número tan elevado de casos, y en cuestión de pocos días, carece de rigor. Tal vez proceder así estaría justificado en el contexto existente cuando la Comisión fue creada en 1959. Es esa época abundaban las dictaduras militares; no había movimientos guerrilleros (en Cuba en ese año triunfó la revolución castrista); y el narcotráfico era un problema inexistente. Entonces podía suponerse que las violaciones a los derechos humanos eran cometidos por los Estados. Las circunstancias actuales son diferentes, y, en particular, las de Colombia que padece, junto con México y Centroamérica, el asedio de clanes criminales dotados de un poder gigantesco. Soportamos, igualmente, y esta situación es solo nuestra, el embate de grupos guerrilleros.  La violación de los derechos humanos, señores comisionados, no es monopolio estatal.

Nuestro Estado falla, más que por ser causante de su violación, por su limitada capacidad para prevenir y sancionar. Los actores principales de esos atentados han sido, en años recientes, los carteles de la droga y los revolucionarios que no acogieron o desertaron del acuerdo del pasado gobierno con las Farc, sea dicho esto sin pretender excusar a los funcionarios públicos por los crímenes que hayan cometido.  

Según la Comisión, los bloqueos son una manifestación del derecho a la protesta y, por lo tanto, el Estado debe negociar con los que ejercen esa forma de violencia “corredores humanitarios” para que puedan circular insumos vitales, tales como drogas y alimentos. No cabe imaginar una inversión más profunda del papel del Estado, que, en vez de garantizar el orden público alterado por actores violentos, tenga que “negociar” atenuaciones al cerco de hierro que vastos sectores de la sociedad están sufriendo. Es incuestionable que es mejor el diálogo y la persuasión contra los que ejercen violencia; igualmente que la fuerza legítima del Estado debe ponerse en acción para proteger el interés general. La libertad es un derecho sumo que ha sido vulnerado de manera masiva.    

Escribe la Comisión que “es preciso tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica”.  De acuerdo: si la protesta no molesta, no sirve. La cuestión es qué tanto se puede tolerar esa molestia.  

Según Fedesarrollo, el paro ha ocasionado una reducción en el suministro de alimentos cercano al 20% frente a mayo del año precedente y una declinación interanual del 10% en el consumo de energía para fines industriales. El buen revolucionario dirá que no importa que se traumatice el flujo de víveres si el Pueblo tiene hambre; y que mientras haya tantos desempleados, carece de importancia que muchos pierdan sus empleos; dos o tres generaciones más adelante se han de recuperar en la nueva sociedad. Los enormes daños a la infraestructura de transporte se justifican para hacerla emerger. Como sabemos, la violencia es la partera de la historia. ¿Para qué escandalizarse?

En este clima de exaltación, el profesor Iván Garzón publica su columna “El Estallido de la Primavera”, cuyo arribo, después del crudo invierno, es motivo de alborozo. Considera que los eventos que comenzaron el 28 de abril “no son una anomalía sino un síntoma de vitalidad de la soberanía popular”. Estoy en desacuerdo. La creencia de que existe un pueblo soberano, que se expresa de manera inequívoca, y que, de ordinario, interpreta un dirigente iluminado sin intermediación alguna, es la matriz de todos los regímenes totalitarios. Por el contrario, la democracia liberal parte de la existencia de multitud de grupos sociales, cuyos intereses, en parte, son antagónicos, aunque concuerdan en el pacto constitucional que regula la solución de los conflictos. En la actual coyuntura, otros segmentos de la sociedad, igualmente titulares de esa soberanía popular, se han expresado para rechazar la violencia y anarquía que padecemos. Existen, además, mayorías silenciosas que suelen aparecer en los comicios y que ya se asoman en las encuestas.

No tengo espacio para discutir la implícita correlación positiva que Garzón establece entre barricadas y democracia. Veo en ellas un síntoma de severa falencia institucional.

Briznas poéticas. De José Emilio Pacheco: “La tierra está impregnada de olor a mar. / La gloria de la tarde se alza en espuma”.