El Gobierno del cambio ha anunciado que los líderes juveniles sociales que se expresaron en las marchas del Paro Nacional, tienen derecho a pasar la navidad con sus familias. Para fortalecer el ofrecimiento, aseguró que la protesta es un derecho democrático y que los gobiernos que ordenan matar y torturar jóvenes no son democráticos y este es precisamente el gobierno del cambio. Y vaya si lo es. Cambiar la presentación de los hechos, acomodándolos a su particular visión, simplemente para cumplir con una promesa de campaña reiterada en su discurso de posesión, cuando solicitó a la Fiscalía General dejar en libertad a decenas de jóvenes imputados y encarcelados por participar en los actos de violencia y vandalismo en el Paro Nacional, cuyas pérdidas se calculan en una cifra cercana a los 3.000 millones de dólares, 10 billones de pesos, iniciado el 28 de abril del 2021 y prolongado durante dos meses y medio, en el que se registraron no menos de 47 asesinatos y más de 2000 heridos, fuera de los delitos de secuestro, tortura, incendio de vehículos, hurtos, saqueos y graves daños a la infraestructura urbana, no deja de ser un funesto precedente judicial. Si derecho tienen estos jóvenes de estar con sus familias en navidad, derecho igual lo tienen todos los encarcelados que no han sido condenados, de estar con sus seres queridos. Amparado en la ley 2272 de 2022, conocida como Ley de Paz Total, que modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, el presidente Petro busca afanosamente la salida de no menos de 230 de estos terroristas nombrándolos “Gestores de Paz”, pues ya no son voceros, solo quienes hagan parte de grupos criminales o los aceptados por ellos, sino “quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias, que el Presidente de la República considere pueden aportar al proceso de paz, a la conflictividad social y se encuentren en privación de libertad”, dice el parágrafo 1 del artículo 5 modificado. Ya con anterioridad, en la discusión de esta ley, el Gobierno quiso indultar a los procesados con un artículo que lo facultaba, igual que otro para negociar de manera amplia con bandas criminales, los cuales fueron retirados del proyecto por el escándalo suscitado, que muchos calificaron como micos legislativos, no sin antes el Pacto Histórico dejar constancia de que las dos iniciativas volverían a presentarse. Bien lo sabe el país; los integrantes de la Primera Línea están detenidos por terrorismo, homicidio y tortura, no por protestar como dice Petro. Una cosa es protestar y otra muy distinta hacer terrorismo. Como bien lo señalara el presidente del Tribunal de Bogotá, no se trata de “detenciones ilegales”, son personas judicializadas en el marco del debido proceso y la presunción de inocencia. Como para hacer más aceptable la propuesta, el gobierno anunció posteriormente, que dicha medida cobijaría a los miembros de la Fuerza Pública detenidos y sindicados de cometer delitos. Las controversias alrededor de la reforma y prórroga de la Ley de Orden Público debieran obedecer a una estrategia para afianzar la Paz Total y no un artificio basado en contradicciones y sofismas que, en vez de dar claridad sobre la política de paz del gobierno, solo aumentan la desconfianza y el escepticismo. Utilizar la figura del “Gestor de Paz” para cambiar el curso de los procesos penales que el mandatario no comparte, es otro gol olímpico que el Gobierno del cambio logra, con la anuencia de los partidos; Liberal y Conservador que, arrodillados, succionan con los ojos cerrados la dichosa ubre presupuestal y burocrática. Abrir de manera descarada la peligrosa puerta de burla a la justicia, llenando de más incredulidad y desesperanza el mañana de una nación que como la nuestra, da tumbos sin que haya o al menos se avizoren verdaderos y capaces líderes de señalar un norte, con la calificación moral que el momento reclama, debe sobrecogernos para finalmente llenarnos de coraje y salir a expresar de manera pacífica pero contundente, lo que en corrillos de amigos y no menos que asustados al interior de nuestros hogares, la inmensa mayoría de colombianos pensamos sobre la suerte futura del país. Los campanazos de alerta de nuestros vecinos, Venezuela, Perú, Chile, Brasil y Argentina, debieran resonar con insoportable estridencia para sacudirnos y despertarnos de este bobo letargo, antes de que sea demasiado tarde.
Alberto Zuluaga Trujillo alzutru45@hotmail.com