JUSTICIA ACORRALADA

El sistema de administración de justicia enfrenta una saturación crítica, impulsada por circunstancias que pocos años atrás habrían sido inconcebibles, y principalmente por la desproporcionada carga generada por las acciones de Tutela y las acciones populares. Estos instrumentos constitucionales, vitales para la protección de derechos, han derivado en un cuello de botella procesal que amenaza la estabilidad del servicio judicial y posterga la resolución de conflictos cotidianos que afectan a la mayoría de la población.

La avalancha de acciones de tutela tiene un origen directo en la crisis del sector salud, exacerbada por la política implementada por el Gobierno Nacional contra las Entidades Promotoras de Salud (EPS), y conocida como el “chu chu chú”. Esta confrontación política ha precipitado una situación de escasez de medicamentos y una dificultad sin precedentes para que los usuarios accedan a servicios. Ante la ineficacia o el colapso administrativo, la ciudadanía recurre masivamente a la tutela como último recurso para la defensa de sus derechos fundamentales. Los jueces, en su papel de garantes constitucionales, se ven obligados a tramitar estas peticiones bajo términos de ley extremadamente perentorios, lo cual consume la mayor parte de su tiempo y recursos. La noble función de protección se ha transformado en una labor de gestión de crisis, obligando a los despachos a programar audiencias a intervalos sumamente estrechos en un esfuerzo desesperado por cumplir con la ley. Esta dedicación casi exclusiva a la tutela implica el aplazamiento forzoso y la paralización de otros procesos judiciales.

A este panorama se suma la proliferación de las Acciones Populares, que si bien responden a la aparente protección de derechos colectivos —como la exigencia a locales comerciales de instalar rampas de acceso y baños especiales para personas con discapacidad—, han sido, en algunos casos, instrumentalizadas con fines económicos. Un sector promotor de estos litigios parece enfocar su interés en la obtención de ganancias económicas derivadas de la condena en costas procesales que se impone a la parte vencida. La ley busca incentivar la defensa colectiva, pero el efecto práctico ha sido la generación de un tipo de litigio que compite por la atención urgente del juez, añadiendo una presión innecesaria al ya sobrecargado sistema.

El resultado de este bombardeo de demandas es la mayor lentitud de la justicia ordinaria. Procesos que constituyen la columna vertebral de la función judicial y que atienden las necesidades de la mayoría de la población —tales como los civiles, las sucesiones, los divorcios, los ejecutivos, las reclamaciones laborales, etc. — avanzan a un ritmo notoriamente lento. Los derechos patrimoniales y sociales de los ciudadanos quedan suspendidos indefinidamente. El sistema ha llegado a un punto donde no solo se requiere de mayor infraestructura o personal, sino de una reforma estructural que aborde las causas primarias del desborde judicial, especialmente la ineficacia en la provisión de servicios básicos por parte del aparato administrativo. De no ser así, la capacidad de la Rama Judicial para ofrecer una justicia oportuna y efectiva para todos seguirá deteriorándose de forma irremediable.