Dentro del proceso de paz con las Farc, sus integrantes no aceptaron ser juzgados por la justicia ordinaria, razón para que su asesor, Enrique Santiago Romero, líder izquierdista español, exigiera la creación de un Tribunal especial, encargado de aplicar la justicia restaurativa a los participantes del acuerdo, lo que hoy conocemos como la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz). Tardíamente, después de nueve años, este Tribunal profirió las dos primeras sentencias; una, contra los siete máximos responsables de las Farc, su último secretariado y, otra, contra doce militares del Ejército colombiano acusados por los “falsos positivos”. Con dos días de diferencia entre las dos sentencias, la JEP condenó al Secretariado a la pena máxima de ocho años, sin restricción de la libertad, e igual, a los 12 soldados del Batallón La Popa, en el Cesar, estos sí con restricción a la libertad dentro de Valledupar. La dura condena los obliga a trabajos restaurativos como el desminado y siembra de árboles, permitiéndoles a los de las Farc continuar en el Congreso con la plenitud de sus derechos políticos. Después de tan gravísimos crímenes, no menos de veintiún mil secuestros y cerca de noventa y cuatro mil quinientas muertes en 33 años, de 1985 a 2018, la condena no deja de ser una verdadera afrenta para las víctimas y para la sociedad entera, cuando por delitos mucho menores, la justicia ordinaria aplica penas mayores. Bien se dijo cuando la firma del acuerdo, que la JEP sería un remedo de justicia, que no haría más que garantizarles impunidad. Cínicamente estos criminales en un comunicado conjunto, asumieron su responsabilidad y aceptaron la condena, reiterando el pedido de perdón y afirmando: “que el secuestro es una carga moral que pesará sobre nuestros hombros por muchos años, pues fue un crimen de guerra que enlodó el humanismo que sostenía la ética revolucionaria que nos acompañaba”. Los farianos no tendrán grilletes como sus víctimas, sino un dispositivo electrónico que monitoreará su libre movilidad por todo el país, en una inentendible “libertad protegida”. En eso terminó la “histórica condena”. Nueve años esperándola, para finalmente impartir frustrante impunidad. Si bien sabíamos que sus sanciones estarían muy por debajo de las que impone la justicia ordinaria, ni siquiera respondió por lo pactado. La restricción de la libertad que debió ser real y concreta no se dio y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición como principal mecanismo para hacer frente a los crímenes del conflicto armado y reconocer los derechos de las víctimas, tampoco se cumplió. El haber desconocido los tratados y acuerdos internacionales ratificados, en cualquier momento puede darse la intervención de la Corte Penal Internacional que, en su momento, le indicó a Colombia que la condena debía contemplar tiempo de reclusión para los responsables de crímenes de guerra y contra la humanidad. Todos los procesos de memoria histórica han caído en el mismo error, al tratar de revestirlos con un ropaje judicial que los hace presa fácil del espectáculo, olvidándose de impartir verdadera y real justicia. Desde su creación, en marzo de 2018, la JEP ha sido un barril sin fondo, recibiendo más de 3.4 billones para su funcionamiento, con pobres resultados y la casi unánime desconfianza nacional. El fin de sus labores dependerá del avance en el cierre de los casos, pues el Acuerdo de Paz le dio 15 años con posibilidad de prórroga por 5 más.
Alberto Zuluaga Trujillo. Alzutru45@hotmail.com