El cambio climático está transformando silenciosamente el futuro del campo colombiano
Juan David Hurtado Bedoya
Ingeniero Ambiental y Economista*
Cuando se habla de cambio climático, casi siempre pensamos en sequías, inundaciones, incendios forestales o en el aumento de la temperatura del planeta. Pocas veces imaginamos que uno de sus efectos más profundos no está ocurriendo únicamente sobre los cultivos, sino sobre las personas.
Sin hacer ruido, el cambio climático está modificando las decisiones económicas de miles de familias rurales. No expulsa directamente a los jóvenes del campo, pero hace que producir alimentos sea cada vez más incierto, costoso y riesgoso. Esa suma de factores está acelerando un fenómeno del que se habla poco y que, quizás, represente uno de los mayores desafíos para la seguridad alimentaria del país: el envejecimiento de la población rural y la desaparición del relevo generacional.
Durante muchos años creímos que el gran reto del agro colombiano era producir más. Hoy la pregunta es otra: ¿quién producirá los alimentos dentro de veinte años?
La respuesta comienza a encontrarse en las cifras oficiales.
El III Censo Nacional Agropecuario del DANE mostró que la mayor concentración de productores residentes en las Unidades Productivas Agropecuarias se ubica entre los 50 y 54 años. En otras palabras, el productor típico colombiano ya no es joven.
Al mismo tiempo, los estudios recientes sobre demografía rural elaborados por el DANE 2025, evidencian que los movimientos migratorios desde el campo se concentran principalmente entre personas de 15 a 44 años, precisamente la población económicamente más activa. No estamos asistiendo únicamente a un proceso natural de envejecimiento. Estamos viendo cómo quienes deberían reemplazar a sus padres están construyendo su proyecto de vida lejos de la agricultura.
Y las razones van mucho más allá de una simple preferencia personal.
La agricultura nunca ha sido una actividad exenta de riesgos. Sin embargo, el cambio climático ha alterado profundamente las condiciones bajo las cuales se toman las decisiones productivas. Hoy resulta mucho más difícil planificar una siembra que hace treinta o cuarenta años. Las lluvias son más variables, aparecen sequías inesperadas, aumentan los eventos extremos y las plagas modifican su comportamiento.
En consecuencia, producir exige mayores inversiones. Los agricultores necesitan sistemas de riego, reservorios de agua, drenajes, variedades más resistentes, un manejo fitosanitario más intensivo e incluso seguros agropecuarios para disminuir las pérdidas. Paradójicamente, aun invirtiendo más, la probabilidad de perder parcial o totalmente una cosecha continúa aumentando. Ese es el verdadero impacto económico del cambio climático. No consiste únicamente en perder una cosecha.
Consiste en hacer que cada nueva inversión sea más incierta. Y cuando una actividad se vuelve simultáneamente más costosa y más riesgosa, deja de competir en igualdad de condiciones frente a otras alternativas laborales. Allí aparece el fenómeno demográfico.
Información institucional basada en el Censo Nacional de Población y Vivienda, difundida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), muestra que los jóvenes representan aproximadamente el 26 % de la población colombiana. Sin embargo, apenas uno de cada cuatro vive en zonas rurales y solamente alrededor del 17 % manifiesta interés laboral por actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería, la silvicultura o la pesca.
El agro ya no compite únicamente con otras actividades rurales. Hoy compite con el comercio, la logística, la tecnología, el turismo, la educación superior y el trabajo remoto. Y en muchos casos está perdiendo esa competencia.
Existe además otro dato que debería preocuparnos. La Encuesta Nacional Agropecuaria 2023 revela que cerca del 58 % de los productores alcanzó únicamente la educación primaria, mientras apenas alrededor del 13 % terminó la educación media. Esto limita la incorporación de nuevas tecnologías, la innovación y la competitividad del sector. Pero también pone de presente que el relevo generacional no puede reducirse a una cuestión de edad; requiere mejores oportunidades educativas, conectividad, asistencia técnica y condiciones que permitan convertir el campo en un proyecto de vida atractivo para las nuevas generaciones.
El Eje Cafetero ilustra muy bien esta transformación.
En Caldas, la economía se diversificó hacia la industria, la educación y los servicios, reduciendo el peso relativo del café y de la agricultura.
En Risaralda, el crecimiento de Pereira y Dosquebradas consolidó una economía basada en el comercio, la logística y los servicios urbanos, mientras el sector agropecuario perdió protagonismo.
En Quindío, el turismo asociado al Paisaje Cultural Cafetero se convirtió en uno de los principales motores económicos del departamento.
Estas transformaciones representan avances importantes y han generado nuevas oportunidades de desarrollo. Sin embargo, también han producido una consecuencia silenciosa: el campo dejó de ocupar el lugar central que tuvo durante gran parte del siglo XX.
La seguridad alimentaria dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en una realidad palpable durante el paro nacional de 2021. El cierre de las principales vías de acceso al Eje Cafetero bastó para que, en pocos días (Dos semanas), comenzaran a escasear frutas, hortalizas, huevos y otros productos básicos que hoy llegan diariamente desde departamentos como Valle del Cauca, Tolima, Boyacá y Cundinamarca. Aquella coyuntura dejó una pregunta inquietante:
¿Qué tan preparados estamos para alimentar a nuestra propia población si se interrumpen las cadenas de abastecimiento?
La paradoja es evidente. Durante gran parte del siglo XX, el Eje Cafetero fue uno de los grandes motores del desarrollo económico colombiano. El café, cultivo que dio identidad y prestigio internacional a la región, llegó a representar entre el 50 % y el 80 % del valor de las exportaciones nacionales y aportó entre el 7 % y el 10 % del PIB de Colombia en los años de mayor auge. En departamentos como Caldas, Risaralda y Quindío, la economía giraba alrededor del café, que representaba más del 40 % del PIB regional, financiando carreteras, ferrocarriles, electrificación, bancos, universidades y buena parte del crecimiento urbano del occidente colombiano. Hoy el panorama es muy distinto. El café aporta cerca del 2 % del PIB nacional y alrededor del 8 % de las exportaciones, mientras la economía regional se ha orientado hacia el comercio, los servicios y el turismo. Esa diversificación ha sido positiva, pero también ha coincidido con una creciente dependencia alimentaria. Si además el cambio climático continúa haciendo menos rentable la producción agropecuaria y acelerando el envejecimiento del campo, el riesgo deja de ser únicamente ambiental: podríamos convertirnos en una región incapaz de producir buena parte de los alimentos que consume. Defender el campo ya no es solo proteger una actividad económica tradicional; es fortalecer la resiliencia territorial y garantizar la seguridad alimentaria de las futuras generaciones.
Hoy esa realidad se refleja en otro fenómeno igualmente preocupante: las remesas enviadas por los colombianos en el exterior tienen un peso creciente en la economía nacional y regional. Sin duda representan bienestar para miles de hogares, pero ninguna sociedad puede aspirar a construir un desarrollo sostenible dependiendo principalmente del trabajo realizado fuera de sus fronteras.
Las remesas dinamizan el consumo. Pero no producen alimentos. No conservan los suelos. No protegen las cuencas hidrográficas. No mantienen vivo el paisaje rural. Esa responsabilidad continúa descansando sobre quienes permanecen en el campo.
Por eso la discusión sobre el cambio climático no puede limitarse a la reducción de emisiones o a la transición energética. También debe incluir una política pública capaz de hacer nuevamente competitivo el trabajo agropecuario. Crédito rural, conectividad digital, educación pertinente, innovación, agroindustria, comercialización, infraestructura y adaptación climática deberían formar parte de una misma estrategia.
Porque el desafío no consiste en regresar al campo de hace cincuenta años. Consiste en construir el campo que necesitarán los próximos cincuenta años. Quizá el mayor riesgo para Colombia no sea únicamente que aumente la temperatura o cambien los regímenes de lluvia. El mayor riesgo es que, mientras el clima cambia, también desaparezca la generación que sabe producir nuestros alimentos.
Si eso ocurre, el cambio climático dejará de ser únicamente un problema ambiental. Será también una crisis económica. Una crisis territorial. Y, sobre todo, una crisis demográfica.
El futuro del campo colombiano dependerá no solo de su capacidad para adaptarse al nuevo clima, sino de su capacidad para convencer a una nueva generación de que allí todavía es posible construir un proyecto de vida digno, rentable y sostenible. Ese es, quizás, el desafío más urgente que tenemos por delante.
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* Ingeniero Ambiental y Economista, especialista en Planificación y Administración del Desarrollo Regional y Magíster en Medio ambiente y Desarrollo. Académico e investigador.
