El problema surge cuando las ideas se dejan de debatir y las personas comienzan a ser clasificadas.
«Las conductas de desobediencia civil son en esencia pacíficas; hablar de desobediencia civil pacífica es redundante. (…) Sin duda, las declaraciones de Iván Cepeda nos traen alusiones a obstrucción de vías, eventuales afectaciones a infraestructuras y eventuales desmanes. Si bien las formas hablan de reclamos legítimos y pacíficos, en el fondo se trata de alusiones a la confrontación en clave de amenazas. (…) El presidente De La Espriella, más allá de las conciliadoras declaraciones iniciales, debe actuar con prudencial objetividad y mesura. Esto, más que la expectativa de los colombianos de bien, es una necesidad para lograr armonía social».
(Humberto Sierra Porto, expresidente de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en entrevista para la revista Semana, 4 de julio de 2026).
Las afirmaciones del exmagistrado Humberto Sierra Porto merecen algunas precisiones.
La desobediencia civil pacífica, para el magistrado, termina siendo violenta. Resulta difícil pasar por alto la pirueta retórica y el veneno argumentativo que subyacen en estas declaraciones, mediante las cuales el jurista se empeña en leer intenciones criminales donde solo hay debate político.
Pese a que Sierra empieza por reconocer el peso del concepto pacífica en las declaraciones de Cepeda –asumiéndolo como una «redundancia» académica–, su análisis posterior ejecuta una perversión semántica de manual, consistente en vaciar una palabra de su contenido real para llenarla con su opuesto exacto. Aquí, el exconstitucionalista utiliza adrede la aceptación del término como un anzuelo táctico para, a renglón seguido, desnaturalizarlo: afirma que las formas legítimas esconden un fondo de “desmanes y amenazas”. Al retorcer el lenguaje, logra que, en la mente del lector, la resistencia pasiva pase a significar, por decreto de su opinión, vandalismo y terrorismo.
Contrario a lo que afirma Sierra Porto, cuando Iván Cepeda habla de desobediencia civil pacífica no incurre en ninguna redundancia, sino en una necesaria intención aclaratoria en un país propenso a estigmatizar la protesta. Si bien el término civil implica el respeto a los derechos ciudadanos y excluye la violencia militar o armada, el uso explícito de la palabra ‘pacífica’ funciona como una precisión lingüística necesaria para diferenciar este tipo de respuesta ciudadana de otras formas de revuelta, insurrección o sabotaje.
El calificativo ‘pacífica’ cumple una función consciente: enfatizar que se trata de una forma de movilización ciudadana alejada de la violencia y compatible con los principios democráticos. Dicho de otro modo, busca dejar explícito que no se trata de confrontaciones destructivas ni de acciones encaminadas a ‘destripar la oposición»’, para utilizar una expresión que ha circulado en el debate político reciente.
Además, la historia misma de la desobediencia civil respalda ese énfasis. Desde Henry David Thoreau, quien formuló el concepto moderno en el siglo XIX, pasando por Mahatma Gandhi, quien convirtió la resistencia no violenta en una herramienta de masas, hasta Martin Luther King Jr., cuya lucha se fundamentó en la protesta pacífica. Destacar expresamente ese carácter no constituye una superficialidad, sino una reafirmación de su rasgo ético esencial.
Pese al carácter explícitamente pacifista de las declaraciones de Cepeda, hay quienes prefieren construir un hombre de paja para justificar la represión estatal. Es aquí donde la argumentación de Sierra entra en una abierta contradicción con la doctrina de la Corte Constitucional de Colombia, tribunal que él mismo presidió. La jurisprudencia colombiana (por ejemplo, la Sentencia T-603 del 2012) ha definido la desobediencia civil como un mecanismo democrático legítimo que no busca destruir el orden legal, sino perfeccionarlo frente a injusticias flagrantes. La Corte estipula que la no violencia es un requisito obligatorio; por ende, si hay desmanes, deja de ser desobediencia civil. Al equiparar conceptualmente ambas realidades, el magistrado ignora el precedente legal que protege el derecho al disenso ético, criminalizando la protesta antes de que ocurra.
Llama también la atención su afirmación según la cual el presidente “debe actuar con prudencial objetividad y mesura. Esto, más que la expectativa de los colombianos de bien, es una necesidad para lograr armonía social”.
Si se analiza literalmente, la frase se podría interpretar como una invitación al mandatario a responder pacíficamente frente a una acción igualmente pacífica de la oposición. Sin embargo, resulta imposible pasar por alto el veneno que introduce la expresión “colombianos de bien”.
Esta valoración subjetiva suele emplearse en contextos de polarización para referirse a un grupo de ciudadanos que se autoasigna la representación del bien, ubicando implícitamente a quienes piensan distinto en la acera contraria. Se trata de una declaración discriminatoria e irresponsable que introduce una dicotomía moral donde en realidad existe una legítima diferencia de corrientes de pensamiento.
La propuesta debe ser otra: que el debate público se desarrolle sin descalificaciones morales, con respeto absoluto por la protesta pacífica y con plena conciencia de que la democracia se fortalece cuando se reconocen las diferencias sin convertirlas en enemistad. Si se quiere armonía social, el camino no es etiquetar a unos como “ciudadanos de bien” y a otros como adversarios del orden, sino garantizar reglas claras para la convivencia, el debate y la protesta.
Tildar una manifestación política de “amenaza” o “delito” basándose en supuestas intenciones ocultas –como lo hace el exmagistrado Sierra Porto al sugerirle al presidente De La Espriella que actúe frente al llamado de Iván Cepeda– viola el precedente constitucional, traiciona el espíritu del derecho procesal y se convierte en una persecución ideológica encubierta de defensa del orden público.
https://www.facebook.com/share/r/19APyW7QjP (Enlace declaración Iván Cepeda).
Cuando la política se disfraza de virtud, deja de persuadir y comienza a excluir. Una democracia que reparte certificados de bondad no fortalece la convivencia: la envenena, porque convierte al adversario en sospechoso y la divergencia en culpa.
Fuentes
• Humberto Sierra Porto, entrevista en Semana: ¿Qué es la desobediencia civil y a qué puede llevar a Colombia? (julio de 2026).
• Declaraciones de Iván Cepeda: video de contexto y convocatoria.
Fuentes:
- Entrevista a Humberto Sierra Porto, revista Semana: ¿Qué es la desobediencia civil y a qué puede llevar a Colombia? Humberto Sierra Porto, expresidente de la Corte Constitucional, lo explica (Julio, 2026).
- Declaración de Iván Cepeda: Video de Contexto y Convocatoria.
___________________
* Periodista y corrector de estilo.
WA +57 315 575 9920
Buen día Don Óscar. Gran escrito.
Esa es la falta de capacidad de diálogo y el » viejo truco de bajarle la caña a la situación» , convirtiendo el descontento político en un tema semántico. No estamos en clase de Español, estamos es «mamados» de tanto abuso y cuando llevamos las cosas a otros terrenos, implícitamente se está expresando temor y miedo ante la situación real, ya que el asunto está bien delicado, ya que pretenden sacar a la gente de la idea central del asunto en cuestión.
Las marchas por desobediencia civil no se pueden confundir con las procesiones de semana de Santa donde las personas van a rezar, ya que las marchas en desobediencia civil es la máxima expresión de «jartera e incomodidad » ante los hechos presentes y por venirse.
La desobediencia civil implica que el colectivo está resuelto para algo más fuerte. La desobediencia civil son» las fumarolas del volcán que avisa antes de hacer erupción para tomar precauciones», es decir, este puede ser el inicio del fin del abuso gubernamental, ya que como dice el disco y el dicho » Nada es eterno en el mundo y tanto rueda el cántaro hasta que se rompe’.
Pacífico no es pasivo, pacifico es el primer paso para no llegar al último momento llamado violencia. Pacífico es advertencia, es un «ojo pues «.
Feliz día.