Preámbulo
La ética del poder es el conjunto de principios morales, valores y normas que regulan cómo se ejerce la autoridad y cuyo objetivo es garantizar que quienes tienen la capacidad de tomar decisiones incidentes sobre otras personas y el entorno en general con todos sus componentes, lo hagan de forma justa, transparente y orientada al bien común, en lugar de buscar el beneficio propio o el de unos pocos, sustentado en la credibilidad, la honestidad, la racionalidad en el gasto y la rendición de cuentas en cualquier momento, en aras de controlar la fuga de recursos y mitigar para erradicar el sesgo informativo durante el desarrollo del ejercicio gubernamental a quien o quienes corresponda como primera figura visible.
Este concepto es el motor que sostiene la salud de una sociedad y es el antídoto contra todas esas insalubres prácticas que erosionan y potencian el detrimento de cualquier sociedad, evitando el abuso y la corrupción de un poder sin límites morales, el cual tiende a corromperse y es ahí donde la ética está en el deber de posicionarse como un referente y estándar público, sirviendo de freno interno para evitar que los líderes utilicen los recursos comunes y/o la fuerza del estado para su propio enriquecimiento, para favorecer a sus allegados y darle perpetuidad a este tipo de comportamientos, sin dejar de mencionar la construcción de la confianza legítima, ya que ningún sistema político o institucional funciona a largo plazo solo por la fuerza y esto se debe que cuando los ciudadanos ven a sus líderes actuando bajo criterios éticos, se genera confianza en las instituciones, lo que garantiza la estabilidad social y la gobernabilidad.
Dando amplitud al párrafo anterior, la ética en el poder garantiza la justicia y los derechos humanos porque le exige a las leyes y a las decisiones políticas protección a los más vulnerables desde la igualdad, la equidad y la responsabilidad legal en las decisiones garantes de lo mencionado, asegurando el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de cada persona, todo ello gravitando alrededor de promover la rendición de cuentas, sentando precedente que quienes están en la cima de una organización o gobierno no están por encima de la ley, obligándolos a ser transparentes y a responder por las consecuencias de sus actos (lo que el sociólogo Max Weber llamaba la ética de la responsabilidad).
En el desarrollo de este escrito se esbozarán tres tipos de manifestaciones propias del ejercicio del poder, en aras de reconocerlas para mitigarlas y erradicarlas en el acto de la gobernabilidad.
Hay funcionarios que le sirven al cargo mientras que otros se sirven del cargo
La función pública constitucional y filosóficamente es un ejercicio de servicio orientado al bien común, teniendo presente que el asumir la investidura de un cargo del Estado, firma un pacto implícito con la sociedad: subordinar sus intereses particulares a las necesidades colectivas, sin embargo y desafortunadamente, la realidad política e institucional del mundo contemporáneo suele poner en evidencia una preocupante distorsión ética que se resume en una certera premisa: “hay funcionarios que no le sirven al cargo, sino que se sirven de él”, dicotomía entre el «servir» y el «servirse» convirtiendo la administración pública en una trampolín y una plataforma de enriquecimiento personal, impunidad o proyección de poder ególatra, ya que el servidor público auténtico se somete a la legalidad y a la rendición de cuentas y a las auditorías no avisadas, con el fin de actuar en sintonía con sus funciones y con la ley , siendo su recompensa además del salario devengado, el deber cumplido y el reconocimiento social a una gestión íntegra.
Por el contrario, el funcionario que concibe la posición pública como un botín personal, una plataforma de proyección política egoísta o una fuente de enriquecimiento ilícito, se sirve del cargo e invierte la lógica elemental de la democracia donde el Estado deja de ser el fin supremo de sus acciones para convertirse en un medio de satisfacción privada, ya que esta deformación ética tiene diversas manifestaciones y “máscaras”, desde la micro corrupción cotidiana y el tráfico de influencias, hasta el desvío sistemático de recursos y el nepotismo, ya que el que se sirve de su posición como funcionario instrumentaliza el poder porque utiliza la estructura institucional para favorecer a sus allegados, consolidar privilegios económicos o alimentar un culto a la personalidad que debilita el espíritu democrático, con un daño resultante devastador, ya que erosiona la confianza ciudadana, perpetúa la desigualdad y desvía recursos vitales que debieron destinarse a sectores críticos como la salud, la educación o la infraestructura, entre otros más, como es la respuesta integral a corto, mediano y largo plazo de una tragedia natural.
La coexistencia o el predominio de uno de estos dos perfiles definen el rumbo de la nación, porque cuando las instituciones se plagan permitiendo ese ataque invasivo-corruptivo y corroído de individuos que se sirven de ellas, el sistema entero entra en un estado de degradación, parálisis y “mal control del malo que tiene el control” ya que la impunidad florece y germina en este tipo de terrenos donde la ignorancia programada y voluntaria por parte de los ciudadanos direccionan posturas de apatía con alta carga de cinismo hacia la política, en cambio, un ecosistema donde predominan funcionarios orientados al servicio, dignifica la política y fomenta la cohesión social.
Para combatir el oportunismo y promover la vocación, los Estados no pueden depender únicamente de la buena voluntad individual, ya que se requiere de un diseño institucional robusto que incluya sistemas profesionales de carrera administrativa basados en el mérito, porque los políticos de turno ganadores de las elecciones en ese momento histórico, tienen su botín de guerra a través de la toma y manejo de las instituciones, con sus funcionarios “puestos por ellos” y sustentados en la figura de “libre remoción y nombramiento”, lo cual implica “ obedecer o se va “. La severidad en la rendición de cuentas, las auditorías ciudadanas y las sanciones ejemplarizantes con “plata, cárcel y destierro político” para quienes traicionen la confianza pública, además, de un brazo armando que garantice al buen funcionario la protección de su vida y de sus seres queridos cuando debe investigar y “destapar ollas podridas” propias de los sistemas invadidos por la corrupción, tienen que ser una bandera institucional desde el ámbito nacional ya que en ese momento la ética debe dejar de ser una recomendación moral para convertirse en un marco normativo vinculante.
Honestidad vs deshonestidad es la carta de presentación de este primer apartado.
Hay funcionarios que agrandan un cargo mientras que otros se agrandan con el cargo
La relación entre el individuo y el ejercicio del poder público o institucional es un termómetro de la madurez ética en el ejercicio del poder, dado que los títulos, las investiduras y las jerarquías existen para dotar de orden y eficacia a los entes que coordinan, demostrando en “el terreno” dichas competencias y no convertirse su cargo “en una fachada como si fuera un desfile de modas su presencia” ni muchos menos en “escenarios de ostentación” donde la “pantalla” está por encima de los resultados esperados y los deberes a cumplir. Sin embargo, el impacto real de estas posiciones no reside en los manuales de funciones ni en los decretos de nombramiento, sino en la calidad moral y profesional de quienes las ocupan, ya que existen funcionarios que agrandan un cargo mediante la gestión, mientras que otros, desprovistos de sustancia propia, se agrandan de manera artificial e inflada con el cargo, dicotomía que aleja los líderes auténticos de los burócratas vanidosos y tóxicos para la salud de las instituciones y del colectivo al que se deben.
Un funcionario que “agranda su cargo”, implica que a través de la competencia, la empatía y la integridad, llevan a cabo procesos de transformación a través de la innovación y soluciones efectivas como consecuencia de la visión personal y el compromiso ético con su rol, logrando que la sociedad vuelva a respetar y confiar en una función que antes consideraban irrelevante o corrupta, porque la capacidad de generar valor supera las expectativas de la burocracia tradicional. En una posición diametralmente opuesta, “al otro lado del andén” se tienen los funcionarios que “se agrandan con el cargo”, donde la investidura no es una responsabilidad, sino un mecanismo de compensación psicológica y un escudo de impunidad, desprovistos de un liderazgo real y de méritos propios que sostengan su relevancia social, aferrándose al protocolo, a los privilegios y a la verticalidad del mando para simular una estatura de la que carecen, lo cual implica una mutación negativa porque el servidor público olvida la naturaleza de servidor de la ciudadanía , metamorfosis conducente al autoritarismo, la rigidez procedimental y una profunda desconexión con las necesidades reales de su entorno porque su prioridad absoluta es la preservación y exhibición del estatus adquirido.
La prueba de fuego para ambos perfiles ocurre inevitablemente el día después de dejar el cargo, ya que el funcionario que lo agrandó se retira, su influencia y el respeto de la comunidad permanecen intactos, las personas lo busca por su conocimiento, prudencia y calidad humana, demostrando que el valor residía en el individuo y no en la silla. En contraste, cuando el funcionario que se agrandó con el cargo es removido o termina su periodo, experimenta una inmediata muerte civil y profesional, al ser despojado del título, de las secretarias, de los vehículos oficiales y del trato preferencial, quedando al descubierto un vacío absoluto porque nadie recuerda su gestión, nadie respeta su opinión y su pretendida importancia se desvanece como el humo, confirmando que la grandeza era un préstamo temporal de la institución.
Capacidad para ser abordado vs soberbia e impenetrabilidad, hechos vs humo, es el resumen de este segundo apartado.
Hay funcionarios que hacen más de lo que hablan mientras que otros hablan más de lo que hacen
El ejercicio de la función pública conlleva una profunda responsabilidad ética y social, donde los funcionarios públicos se convierten en los arquitectos del bienestar común, encargados de administrar los recursos colectivos y resolver las necesidades de la población. Sin embargo, la práctica política y administrativa revela una dicotomía constante en el comportamiento de los gobernantes y administradores: la existencia de funcionarios que “hacen más de lo que hablan”, en contraposición con aquellos que “hablan más de lo que hacen”, división que no solo refleja diferencias en los estilos de liderazgo, sino que impacta directamente en la confianza ciudadana, la eficiencia institucional y la calidad de la democracia por los resultados que a corto, mediano y a largo plazo se alcanzan.
En un extremo del escenario se encuentran los funcionarios de acción silenciosa, caracterizados por un enfoque tecnócrata, pragmático y orientado plenamente a los resultados con responsabilidad moral y ética dentro los marcos legales, donde la gestión no es un escenario de lucimiento personal, sino un espacio de trabajo continuo, donde los discursos elocuentes y las campañas publicitarias masivas no hacen parte de rol, eso sí, no se debe renunciar ni excluir la comunicación asertiva y a la rendición de cuentas como parte de su cargo para que otros aprovechen el buen actuar, además, se evidencia la entrega concreta de obras, la optimización de procesos y la implementación de políticas públicas efectivas, sin caer en “la invisibilidad de sus acciones , el no cacareo y la falta de narrativa “, este tipo de funcionarios reconocen la inmediatez y el demostrar en “el día a día” a través de sus actuaciones que le exige su cargo para la sociedad que el compromiso en enorme frente a un cúmulo de personas que necesitan ser irradiados por las decisiones oportunas e inteligentes que exigen las diversas situaciones de su diario accionar.
En la otra orilla se ubica el fenómeno de la hiperretórica, encarnado por aquellos funcionarios que priorizan el discurso sobre la ejecución, donde la percepción suele desplazar a la realidad, donde la palabra no es un medio para explicar una acción, sino la acción misma, manifestaciones donde se recurre a promesas grandilocuentes, inauguraciones simbólicas y una presencia constante en redes sociales para construir una ilusión de dinamismo y compromiso (Show man), presencia mediática que se transforma en una demagogia peligrosa, al ser una práctica consumidora de los recursos públicos y “que otros decidan por él ya sea por la carencia de competencia o pereza para ser competente”, mientras que las problemáticas de fondo, como la salud, la educación o la infraestructura, permanecen desatendidas, es decir “ mucho verbo y no sustantivo”, generando escepticismo, el cual se apodera del debate público, manifestándose a través de la desilusión colectiva, debilitando la legitimidad democrática y abonando el terreno para “politiqueros, vendedores de humo y encantadores de serpiente, payasos, barbaritas y cosiquiacas” los cuales aparecen en la época electoral.
Estas “dos caras de la misma moneda” fortalecen o debilitan el contrato social, devolviendo a los ciudadanos la certeza de que el Estado trabaja o no trabaja para ellos, ya que la tensión entre el hacer y el decir define el impacto real de la administración pública porque la elocuencia vacía solo ofrece soluciones efímeras y socava la credibilidad institucional pero la acción sólida y sin el ruido excesivo “sacando el carro de bomberos y la papayera por cualquier cosa “, constituye el verdadero motor del desarrollo social, lo cual implica un desafío de los sistemas democráticos actuales los cuales deben diseñar mecanismos de fiscalización y participación ciudadana que premien la eficacia demostrada y penalicen el protagonismo mediático sin sustancia, en aras de garantizar un servicio público de transformación real y compromiso genuino con el bien común, sin dejar de lado el perfil del funcionario público, es decir, quien este en el cargo tenga los conocimientos y la experiencia para hacerlo acreedor del mismo.
Hechos sustentados y comunicados sin ser “empalagosos” vs retórica excesiva cargada de humo y sin resultados, es el resumen de este tercer apartado.
Colofón
“El no servirle al cargo para servirse del cargo”, “ el agrandar el cargo o agrandarse con el cargo” y “ el discurso por encima de los resultados o los resultados por encima del discurso y la narrativa” son la llave del cielo o el infierno, son el camino hacia la condena o hacia el reconocimiento, lo cual es evidente por sí solo, pero esto no es lo relevante, el tema radica en los daños o beneficios que una sociedad debe cargar o se pueden evitar, ya que la finalidad de este escrito es ser una señal de alarma y un botón de pánico que debe encenderse cuando sea necesario a partir de la información con fuentes reconocidas, la formación y el debate crítico cuando sea necesario, en aras de la salud democrática en cualquier sociedad.
La lucha permanente entre el debe ser y el actuar vs la ambición humana, es una realidad conocida con mucha amplitud pero la hipervigilancia democrática es el ejercicio que se debe naturalizar para controlar, mitigar, desvanecer y erradicar este tipo de toxicidades inmersas en la salud gubernamental.
Mención para el lector
Este texto no pretende ser un producto acabado o el final del camino. Es una invitación a la reflexión y el debate para la construcción colectiva ya que en “El Opinadero” cada lector es también un autor.
A partir de lo mencionado:
¿Qué tipo de ciudadano debe convertirse ante el escrito esbozado? Comenta para todos para tener más experticia ante este tipo de hechos.
