Por: Daniel Silva Orrego
Nestlé es una multinacional suiza con amplio reconocimiento en los diferentes continentes del mundo, por cuanto hace presencia comercial en 185 países y posee 335 fábricas en 75 de ellos. Su actividad principal es la producción de alimentos y bebidas.
Colombia es uno de aquellos países en los que Nestlé cuenta con fábricas, dentro de las que se destacan las ubicadas en los municipios de Bugalagrande (Valle del Cauca) y Dosquebradas (Risaralda). Las cuales tienen más de 70 años de existencia en cada uno de estos territorios. Por ellas han pasado cientos de trabajadores en el transcurso de estas décadas, quienes gracias al trabajo ininterrumpido han logrado adquirir sus viviendas y formar profesionalmente a sus familias.
No obstante, el panorama cambió para muchos de ellos con el terremoto del pasado 10 de agosto, pues ambas fábricas sufrieron afectaciones en su infraestructura y la empresa escudándose en esta circunstancia, argumentó la fuerza mayor como causal de suspensión de los contratos de trabajo. Procediendo así a dejar en el limbo a 171 trabajadores que poseían contrato a término indefinido en la fábrica de Dosquebradas, así como 280 trabajadores en la de Bugalagrande. Y también culminando de tajo la vinculación de 50 trabajadores que poseían contrato a término fijo en el municipio risaraldense.
Dentro de las personas afectadas con esta decisión resultaron varias que tienen estabilidad laboral reforzada, bien sea porque son madres o padres cabeza de hogar, prepensionados, dirigentes sindicales con fuero o inclusive trabajadores con diagnósticos de salud complejos. Siendo el panorama tan desolador y arbitrario, que en Dosquebradas uno de los afectados con la suspensión de su contrato le faltaba tan solo un mes para pensionarse. Muchos de los damnificados con esta decisión de Nestlé han trabajado durante 20 años o incluso más al servicio de la multinacional.
Es de precisar que las fábricas siguen operando, toda vez que la afectación del terremoto no fue sobre la totalidad de la infraestructura, sino en parte de ella.
Las preguntas que surgen entonces son: ¿Qué ha sucedido con la reconstrucción? ¿La empresa ha tenido la disposición de hacerla? ¿Le ha dado fecha concreta a sus trabajadores para el retorno de actividades? La respuesta resulta escueta y preocupante: NO.
Estando ad portas de cumplir tres meses del terremoto, no se ha movido un ladrillo con el objetivo de reactivar las labores en las zonas afectadas de ambas fábricas. Y siendo una multinacional con un músculo financiero robusto, no ha tenido la determinación de proceder a hacer los arreglos necesarios con el objetivo de que posteriormente la aseguradora haga el correspondiente reembolso. Todo lo contrario, transcurren los días sin que cientos de familias vean sus salarios y, a hurtadillas la empresa ya ha procedido a hacer negociación directa con algunos trabajadores, para que desistan de la tarea de buscar la reactivación de sus contratos, a cambio de unas indemnizaciones irrisorias.
Por su parte, quienes desean regresar a sus labores han decidido realizar plantones y actividades de autosostenimiento (bazares) a las afueras de las instalaciones de las sedes de Bugalagrande y Dosquebradas. Siendo reprimidos por la fuerza pública en el primero de los municipios por solicitud de la empresa, comportamiento abiertamente arbitrario y desconocedor de los derechos fundamentales que contempla la Constitución de 1991.
De este modo, se puede vislumbrar más la intención de ir acabando poco a poco con las voces que reclaman sus garantías laborales, y librarse de los dirigentes que resultan “incómodos” para Nestlé. Pues precisamente desde el año 2023 se viene dando una lucha constante para que la convención colectiva no sea desconocida ni desmejorada por las nuevas directivas.
Por todo lo antes expuesto, esta situación ha sido colocada en conocimiento de organizaciones internacionales con presencia en Suiza, con el objetivo de que este atropello laboral no quede simplemente en titulares de prensa, y mucho menos se convierta en un digito más en el mercado laboral formal que cada vez se apaga en Colombia.
