Por ADRIANA VALLEJO DE LA PAVA
Gobernar en cualquier lugar del mundo es una tarea compleja, pero en Colombia lo es mucho más. La proliferación de normas basadas en la desconfianza y el exceso de procesos cada vez hacen más difícil la gestión pública. Quienes han pasado por instancias administrativas del Estado lo entienden mejor.
En ninguna organización es sensato o conveniente estar cambiando de directivos cada año, mucho menos en un municipio. La pandemia requiere, además, la continuación de acciones y mayor atención de los gobiernos para superar las consecuencias sociales y económicas de los confinamientos y las restricciones impuestas a la población.
Por lo anterior, no deberían estar este año los grupos políticos y ciudadanos buscando revocar el mandato de los gobernantes.
La Organización Electoral ha recibido más de 34 solicitudes de revocatoria de mandato contra alcaldes. Los comités promotores de las revocatorias buscan dar por terminado el mandato conferido a los alcaldes por supuestos incumplimientos en los programas de gobierno o por insatisfacción de la ciudadanía. Entre los alcaldes se encuentran Claudia López, alcaldesa de Bogotá, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, tres alcaldes del departamento del Bolívar y cuatro del Valle.
Ninguna de las dos justificaciones que tiene la norma son evidentes en los municipios donde el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil tendrán que reglamentar y convocar audiencias públicas y posteriormente a votación. Los mandatarios dedicaron los primeros seis meses del año pasado a formular planes de desarrollo y desde el segundo trimestre a enfrentar la pandemia, por lo tanto, no es el momento de hablar de incumplimiento en los programas de gobierno. Tampoco se puede argumentar insatisfacción de la ciudadanía cuando la imagen favorable de los gobernantes es mucho más alta que la desfavorable.
No es el momento de invertir en lo que el país no necesita. De acuerdo con la revista Semana, las 34 revocatorias inscritas en la Organización Electoral tendrían un costo de más de 150.000 millones de pesos, que, según el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, alcanzarían para adquirir aproximadamente 15 millones de dosis de vacunas contra el COVID 19.
El valioso derecho que consagra la Constitución Política para la revocatoria de los mandatos podría ejercerse en casos que realmente se justifiquen y que no estén llamados a fracasar, como hasta ahora ha ocurrido. Lo importante y necesario es luchar entre todos contra el virus.