Bogotá D.C., 14 de abril de 2026. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó los resultados del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) para el año 2025, mostrando una reducción significativa frente al 2024.
¿Qué es la pobreza multidimensional?
A diferencia de la pobreza monetaria, que mide ingresos, la pobreza multidimensional analiza privaciones en cinco dimensiones clave:
- Educación del hogar
- Niñez y juventud
- Salud
- Trabajo
- Vivienda y servicios públicos
Un hogar se considera pobre multidimensionalmente si presenta carencias en al menos el 33,3% de los indicadores.
Resultados principales 2025
- Total nacional: 9,9% (bajó 1,6 puntos frente a 2024).
- Cabeceras urbanas: 6,3% (bajó 1,5 puntos).
- Centros poblados y rural disperso: 22,4% (bajó 1,9 puntos).
Esto significa que la pobreza multidimensional en zonas rurales es 3,6 veces mayor que en las ciudades.
Resultados por regiones
- Más baja: Bogotá D.C. con 2,2% (reducción de 3,2 puntos).
- Más alta: Amazonía-Orinoquía con 18,2%.
- Caribe: 17,9%
- Pacífica: 9,7%
- Central: 9,3%
- Oriental: 7,4%
Todas las regiones mostraron disminución respecto al 2024, aunque no todas fueron estadísticamente significativas.
Tendencia histórica
Desde el 2010, la pobreza multidimensional ha caído de manera constante:
- Nacional: de 29,7% en 2010 a 9,9% en 2025.
- Cabeceras: de 22,9% a 6,3%.
- Rural: de 50,8% a 22,4%.
El único aumento se registró en 2020, debido al impacto de la pandemia del COVID-19.
Incidencia ajustada
El IPM ajustado en 2025 fue de 0,040, lo que significa que las personas pobres multidimensionalmente enfrentan en promedio el 40,4% de las privaciones posibles.
- Cabeceras: 0,025
- Rural: 0,092
Conclusión
El informe del DANE confirma que Colombia sigue reduciendo la pobreza multidimensional, aunque persisten grandes brechas entre lo urbano y lo rural. Bogotá lidera con la menor incidencia, mientras que la Amazonía-Orinoquía y el Caribe enfrentan los mayores retos.
La pedagogía de estos datos es clara: la pobreza no solo se mide en dinero, sino en acceso a derechos básicos como educación, salud, empleo y vivienda digna.
