Por JAMES FONSECA MORALES
Nos unimos a la voz del columnista Ernesto Zuluaga Ramírez para reclamar por la indolencia de las autoridades responsables del control de las construcciones ilegales en Pereira y de la reubicación de sus habitantes. En 2019, en esta misma columna, denunciamos así lo que ocurría:
«Otra costosa falta de oportunidad, con elevada recurrencia en el municipio de Pereira, se da cuando la solución de problemas, de resolución obligatoria, se aplaza por falta de voluntad, o por priorizar gastos que pueden resultar política o mediáticamente más impactantes, lo que eleva el costo y hace más compleja la solución.
Es lo que ocurre, desde hace tiempo, con las invasiones a zonas de alto riesgo que parecen “cosidas” a la historia de la ciudad, por la incuria sucesiva de sus administraciones. Una de las más antiguas es la de la zona “Caracol, La Curva”, que comenzó a generarse en la década de 1970 (…)
Desde hace un par de años la invasión de ese sector se ha extendido a la ladera sobre la que está labrada la carretera de Pereira a Armenia, que en esa zona es un talud de alta inclinación lo que lo hace propenso a deslizamientos masivos pues su estabilidad está comprometida por la acción humana o de animales domésticos. (…)
Los invasores de “Caracol, La Curva”, soportan las enfermedades asociadas a la falta de servicios básicos, contaminan el rio Consota, con sus descargas de aguas servidas; desestabilizan el suelo de esa ladera, que debe ser zona de protección, además, lo que es más grave, permanentemente están expuestos a amenazas naturales no mitigables.
Preguntamos al gobierno de Pereira: ¿por qué esperar a que un desastre o una orden judicial, o las dos cosas, le obliguen a solucionar el problema, con el sobre costo económico de la urgencia y, ojalá no sea así, de vidas humanas?»
En ese 2019, el coordinador de la Dirección de Gestión de Riesgo, DIGER, de Pereira, informó de la existencia en la ciudad de 17 mil viviendas en zonas de riesgo, 7 mil en riesgo no mitigable. Después de dos años la construcción de viviendas precarias en Caracol, La Curva no se ha detenido y tampoco en otras zonas de la ciudad, mientras la reubicación de sus habitantes no avanza.
Seguramente con la próxima divulgación del Plan de Ordenación y Manejo, POMCA, del Rio Consota, tendremos noticias sobre un alarmante aumento de ese número, ya aterrador.
Es un crecimiento impulsado por la necesidad de nacionales y extranjeros en busca de un sitio para vivir, pero también inducido por los cálculos electorales de políticos que los auxilian con materiales de construcción e influyendo ante los encargados del control, pues ven, detrás de cada constructor ilegal, un grupo de votos cautivos.