Las calles de nuestras ciudades y municipios se han convertido en un escenario de silenciosa hostilidad. Lo que debería ser un ejercicio colectivo de orden, seguridad y cultura ciudadana ha derivado en una de las crisis institucionales más profundas del país: la pérdida absoluta de legitimidad de las secretarías de tránsito. En la percepción popular, el agente de azul ha mutado de protector de la vía a figura de asedio y extorsión. Esta desconfianza no es un prejuicio gratuito ni un hecho aislado; es el resultado de un engranaje donde confluyen la privatización del control público, las presiones políticas, el abuso de autoridad y, como contraparte, una ciudadanía desbordada por la informalidad y la intolerancia.
La raíz de esta fractura no es exclusivamente ética, sino estructural. La ley colombiana permite que los municipios deleguen la logística, el recaudo y la tecnología del tránsito a concesiones particulares. Bajo este modelo de tercerización, la seguridad vial dejó de ser un servicio público para transformarse en un negocio de alta rentabilidad.
El ejemplo más contundente de esta distorsión lo vivimos recientemente con el colapso del sistema de foto-detecciones, destapado por el Ministerio y la Superintendencia de Transporte. El hallazgo de que decenas de organismos de tránsito operaban cámaras sin avales técnicos ni permisos jurídicos, imponiendo millones de comparendos irregulares, confirmó nuestra peor sospecha colectiva: la tecnología se desvió de su propósito preventivo para convertirse en una trampa financiera. Si bien la revocación masiva de más de 5.8 millones de foto-multas ilegales significó un alivio para el bolsillo ciudadano, también dejó al descubierto un sistema diseñado para cazar infractores en lugar de salvar vidas. A este esquema de lucro se suman las presiones internas que sufren los propios guardas; las denuncias de acoso laboral para cumplir con «cuotas» o metas diarias de comparendos demuestran que el agente en la vía es solo el primer eslabón de una cadena que mide el éxito en pesos recaudados y no en vidas protegidas.
En este ecosistema de persecución, el eslabón más vulnerable —y el blanco predilecto del abuso— es el motociclista. Para millones de nosotros, la moto no es un lujo ni un capricho; es la herramienta de trabajo, el sustento diario de la familia y el único medio de transporte accesible ante el fracaso crónico de los sistemas de movilidad pública.
Sin embargo, no podemos ignorar la otra cara de la moneda: más del 60% de las motocicletas en el país circulan sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente. Esta alarmante informalidad, lejos de abordarse como un problema de salud pública o de exclusión económica, se ha convertido en el caldo de cultivo ideal para la corrupción en el asfalto.
Cualquiera que recorra el país sabe cómo funciona: un retén imprevisto o un procedimiento irregular se transforma rápidamente en un careo intimidante. Frente a la amenaza de la inmovilización, el costo prohibitivo de las grúas y el calvario de los patios, aparece la coacción y, con ella, el soborno. Una corrupción que, además, se ha modernizado al ritmo de los tiempos; el efectivo ya no es indispensable, pues ahora las transferencias digitales a través de plataformas como Nequi facilitan la transacción ilegal a la sombra de la vía pública. Prácticas arbitrarias y abiertamente prohibidas, como la retención ilegal de las llaves del vehículo para forzar la sumisión del conductor o la invención de causales para alimentar el negocio de las grúas privadas, son el pan de cada día. Cuando la autoridad utiliza la norma como un arma de extorsión y el ciudadano la vulnera por necesidad o desidia, el contrato social se rompe por completo.
La consecuencia natural de un sistema percibido como tramposo es un resentimiento social que hoy se traduce en cifras alarmantes de violencia. Las agresiones contra los agentes de tránsito han aumentado de manera preocupante en ciudades como Cali y Bogotá, superando incrementos del 60%. Los puestos de control se han transformado en campos de batalla donde la intolerancia escala con rapidez.
Es innegable que existe una degradación del respeto hacia el servidor público: conductores que intentan huir atropellando a los guardas o ciudadanos que reaccionan con puños e insultos al ser requeridos por la falta de documentos son el reflejo de una sociedad crispada. Sin embargo, esta agresividad no surge de la nada; es la respuesta simétrica al trato déspota y al uso desproporcionado de la fuerza por parte de algunos funcionarios. Cuando asumimos que el guarda no viene a educar ni a proteger, sino a «partirnos» o a exigir una prebenda, la resistencia se torna violenta. Así, quedamos atrapados en un círculo vicioso de abusos y asonadas que ya ha cobrado vidas en ambos lados de la vía.
Para salir de esta crisis, el ciudadano común debe desarmar la confrontación y armarse de conocimiento legal. La verdadera veeduría no se ejerce a través del grito o el golpe, sino a través de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en el Código Nacional de Tránsito. Frente a un procedimiento de control, nuestra primera y más poderosa defensa es la información, materializada en tres garantías inalienables: primero El Derecho a Grabar; Todo ciudadano tiene la facultad constitucional de registrar en video y audio los procedimientos de tránsito. Ningún agente puede decomisar un teléfono o impedir la grabación, la cual sirve como prueba reina ante cualquier irregularidad segundo El Derecho a Subsanar; La inmovilización debe respetar el debido proceso. Si la falta cometida es subsanable en el sitio (como la presentación de un seguro digital o el cambio de un elemento técnico menor) antes de que el vehículo sea montado a la grúa, el conductor tiene derecho a corregirla para evitar que se lo lleven a los patios y tercero La Inviolabilidad de las Llaves; Bajo ninguna circunstancia, salvo casos de peligro inminente como el estado de embriaguez, un agente de tránsito puede despojar al conductor de las llaves de su vehículo.
Cuando estos límites se desbordan, los canales institucionales como la Procuraduría, las personerías municipales y las Oficinas de Control Interno deben activarse mediante quejas formales y recursos de revocatoria. No podemos seguir siendo cómplices del silencio ni partícipes del «arreglo» bajo la mesa.
La crisis vial en Colombia no se solucionará simplemente endureciendo las penas por violencia contra servidor público —que ya oscilan entre los 4 y 8 años de prisión— ni exonerando de manera temporal las multas mal impuestas. Se requiere una reestructuración profunda que elimine el incentivo perverso del lucro privado en las foto-multas, que dignifique la labor del agente de tránsito liberándolo de la presión de las cuotas de comparendos, y que formalice de manera justa a los millones de motociclistas que hoy caminan por la cuerda floja de la ilegalidad. Solo cuando la transparencia regrese a los puestos de control y la educación reemplace a la persecución, nuestras calles dejarán de ser espacios de extorsión y miedo para volver a ser, finalmente, espacios de convivencia.
