Por ADRIANA VALLEJO DE LA PAVA
El embarazo en menores de edad es una verdadera tragedia social. Las cifras presentadas recientemente sobre las niñas embarazadas entre 10 y 14 años son alarmantes. Según el DANE más de 4.780 niñas dieron a luz en el año 2019, cada día, 13 niñas se convierten en madres.
Los datos reflejan no solo el drama que viven las niñas a quienes les truncaron su desarrollo personal por falta de protección del Estado y de sus familias, sino también, la indiferencia frente a un doloroso delito. Entre el 2015 y el 2020 se registraron 119.026 casos de violencia sexual contra la niñez (100.814 contra niñas y 18.212 casos contra niños).
Lo anterior quiere decir que ha habido casi 400 casos al mes de embarazos de menores de edad a los cuales se les ha probado que existió prueba física y concreta del delito de violencia sexual. Los datos mencionados no se pueden quedar solo en eso. No se puede normalizar la violencia sexual contra menores, incluso contra bebes en el país.
Una niña abusada tiene más probabilidades de desarrollar problemas mentales como trastornos depresivos, bipolares o de límite de la personalidad, puede sufrir de ansiedad o terminar con conductas autolesivas que pueden culminar en un suicidio.
Por rangos de edad y por genero los casos de violencia sexual contra la niñez tienen comportamientos diferentes. Entre los 10 y 14 años, el 48,9% de los casos de abusos tuvieron como víctimas a las niñas y un 32% a los niños. Entre los 15 y los 17 años ocurre lo mismo, el 14.4% de las víctimas son niñas y un 9.1% son niños, en contraste, hay una mayor proporción de niños (39.9%) afectados entre los 5 y 9 años que de niñas (25.2%), lo mismo ocurre entre los 0 y 4 años, el 18.9% de los casos fueron contra niños y un 11.5% contra las niñas.
El informe señala que en el 52,71% de los casos de violencia sexual se tuvo como agresor a un familiar, seguido por un 24,22% de casos perpetuados por un conocido, un 9,17% por un amigo y solo un 4,35% por un desconocido, por esa razón las familias tienen una gran responsabilidad en la protección y prevención de la violencia sexual contra sus hijas e hijos, lo mismo las entidades del Estado que deben garantizar que las niñas de Colombia no tengan más niños de adultos abusadores.