El dedo que señala es el mismo que impone silencio. El gesto es un llamado de atención. Pero, cuando se vuelve reiterativo, se convierte en una advertencia. No es una prohibición con todas las letras, pero se le acerca. El momento en que se transforma en amenaza depende de la magnitud del reclamo, de la crítica o de la discrepancia. Quien no obedece, quien incomoda, debe calcular el costo de su atrevimiento.
El poder sabe que no se trata de silenciar a toda la sociedad; basta con que la prensa vacile, que el artista se autocensure, que el funcionario se desentienda de un acto corrupto, que la oposición comience a mirar por encima del hombro mientras se pregunta hasta dónde puede llegar antes de que el dedo la convierta en su próximo objetivo.
Con esto en mente, las controversias que rodean a este Gobierno en torno a la cultura, la memoria histórica, las comunidades históricamente silenciadas y la protesta social no deben analizarse como piezas aisladas. La clave política reside también en lo que tienen en común: la delimitación sistemática y progresiva de aquello que puede exponerse, recordarse, decirse, representarse o reclamarse sin confrontar al poder del dedo índice.
No entraremos en el pantanoso tema de las conspiraciones perfectamente coordinadas, que son síntoma de mentes febriles. Además, esto es Colombia: aquí no hay nada perfectamente coordinado. Sin embargo, sí se puede observar cómo determinadas decisiones institucionales, declaraciones públicas y medidas administrativas convergen en un mismo efecto: reducir los espacios desde los cuales la sociedad cuestiona las prioridades del Gobierno, indaga sobre aspectos opacos del ejercicio del poder o se pronuncia contra alguna medida arbitraria.
Para los gobiernos de puños apretados y dientes afilados, el disenso es un problema. La Directiva 01 de 2026 establece que los ministros y los altos funcionarios de la Rama Ejecutiva deben consultar y coordinar previamente sus declaraciones ante los medios de comunicación con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia. La norma no les prohíbe hablar con periodistas, pero sí introduce una instancia central de coordinación sobre la comunicación pública de las entidades nacionales. La directiva oficial invoca la coherencia y la verificación de la información institucional. Pero ¿no se trata acaso de una estrategia encaminada a transformar la coherencia administrativa en uniformidad política?
Un argumento superficial sostendría que el Gobierno tiene libertad para organizar sus comunicaciones. Sin embargo, habría que preguntarse si esa directiva no busca, en realidad, que la información de interés público se difunda según la conveniencia de la oficina presidencial. El conjunto de funcionarios responde por instituciones que administran grandes recursos y ejercen competencias públicas; la prensa necesita interlocutores capaces de explicar decisiones, responder preguntas difíciles y ofrecer información susceptible de ser contrastada.
La centralización adquiere otro matiz cuando se observa junto con los señalamientos de la Presidencia contra periodistas críticos. En junio, el entonces candidato presidencial, hoy presidente, afirmó que tenía problemas con «13 activistas que quieren parecer periodistas», pero se abstuvo de mencionar sus nombres. Meses antes, una cuenta de redes sociales cercana al entorno del candidato había hecho circular una lista de periodistas considerados críticos. Si bien no hay evidencia suficiente para afirmar que ambas listas sean la misma, sí existe una cuestión democrática que merece atención: ¿cómo se decide cuándo el periodismo deja de ser un ejercicio crítico y pasa a ser rotulado como militancia ilegítima?
La crítica periodística puede ser parcial, equivocada, tendenciosa o injusta; por eso existen el contraste de la información, la rectificación y el debate público. Pero descalificar a quienes cuestionan al Gobierno o investigan sus zonas grises desplaza la discusión del contenido de sus denuncias hacia la legitimidad de su derecho a formular preguntas incómodas. El señalamiento no necesita desembocar en un dedo que silencia para producir un efecto intimidatorio: puede deteriorar la reputación de la periodista incisiva, aislarla y advertir a quienes estén dispuestos a escuchar sobre el costo de incomodar al que manda.
En el ámbito cultural, la presión suele adoptar formas menos estridentes, pero potencialmente más duraderas. En su artículo «La batalla de Abelardo de la Espriella contra la cultura», Volcánicas documentó la reducción presupuestal propuesta para el Ministerio de Cultura, la suspensión de reconocimientos y el aplazamiento indefinido de programas de concertación, junto con el arbitrario retiro de piezas del Museo Nacional relacionadas con los feminismos, la diversidad sexual, el exterminio de la Unión Patriótica, el M-19 y el Acuerdo de Paz de 2016.
Cada decisión del Gobierno puede tener una explicación administrativa que debe examinarse con lupa y por separado. La reducción del gasto público, por ejemplo, no demuestra por sí misma una intención de censura. Pero, cuando las restricciones presupuestales afectan las posibilidades de creación y circulación cultural, mientras se retiran de un museo objetos o piezas artísticas relacionados con experiencias sociales o políticas controvertidas, la discusión deja de limitarse a la eficiencia del gasto o a la orientación de una determinada exposición.
Un museo selecciona, contextualiza e interpreta; por eso su autonomía es importante. Archivar una pieza no elimina los acontecimientos que representa o inspira; sin embargo, al privar al público de su visibilidad, se empobrecen las condiciones para comprenderlos. Documentar una experiencia política, por mucho que incomode a ciertos sectores de la sociedad, no equivale a glorificarla. La memoria pública debe permitir examinar los conflictos, las violencias y las contradicciones que forman parte de la historia colombiana, incluso cuando no se ajusten a la perspectiva de quienes gobiernan.
No se trata solo de qué obras se exhiben ni de los criterios de valor estético, histórico, político o social que determinan su selección, sino de quién dispone de la autoridad para decidir qué experiencias merecen formar parte del relato nacional y cuáles no. Este Gobierno de colmillos y gruñidos considera que la cultura debe ajustarse a los estrechos límites de su ideología. Con ello, el patrimonio del país deja de funcionar como un espacio de interrogación y se convierte en una versión deslucida y autorizada de la historia.
La presión que este Gobierno ejerce sobre la sociedad organizada tiene también una dimensión material. Las disposiciones de talante antidemocrático sobre la intervención policial durante las protestas generan preocupación por la amplitud de las facultades para dispersar manifestaciones cuando se produzcan desmanes o interrupciones de servicios esenciales. El Gobierno sostiene que busca proteger derechos y evitar agresiones; sus críticos, sin embargo, advierten que una aplicación tan amplia de estas facultades puede facilitar intervenciones desproporcionadas que, en el pasado reciente, ya han vulnerado gravemente los derechos de la ciudadanía. Con esas facultades, el Gobierno también busca debilitar la protesta pacífica mediante la coerción, que constituye otra forma de la política del miedo.
La diferencia entre proteger el orden público y disciplinar la inconformidad no es menor. Una democracia debe actuar con contundencia frente a la violencia, pero no puede tratar toda interrupción, ocupación del espacio público o confrontación política como si equivaliera a una agresión. Si las categorías que habilitan la intervención estatal son demasiado laxas, la decisión sobre cuándo una protesta deja de ser legítima queda peligrosamente expuesta a la discrecionalidad de la autoridad.
El efecto puede extenderse más allá de las personas directamente afectadas. Una organización sindical que teme represalias, un colectivo cultural que anticipa restricciones o una comunidad que evita denunciar abusos forman parte de una sociedad en la que el ejercicio de los derechos empieza a depender de una evaluación constante de los riesgos.
En Vigilar y castigar, Michel Foucault analiza cómo el poder disciplinario opera no solo mediante el uso de la fuerza, sino también a través de la vigilancia, la normalización y la posibilidad de ser observado. El mecanismo alcanza una mayor eficacia cuando las personas interiorizan esa mirada vigilante y comienzan a regular su propia conducta, a medir sus palabras y a minimizar su descontento, incluso sin recibir una orden o una amenaza directa.
Aplicada al escenario político, esta perspectiva permite reconocer una dimensión menos visible de la intimidación: su capacidad para fomentar la autocensura. Periodistas y funcionarios, sectores de la población, comunidades marginadas, artistas, escritores, cineastas y organizaciones sociales comienzan a calcular el costo de su existencia y el alcance de su insolencia; temen convertirse en blanco de señalamientos que pueden terminar restringiendo su actuación antes de que exista una prohibición manifiesta. El poder alcanza entonces un efecto decisivo: no necesita acallar con su dedo índice todas las voces disonantes si consigue que algunas aprendan a callarse.
La intimidación no solo pretende contener una acción concreta; también puede modificar anticipadamente la conducta de quienes podrían llevarla a cabo. Su eficacia reside en convertir la prudencia en silencio y hacer que la obediencia parezca una elección personal, y no el resultado de un entorno de presión.
De ahí que el problema no se resuelva tratando cada arbitrariedad o controversia de manera aislada. Cada caso exige su propia indagación y la identificación de los responsables. La cuestión política más amplia consiste en establecer si estas prácticas, consideradas en conjunto, están reduciendo las condiciones materiales e institucionales para el ejercicio de la crítica.
Que un Gobierno discrepe de la prensa es normal, como lo es revisar el gasto cultural y actuar con decisión frente a hechos violentos. Lo que no es admisible es que reclame como prerrogativa que la sociedad acepte mansamente sus decisiones, sin controversia. La discrepancia no es una anomalía que deba anularse mediante decretos o directivas para poder gobernar: es una condición para que el poder tenga límites y sus decisiones puedan someterse a examen.
La cultura conserva lo que el presente quisiera olvidar; el periodismo crítico interroga lo que el poder prefiere dar por concluido; los movimientos sociales organizan aquello que la política institucional no incluye o no quiere representar. Por este motivo, los tres resultan molestos para cualquier proyecto que aspire a eliminar los obstáculos que le impiden convertir su propia narrativa en una ley absoluta.
Esta democracia que el Gobierno alardea de defender no se mide por cuánto consigue imponer sin resistencia, sino por cuánto espacio conserva la sociedad para contradecirlo.
Juan Ladrón de Guevara Parra
