Los jóvenes colombianos marginados ¿máquinas de guerra?

Por JOSE DANILO SALAZAR

El escándalo mediático  desatado por las declaraciones del nuevo ministro de defensa, en el sentido que los menores reclutados por las disidencias de la guerrillas  o las bandas de traficantes ahora llamadas GAOR (grupos armados organizados residuales)  son máquinas de guerra,  evidencian la  poca sensibilidad  de alguien que fue director de Bienestar Familiar, y requiere, más que posiciones sensibleras, un análisis  serio de las situaciones que pasan y vuelven a pasar en el país, sin que se tomen los correctivos para evitar su repetición.

La frase del ministro es una radiografía de lo que pasaba en la ciudad griega de Esparta, una sociedad militarista, que  llegó a ser la ciudad más poderosa de la Hélade, su fuerza no eran las murallas, que no tenía, sino la unidad de todos sus ciudadanos, solo se dedicaban  a  la política y a las armas, el objetivo de sus leyes y su organización social  era crear  un poderoso pueblo de guerreros; los niños eran quitados a sus padres a corta edad, el estado se encargaba de su educación y debían ejercitarse en natación, carrera, lanzamiento de jabalina y otros deportes que los preparaban para la guerra, solo aprendían  nociones de lectura y escritura,  a los 20 años eran aptos para llevar armas e iniciaban  su instrucción militar, el servicio militar concluía a los sesenta años.  La ciudad de Esparta si hacía máquinas de guerra, pero al servicio del estado.

Otras máquinas de guerra pueden ser los Palestinos, inmersos desde niños en la guerra entre su país y el estado vecino de  Israelí, que saben de los misiles lanzados desde su territorio contra su vecino,  y  de  los terribles bombardeos de retaliación, y  de las muertes selectivas de aquellos Palestinos  que Israel considera terroristas;  y por supuesto son máquinas de guerra los  fundamentalista o extremistas islámicos  que se auto-inmolan en atentados que tienen como fin, acabar con el mayor número de sus  enemigos. 

Para retomar el hilo del tema, según algunos expertos, los protocolos de Ginebra dicen que un menor entre 15 y 18 años pierde su condición víctima si participa en las hostilidades.  Colombia firmó en el 2005 un protocolo donde se dice, que por  debajo de los 18 años toda persona es víctima de reclutamiento en cualquier escenario que ocurra, aparece entonces una doble moral: el gobierno condena el reclutamiento de menores de 18 años, pero justifica la muerte de jóvenes  en bombardeos, aduciendo que perdieron su condición de victimas por participar en las hostilidades.

En la era Uribe se negó la existencia de un conflicto armado pero se aplicó el DIH, para el uso de la fuerza ofensiva ,en el gobierno de Santos se aceptó la existencia del conflicto armado, se adelantó el proceso de paz, y se firmó el acuerdo que lo terminaría; pero en el mismo tiempo la Fiscalía impulsó una ley de sometimiento , que significaba admitir  que aun existían enfrentamientos con grupos armados organizados GAOR:  las disidencias, clan del golfo, y otros grupos se clasificaron así para poder combatirlos  con las fuerzas militares, no se les llamó actores del conflicto, pero se les aplicaron las norma de combate  del DIH, pero hay que diferenciar: no se puede combatir al narcotráfico ni al terrorismo, con bombardeos, sino  existe conflicto armado, si  éste existe, se pueden hacer bombardeos. Hay dos visiones de los expertos en estos temas, algunos creen que la lucha contra las GAOR  se enmarcan dentro del  contexto del conflicto, otros creen que ésta visión atenta contra la protección de los civiles, lo que plantea una pregunta ¿se puede bombardear a pesar de que hay menores víctimas de reclutamiento?

Lo cierto es que hace 2 años,  menores de edad  perecieron en bombardeo en San  Vicente del Caguán  y que en el  reciente bombardeo se repitió la historia, y  aunque el ministro insiste en que la muerte de los menores  está legitimada por el DIH  porque según él “los jóvenes que están en esos campamentos hacen parte de las hostilidades y recibían directrices para desarrollar actividades terroristas”, algunos expertos  en derechos humanos,  opinan que  en esas operaciones militares  se desconocieron los principios proporcionalidad y de precaución:  según el cual el respeto a  las normas humanitarias no depende de que la otra parte las respete, es decir, que niños y niñas son sujetos de especial protección; igualmente  se desconocieron alertas de otras autoridades como la defensoría del pueblo, que advirtió sobre reclutamiento de niños y niñas en la región, situación que corrobora Tatiana Acevedo Guerrero, En el mismo periódico ya citado y en la misma fecha, en la página 38, cita en su columna el informe de la defensoría del pueblo de Enero del 2019,que dijo que había reclutamiento de niños y niñas en Calamar, por  la retirada de las Farc y el aumento de nuevos y viejos grupos armados. Aunque  se tenía clara la situación, ninguna entidad del estado hizo nada  en dos años, para proteger,  prevenir ni apoyar a las familias campesinas e indígenas cuyos hijos son reclutados, destaca la columnista  otras alertas de la defensoría del pueblo en enero y febrero del presente 2021.

Según Camilo Umaña, Dr. en criminología, experto en derechos humanos y DIH, la falta de seguridad sobre la edad delas personas que murieron, muestra que las fuerzas armadas no tenían la información clara antes del bombardeo,  “los menores reclutados por grupos armados ilegales son víctimas de reclutamiento forzado y el estado tiene el deber de protegerlos. Se deben privilegiar las medidas de atención no las  medidas de combate”. Según el abogado Jean Carlo Mejía, si bien en un conflicto armado  se aplican los derechos humanos y el DIH, en una zona de orden público y combate prima más el DIH, su posición  es que los bombardeos deberían ser la última posibilidad en una operación militar;  pero ésta lectura del DIH, según otro experto, desconoce los derechos de quienes sufren la guerra en los territorios “ es estratificar y perpetuar el conflicto armado; mientras que a otros actores ilegales de la cadena , como los lavadores de activos les respetan la vida y el debido proceso, a los raspachines y a los menores  reclutados que están en los campamentos se los violan y los bombardean”.

Rodrigo Uprimny “El Espectador” domingo 14 de marzo 2021, página 35, hablando de éste mismo tema dice: que es cierto que el reclutamiento de menores viola el DIH, siendo un crimen de guerra por el cual debe responder los grupos ilegales, y recalca que la responsabilidad por la suerte de estos menores recae en los grupos armados, pero sostiene que el ministro se equivoca al decir que un menor por haber entrado a un grupo armado es un objetivo militar, pues un menor en armas solo puede ser considerado objetivo militar si participa directamente en el combate, si  se convierte en combatiente  las fuerzas armadas pueden atacarlo sin violar el DIH. Los adolescentes guerrilleros son víctimas y  población civil a proteger, salvo que estén  participando directamente en las hostilidades. Ratifica el señor Uprimny que mandos militares, ministro y presidente deben verificar si en el campamento que van a atacar hay menores, acatando el principio de precaución , para establecer si hay civiles y minimizar los daños para ellos, pero no hubo esfuerzos para  prevenir las  muertes  de niños guerrilleros en el bombardeo del 2019, “ pues gracias a una solicitud de información de  Dejusticia y Cuestión Pública, se demostró que el ejército sabía que había menores en el campamento ya pesar de eso los bombardeó sin compasión”

En el espectador página 3, domingo 14 de marzo se habla de la alerta del ICBF sobre reclutamiento a menores de edad, dice que el pasado 15 de febrero, la directora de la entidad, entregó a la fiscalía 1 denuncia por reclutamiento de niños, niñas y adolescentes contra el Eln y los grupos armados organizados residuales GAOR, y 2 informes sobre  de cada actor armado. En el caso del Eln, de  280 niños desvinculados de la organización  69 pertenecen a  Chocó, 54 a Antioquia, 36 a Arauca, 28 a Bolívar y 12 a Norte de Santander, lo que muestra que estas son zonas de alta influencia de  ésta organización y  que debe extremarse la atención familiar  y social especialmente en sus zonas rurales para evitar el reclutamiento. En el caso de las GAOR, la mayoría de casos, 39  se da en Caquetá, 38 en Nariño, 32 en Cauca, 14 en Antioquia y 12 en Putumayo, esto  revela  que las GAOR atraen a sus víctimas con el oropel del narcotráfico. El  ICBF, destaca que decidió representar en el proceso  penal  a 465 menores rescatados de la ilegalidad, que sufrieron todo tipo de atropellos, lesiones y abusos de  sus reclutadores.

Se puede ver claramente que los niños, niñas y adolescentes de territorios apartados, ya claramente  identificados, donde falta la presencia del estado y no hay medidas especiales de protección, sin oportunidades de educación y de progreso,  pueden ser  fácilmente deslumbrados por las expectativas “del dinero fácil” , o ser  reclutados contra su voluntad; y que no es que nacen para ser delincuentes, es que  por falta de correctivos del estado, esos jóvenes marginados y carentes de futuro, son convertidos, por una sociedad que no se preocupa por ellos, en seres  de segunda categoría,  que pueden ser usados como “carne de cañón” para alimentar el conflicto, y cuya suerte no preocupa a los altos dirigentes del estado. Esto deja sin piso la falacia de “las máquinas de guerra”.