Alberto Zuluaga Trujillo
Nuestra sólida estructura jurídica le permite al Estado resolver situaciones excepcionales y catastróficas como las que actualmente vivimos, al declarar el Estado de Emergencia Económica y Social como único mecanismo legal para obtener los recursos necesarios con qué enfrentarla y atenuar sus consecuencias. Sin duda alguna el presidente Duque ha estado a la altura de las circunstancias expidiendo los decretos correspondientes como el anticipo de la devolución del IVA, el pago monetario y directo a los más desvalidos a través de plataformas como Familias y Jóvenes en Acción, Adultos Mayores, Ingreso Solidario, entrega de mercados a familias desprotegidas, a más de un sin número de medidas en idéntico sentido. De 25 billones hoy presupuestados para la crisis, 18 están actualmente en ejecución. Pero no debió el alto Gobierno entregar el manejo del queso a los ratones. Un país que antes de la pandemia venía siendo saqueado por la clase política sin pudor alguno a través de mandatarios seccionales y municipales, en su inmensa mayoría, hoy ven en la pandemia la oportunidad feliz de embolsillarse gran parte de este inmenso sacrificio, producto de los impuestos que todos pagamos, al agilizarse los trámites para la contratación, contenidos en el decreto 417 recién expedido, pues en las emergencias todo tiene que ser rápido y sin mucho papeleo. Nunca antes el erario público había estado tan expuesto como hoy y bien lo saben los corruptos que están en plena acción: mercados de 40 mil pesos facturados a 80 mil. Conocida es por la opinión pública la noticia de una lata de atún de 370 gramos facturada por una gobernación en 20 mil pesos. La especulación está desbordada en el país. Supermercados y Tiendas de Cadena abusando de su posición de privilegio, mientras la Superintendencia de Industria y Comercio, conjuntamente con todas las ías, Contraloría, Procuraduría y Fiscalía amenazan e intimidan. Pero lo cierto, mano implacable no se ve. La descoordinación es mayúscula y las políticas públicas en contra de la corrupción parecerían haber sido engullidas por el Coronavirus. El cruce de datos de un solo listado de cédulas que Planeación Nacional hizo llegar a la Registraduría para verificar la autenticidad de los beneficiados con el Programa Ingreso Solidario, 16.894 deberán ser excluidas del auxilio por inexistentes. Es mil veces criminal que la plata, bien escasa, destinada a aliviar la pandemia, se la apropie la inveterada corrupción. Hierve la sangre al confirmarse que el esfuerzo colectivo de un país, arrodillado como está, unos vivos y desalmados estén haciendo de las suyas. En medio del dolor estruja el alma constatar como unos mandatarios, aprovechando el hambre y la desesperación de un pueblo acobardado, hacen de la tragedia una criminal rapiña. Igual de corrupto es el que cobra por un mercado más allá del valor real, como aquél que lo marca con su nombre para cobrar indulgencias con padre nuestros ajenos. Eso está haciendo el Gobernador de Risaralda.
Publicada en El Diario y reproducida en El Opinadero, previa autorización expresa del autor.
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