Hace pocas semanas, en nuestra primera publicación bajo el título que aquí continuamos desarrollando, señalamos el contexto por el que Megabús no tenía alternativa distinta que ampliarle la concesión a su mayor acreedor, Integra S.A., para mantener el servicio. Ocurrió como lo anticipamos, en el octavo otrosí al contrato de concesión No. 2, suscrito por las dos empresas desde 2004, quedó pactada la prórroga.
No necesitamos acudir a artes adivinatorias medievales para preverlo; fue una deducción simple, a partir de que no se había tramitado a tiempo la licitación pública necesaria para concesionar la operación de la Cuenca de Dosquebradas, cuando terminará la que hoy ejecuta Integra S.A.
Esto porque, alegando que las consecuencias de la pandemia y del paro nacional no aconsejaban la licitación, el Área Metropolitana Centro Occidente, AMCO, contrató, en junio del año pasado, 2022, un estudio que le señalará alternativas para mantener la operación cuando finalizara el contrato de Integra S.A.
De manera muy “perspicaz” el documento analizó varias posibilidades, además de la prórroga de la concesión, la primera, entre ellas, el alquiler o préstamo de una flota de buses articulados, razón por la cual, según aparece en el otrosí, «(…) MEGABÚS S.A., tuvo acercamientos (sin éxito) con los Entes Gestores y algunos de los operadores de los sistemas de transporte masivo de Bogotá, Cali y Bucaramanga, (…)»
No eran necesarios los acercamientos para deducir que ningún operador tendría disponibles costosísimos buses articulados para alquilarlos y menos para prestarlos, comprometiéndose, además, a su mantenimiento, fuera de la sede de su operación.
Otra “brillante” posibilidad propuesta del estudio fue prestar el servicio con buses del Trasporte Público Colectivo, TPC, aunque no aclaró como se haría el movimiento de los pasajeros desde las estaciones del sistema, que contienen el sistema de pagos y los torniquetes y también, el piso en un nivel más alto que los buses tradicionales.
Con el anterior telón de fondo, entramos en el campo de las adivinaciones para preguntarnos: ¿qué habría dicho el estudio en el evento en que el municipio de Pereira hubiera comprado la flota de buses articulados eléctricos que propuso el alcalde de la ciudad, Carlos Alberto Maya, en 2022? Seguramente no habría recomendado la prórroga de la concesión.
Las consecuencias concretas que se desprenden del otrosí, entre otras, serán: dos años más de operación de Integra S.A.; la autorización para que sustituya, antes del 31 de diciembre de 2023, hasta 9 buses articulados por otros, nuevos o usados, que cumplan la obsoleta norma de emisiones Euro IV y un ajuste en la fórmula para calcular la tarifa de remuneración por kilómetro.
Además, el documento revela que, en la Cámara de Comercio de Bogotá, está en curso un nuevo arbitraje entre las partes contratantes, de este no teníamos noticia.
Es una vergüenza lo que han hecho. Muy ingeniosos, pero para hacer las cosas al revés, los interventores un desastre.