¿Qué diferencia a un Estado que transforma de uno que solo administra la pobreza? Después de más de veinte años trabajando en política pública en Colombia y en una docena de países, tengo una respuesta que puede incomodar a muchos: la diferencia no está en cuánto gasta el Estado, sino en qué produce con lo que gasta.
La trampa del asistencialismo
He recorrido veredas en el Caquetá, comunidades indígenas en el Pacífico y barrios populares en Centroamérica donde el Estado llega —cuando llega— en forma de subsidio, bono o transferencia. Y en muchos de esos territorios he visto lo mismo: familias que después de cinco, diez o quince años siguen esperando que alguien llegue a resolverles la vida.
Eso no es protección social. Eso es administración de la pobreza.
La protección social de verdad —la que transforma, no la que conserva— es otra cosa. Es la madre que recibe una transferencia condicionada y manda a su hijo al médico, no porque le toca, sino porque entiende que de esa cita puede depender el destino de ese niño. Es el joven que accede a formación técnica y consigue su primer empleo formal. Es la familia que sale del círculo de la precariedad, no en cuatro años, sino en una generación completa.
La diferencia entre esas dos realidades no es ideológica. Es técnica. Y es profundamente ética.
Estado protector no es lo mismo que Estado tutelar
Hay una discusión que en Colombia se da mal, casi siempre. Se reduce a un falso dilema: más Estado o menos Estado. Esa pregunta está mal planteada. La pregunta correcta es: ¿qué tipo de Estado?
He trabajado con gobiernos de distintos colores políticos y con organismos como el Banco Mundial, el BID y el Programa Mundial de Alimentos. Y en todos esos contextos he visto que los mejores programas sociales comparten un rasgo: no reemplazan la capacidad de las personas, la potencian.
Un Estado protector garantiza pisos mínimos de dignidad: salud, educación, seguridad, ingreso en momentos de vulnerabilidad. Ese Estado es indispensable y hay que defenderlo con argumentos y con evidencia.
Pero un Estado tutelar —ese que le dice al ciudadano qué necesita, cómo debe vivir y de dónde debe depender— termina produciendo exactamente lo contrario de lo que promete: más precariedad, menos autonomía y más captura política de los programas sociales.
La subsidiariedad, un concepto que poco se menciona en el debate colombiano, pero que hoy por hoy está muy presente, es la clave: el Estado debe intervenir donde las personas y las comunidades no pueden llegar solas. Pero esa intervención tiene que apuntarle a salir de escena, no a instalarse para siempre.
Antes de repartir, alguien tiene que producir
Esta verdad parece obvia y sin embargo se olvida con frecuencia en el debate público: los recursos con los que el Estado financia educación, salud, pensiones e infraestructura no caen del cielo. Los generan millones de personas que trabajamos, empresas que invierten, emprendedores que arriesgan y contribuyentes que pagan impuestos.
Por eso la discusión sobre redistribución no puede hacerse de espaldas a la discusión sobre producción. Un Estado que distribuye sin crecer se queda sin qué distribuir. Ya lo hemos visto en el vecindario cercano. Un Estado que crece sin distribuir acumula tensión social hasta que revienta. El equilibrio no es un lujo ideológico: es una condición de viabilidad.
Los países que más han reducido la pobreza en las últimas décadas —Corea del Sur, Chile en sus mejores épocas, Brasil entre 2003 y 2014— no eligieron entre mercado y Estado. Construyeron economías dinámicas con instituciones sólidas y programas sociales de largo aliento. No apostaron a repartir la torta que tenían: apostaron a hacerla crecer mientras cuidaban que nadie se quedara sin comer. En Colombia lo intentamos entre 2004 y 2012, pero alguien llego a decidir que los subsidios, de todo tipo, sin corresponsabilidad, sin participación social, sin construcción de capital social o capital humano, era lo correcto.
Lo que he aprendido en el territorio
La primera vez que entendí de verdad la diferencia entre asistencia y transformación no fue en una sala de reuniones. Fue en una cocina improvisada en el Guaviare, donde una mujer hacía chorizos para sostener a sus hijos después de que la guerrilla mató a su esposo. Ella era madre líder del programa Familias en Acción, y en medio de todo insistía en que su hijo mayor terminara el bachillerato.
Años después, ya trabajando con Naciones Unidas, entrevisté a un candidato para un cargo técnico. Cuando vi el nombre completo me quedé frío: era ese mismo hijo. Había estudiado en el SENA, terminado una carrera a distancia y estaba compitiendo por su primer empleo profesional. No pedía caridad al Estado o a la sociedad. Competía en el mercado laboral.
Eso es abrir puertas. No regalar lo que hay: construir las condiciones para que la gente pueda cruzarlas por su propio pie.
La sociedad que entiende el progreso no se mide por cuántos subsidios distribuye, sino por cuántos ciudadanos logran dejar de necesitarlos. Esa es la política pública que vale la pena defender, construir y exigir. ¿Está usted de acuerdo?
Fernando Sánchez Prada
Comunicador – Policy Maker – Consultor
