No tan Magna

Por ERNESTO ZULUAGA RAMÍREZ

Una situación de caos y de profunda crisis institucional —no muy diferente a la que se vive actualmente en Colombia— dio lugar en 1990 a una protesta juvenil que se transformó rápidamente en una «séptima papeleta» y que dio lugar a un proceso constituyente. Con el liderazgo del presidente César Gaviria Trujillo se logró un histórico acuerdo que involucró a casi todas las fuerzas políticas de la nación y que convocó a la elección de una asamblea que se encargaría de construir y redactar una nueva «ley de leyes».

Han transcurrido treinta años desde la promulgación de la nueva Constitución Política de Colombia, en 1991 y son muchas los males que aún no se resuelven y las deudas que la Carta Magna tiene con la nación. Aunque el texto inicial tuviera las mejores intenciones es evidente que muchos de los temas desarrollados se quedaron cortos y que el Congreso de la República ha sido incapaz de reglamentar. Pero no son, en mi concepto, defectos de la norma, pródiga en profundas transformaciones, sino la torpeza de la dirigencia política para sintonizarla con los problemas nacionales.

Una incomprensible ironía aflora en el más importante de los escenarios de la democracia colombiana: la justicia. Todos los compatriotas somos conscientes de que allí, en esta área, fue quizás donde más revolucionaria, audaz y transformadora fue la nueva Constitución. Nacieron a la vida jurídica instituciones trascendentales como la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura. Adicionalmente vio la luz pública una de las más grandes conquistas ciudadanas, la «Acción de Tutela». A pesar de todo esto no nos cabe duda de que todos estos cambios fueron insuficientes y que la corrupción y la impunidad se apoderaron de la sociedad hasta convertirse en sus peores males; lejos de desaparecer han crecido hasta someter y esclavizar nuestra democracia.

Muchas otras cosas han empeorado desde entonces. Los partidos políticos perdieron su esencia, abandonaron cualquier norte ideológico y se convirtieron en «cuevas de Alí Babá» donde se amparan los más mezquinos intereses económicos y donde se comercializan los «avales», permisos sin los cuales es imposible acceder a los escenarios del poder. Al amparo de la tesis de que a mayor número mayor democracia, dichos partidos han proliferado, como lo hacen las ratas, hasta existir en Colombia más de una docena de ellos. No tienen valores ni conceptos que los diferencien y es común presenciar el trasteo oportunista que hacen sus miembros de uno en otro según las conveniencias electorales. No hay hoy en la patria instituciones, ni personas más desprestigiadas que las que se dedican a las actividades políticas.

En la segunda mitad del siglo XX uno de los instrumentos más importantes para la construcción de las obras básicas de la infraestructura comunitaria y de la vivienda popular en Colombia fueron las Juntas de Acción Comunal, organizaciones de barrio donde se estrechaban los lazos sociales, florecía la solidaridad y se aunaban esfuerzos para resolver los problemas más sencillos, pero más importantes de la gente. Con la supuesta intención de evitarles la mendicidad frente a los políticos e intentar combatir la corrupción que se escondía detrás de los auxilios parlamentarios la Constitución cercenó cualquier posibilidad de financiación de obras a través de ellas asimilándolas a instituciones privadas con intereses particulares. Un grave error que las aniquiló hasta casi desaparecer.

Poco han hecho nuestros políticos por desarrollar la Constitución, reglamentar sus normas y principios y aprovecharla para combatir las inequidades y desigualdades que tenemos los colombianos. El paro nacional, la incapacidad del Estado frente al narcotráfico, la crisis de los acuerdos de paz y las muchas otras inconformidades que afloran día a día confirman que nuestra Carta aún no es tan Magna.