Ha sido noticia destacada en los medios locales la imputación de cargos que la Fiscalía General de la Nación hizo al exsecretario de Educación de Dosquebradas, Celso Omar Parra Sierra, por la adjudicación de un contrato para la prestación del servicio aseo en los colegios públicos de ese municipio, originado en la licitación pública LP-011 de 2021.
Dadas las circunstancias que, con alta apariencia de corrupción, rodearon el caso, conviene recordar lo que desde la Corporación VIGÍA Cívica denunciamos públicamente entonces:
«Los habitantes de nuestra Área Metropolitana asistiremos ahora a una función local del teatro de lo absurdo, pero en un Juzgado Administrativo de Pereira, cuando se ventile un proceso judicial en el que el Municipio de Dosquebradas se demanda a sí mismo, para dejar sin efecto la adjudicación de un contrato, firmada por quien, hasta hace poco, fue su Secretario de Educación Municipal.
Esta obra se inició con la apertura de la licitación pública cuyo objeto era contratar la prestación del servicio integral de aseo para los colegios oficiales, durante el calendario escolar 2021.
En ella presentaron propuestas Nase Colombia S.A.S. y Asservi S.A.S., que obtuvo el mayor puntaje del comité evaluador, que recomendó adjudicarle el servicio.
El Secretario de Educación de Dosquebradas de entonces, Celso Omar Parra Sierra, argumentando que la propuesta de Asservi S.A.S. no se ajustaba a las especificaciones técnicas solicitadas en los pliegos de condiciones, se apartó de la recomendación y adjudicó el contrato a Nase Colombia S.A.S, cuya oferta valía $ 766.053.360, frente a $ 728.154.000 de Asservi.
La justificación del Secretario, para desechar la recomendación, fue absolutamente absurda, argumentó que, en la descripción de unos guantes contenida en la oferta de Asservi, en lugar de anotar: “borde en los puños para su fácil calzado”, aparecía: “borde en los punos”, pues, en lugar de digitar “ñ” quedó “n” y en otra parte, en vez de escribir: tapón para recogedor, anotaron: tapón para “recoger”. Ninguno de estos insignificantes errores, que fueron de digitación, cambiaba el sentido de la oferta, ni inducían a error.
Para evitar que el episodio terminará en un contrato altamente sospechoso de estar direccionado por manipulación, al funcionario le cancelaron la delegación para firmar contratos y el Municipio acudió a los jueces a pedir la nulidad del acto de su agente y cerrar así la puerta a eventuales demandas de los oferentes.
Aparentemente la administración municipal de Dosquebradas, al demandarse a sí misma, obró para evitar males mayores, pero eso no borra su absurda su posición anterior, al mantener en su cargo al Secretario, después de que la Procuraduría le abrió una indagación preliminar, en 2020, por presuntas irregularidades en la contratación del internet para los colegios y, en mismo año, fue necesario que revocara la adjudicación de una licitación para reparar 44 colegios, en 100 días, a un costo absurdo, de $6.194.892.999, equivalentes a 1,5 millones de dólares de entonces.»
Teniendo claros los hechos que dieron origen al proceso contencioso-administrativo y desde esa vía a la acción penal en la que ahora, cuatro años después, le imputan cargos por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y por prevaricato por acción, cabe preguntarnos: ¿una acción más oportuna de la justicia penal no hubiera evitado que el imputado apareciera ahora como subsecretario de Calidad y Planeación Educativa de Pereira?