País de leguleyos

Por ALBERTO ZULUAGA TRUJILLO

Deformando la razón de ser de los juristas, el leguleyo es aquél que sin conocer a fondo el Derecho, sabe enredar y eternizar los pleitos con artimañas y probada  destreza en el oficio. Conforme a la estadísticas  de los últimos años de la Unidad Nacional de Registro se tiene un promedio anual de 17.000  tarjetas profesionales de abogados, cuando en otras disciplinas como Economía o Ingeniería Civil, se gradúan en promedio 5.000 profesionales. Mucho se ha escrito sobre la necesidad de repensar el perfil de este profesional para atender su demanda dentro de un verdadero Estado Social de Derecho como lo proclama nuestra Constitución. En las facultades no se les inculca actuar conforme a lo recto y honesto que en síntesis es la ética del abogado, sino que su ejercicio se cimenta, no en la rectitud de la conciencia sino en la lucidez del ingenio. Hoy, en nuestro medio, el abogado exitoso no es aquél que hace su trabajo con apego a la ética, que a nadie pareciera importar, sino aquél que a base de triquiñuelas y compra de jueces logra librar de la pena, a  clientes de quienes se tiene la certidumbre de su culpabilidad. Por eso insistimos en volver a la ética y la moral, como garantía insustituible de su resguardo y de la recta y justa administración de justicia. El rechazo que la Corte Suprema, a través de la Sala de Instrucción hizo sobre las denuncias presentadas contra los congresistas Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, por hechos relacionados con la protesta social, no tiene presentación ni sustento jurídico válido. El desencadenamiento de los actos de vandalismo, violencia, asonada y terrorismo que dieron como resultado saqueos, incendios, destrucción de bienes públicos y privados, muertes de particulares y de uniformados de la Fuerza Pública, a más de violar las medidas de bioseguridad impuestas por la pandemia,  se tradujeron en un incremento desmesurado de las muertes por Covid, siendo para la Corte “razones abstractas y sin seriedad que no podían constituirse como hechos para iniciar un proceso penal”. Igualmente dijo: “tampoco hay un planteamiento claro sobre el cual se puedan predicar posibles conexiones de causalidad o de imputación entre los aforados denunciados y las vulneraciones de diverso tipo a las que se hace referencia”. En nuestro escrito de la columna anterior, la cual titulamos  “País de leyes”, dijimos: “Suceder todo esto sin que nadie responda, al igual que por redes circular videos de un Senador insultando a nuestra Fuerza Pública y confesar que con su celular ha hecho más daño al país que con todas las armas posibles, dando a conocer el número de la cuenta bancaria para recibir las ayudas destinadas a la compra de elementos de protección para los combatientes de la primera línea, quienes en su accionar violento han causado muertes y pérdidas por 12 billones de pesos sin que las leyes, por montones existentes, ninguna se le aplique, no sucede sino en una nación en que sus ciudadanos precisamente están protestando por sentirse desprotegidos y sin justicia”. Y agregamos: <La cínica respuesta del Senador a la denuncia ante la Corte fue: “sería un honor ser condenado por financiarla” y  finalizamos diciendo: “En un país de leyes pero sin justicia, incapaz será la Corte de concederle el “honor” que el criminal reclama>. Y dicho y hecho, incapaz fue la Corte de abrirle investigación y procesarlo. Nuestros jueces, muchos de ellos, doloroso decirlo, no están para hacer justicia sino para proteger a quienes delinquen.

Alberto Zuluaga Trujillo                                                                     alzutru45@hotmail.com