Mientras hacía mi caminata matutina, observé cómo un hombre de mediana edad empujaba con mucha dificultad una silla de ruedas estándar, con marco plegable, llantas traseras grandes y macizas, llantas delanteras pequeñas y una plataforma abatible para reposapiés, que transportaba a una mujer mayor con pipa de oxígeno. Iba transitando por la calle, en contravía de los carros, que pasaban casi rozando.
El hombre no tenía ninguna otra alternativa. El andén por donde debería ir, tenía cinco desniveles en un trayecto de cuarenta metros y se dividía en dos plataformas, cada una de menos de setenta centímetros.
Pero sus peripecias no terminaron ahí. Debió pasar un puente de unos 120 metros de luz, con cuatro carriles rápidos, sin poder utilizar la acera, dado que esta apenas mide 50 centímetros de ancho y la silla de ruedas no cabía. Luego de terminar el trayecto del puente, giró a la izquierda camino a una clínica y debió empujar con más fuerza la silla en una subida pronunciada, donde al lado derecho hay un barranco sin andén y al otro lado un andén amplio, pero muy alto y sin ninguna rampa.
Esta es la realidad a la que se enfrentan en todas las ciudades de Colombia cerca de 3,2 millones de personas mayores de 70 años, que no tienen espacios peatonales disponibles para su movilidad segura. Con lo cual se viola flagrantemente su derecho constitucional y legal a la libre locomoción.
Otro segmento poblacional muy afectado por la falta de andenes adecuados, libres de obstáculos y con señalización de piso, son las 1,5 millones de personas, cerca del 3% de la población total en Colombia, que presentan discapacidad visual, de las que alrededor del 15% sufren de ceguera completa, según los resultados del Censo de Población del DANE (2018)
Y como le ocurrió a la señora del comienzo de esta historia, hay 1,6 millones de personas (DANE, 2018) que tienen movilidad reducida y cuentan con ayudas como andadores, muletas, bastones o sillas de ruedas, que se deben enfrentar diariamente a la imposibilidad de transitar por los andenes, porque estos son inadecuados e inseguros.
En general, los alcaldes tienen una buena disposición a invertir en arreglar las calles para que puedan movilizarse los carros, pero son reticentes a liderar la reparación de los andenes, invirtiendo recursos del presupuesto municipal, o hacer que los dueños de las propiedades que están ubicadas frente a las vías cumplan con su deber de construir, mantener y conservar las veredas peatonales.
Las alcaldías tienen la obligación de definir el diseño, las dimensiones y los materiales de construcción que se deben usar en los andenes y vigilar que sus decisiones se cumplan, comenzando por las mismas acciones gubernamentales. Además, usar su autoridad para recuperar las aceras ocupadas por talleres, parqueaderos ilegales y ventas estacionarias.
Finalmente, es importante que los alcaldes sepan que entre el 28% y el 34% de las personas se movilizan a pie todos los días en las diferentes ciudades, y que para ello usan los andenes, que hoy presentan un estado lamentable. Los ciudadanos se están organizando para reclamar que su espacio peatonal sea respetado y esa es una presión social y política que seguirá creciendo.
Humberto Tobón