Por ALBERTO ZULUAGA TRUJILLO
Los colombianos, al igual que el resto del mundo, cerramos el 2020 con los problemas surgidos al paso de la pandemia, sin que los gobiernos tengan un manual que guíe su manejo pero sin duda alguna, buscan acertar en las salidas a tan difícil coyuntura. Países como el nuestro afrontan una crisis económica y social severas en donde las interrupciones en las cadenas de producción y cierres de empresas amenazan seriamente el sistema financiero reduciendo el ingreso en cientos de ellas y agravando el estado de pobreza en muchos hogares por la pérdida de los empleos. A partir de experiencias pasadas, una acción firme, coordinada y rápida marca la diferencia cuando la economía mundial enfrenta una amenaza común. Y sabemos que esto ya está ocurriendo. Diversos gobiernos han anunciado programas de estímulos y, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario han dado a conocer grandes paquetes de asistencia financiera para ayudar a los países a afrontar la crisis sanitaria y limitar los perjuicios económicos. Decretado el salario mínimo para este 2021 quedó muy por debajo de las expectativas existentes y lo que es peor aun, ante la avalancha de alzas propias del nuevo año, dicho incremento lo situó, en valores reales, por debajo del que rigió el pasado año. Y, ¿qué decir de los aproximadamente dos y medio millones de pensionados que existen en el país, según el Ministerio del Trabajo? El modelo pensional nuestro es desigual e inequitativo y su costo fiscal es alto, no contando con la suficiente cobertura y las garantías para que un joven en su momento pueda pensionarse. La disparidad entre los dos regímenes, Régimen de Prima Media (RPM) y Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), está originada por el sistema de Prima Media que atiende Colpensiones y que es subsidiado por el Estado, siendo insostenible en la medida en que las pensiones más altas reciben un subsidio mayor. Los afiliados de menores ingresos y menos semanas cotizadas son los que realmente están financiando los subsidios de la población de altos ingresos. ¿Dónde están los jueces y los legisladores que ante esta acción vergonzosa del régimen público no revierten esta situación para que el artículo 48 de la Constitución, que habla precisamente de la Seguridad Social, no sea letra muerta? ¿Por qué las pensiones con un salario mínimo son reajustadas en un 3.5 mientras el resto lo son en 1.61 y el salario de los congresistas en 5.12 por ciento? ¿No habla acaso nuestra Constitución en su artículo 13 de la igualdad de todos los colombianos ante la ley? ¿ Son acaso un saludo a la bandera las múltiples sentencias de las Cortes sobre la violación a este derecho fundamental? Igualmente existen claros pronunciamientos de las Cortes sobre la obligación constitucional que el Estado tiene de velar en que el salario al igual que las pensiones mantengan su poder adquisitivo y conserven su valor real. ¿Será que un incremento del 1.61 por ciento en un sector amplio de los pensionados, compensa las alzas crecientes de la canasta familiar? Mientras las mesadas son reajustadas en 1.61 los copagos a la salud suben el 3.5 por ciento. La discriminación y el descuido institucional a una población tan vulnerable como son los pensionados, no puede justificarse con los graves problemas ocasionados por la pandemia. El problema viene de muchísimo más atrás.
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