Miguel Ernesto Díaz Leiva
Tres meses después del terremoto del 10 de agosto, Pereira sigue con escombros en los andenes y locales cerrados con polisombra verde. Pero lo más grave no es lo que se ve en la calle. Es lo que no se ve en los papeles, y lo que no se ve bajo los pies: Pereira todavía no sabe dónde, cuánto ni cómo puede reconstruir.
Sin eso, no hay reconstrucción. Solo anuncios.
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1422 de 2026, la ciudad puede ajustar su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de forma excepcional, durante cuatro años, sin el trámite eterno de siempre. Era la herramienta para reconstruir rápido.
En Pereira, no se ha avanzado en ese ajuste. La Secretaría de Planeación fue al Concejo el 27 de octubre a contar cómo va el POT y lo que viene post-terremoto. Dijo que van a generar algunos decretos para crear reglas claras. Van a generar… En futuro. A tres meses, la regla sigue en futuro.
Mientras tanto, Dosquebradas sí entendió. Ya avanza en su ajuste con cuatro frentes claros: suelo seguro, edificabilidad adicional, renovación urbana y legalización. Ya le dijo al ciudadano: puedes reparar tu techo, pero si vas a tocar la estructura, necesitas licencia. Una regla simple que se puede cumplir.
En Pereira, la regla es: consulte con una curaduría. Y mientras la gente consulta, otros ya están reparando sin licencia, sin ingeniero y sin norma sismorresistente.
Pereira no se cayó por mala suerte. Se cayó porque durante cien años enterró sus quebradas para «modernizar» la ciudad, y luego construyó encima como si ese pasado no existiera. La quebrada Egoyá era un afluente natural que cruzaba lo que hoy es el centro, desde La Rebeca y la Avenida Circunvalar hasta el río Otún. Hace un siglo la sepultaron bajo toneladas de rellenos y cemento. A eso la geología lo llama rellenos antrópicos: capas de tierra, escombros y basuras, de 6 a 15 metros de materiales blandos, muchos sobre cauces canalizados como el de la Egoyá.
Y no es solo la Egoyá. Son La Dulcera, canalizada hace 35 años y luego cubierta con llenos inadecuados de 5 a 21 metros. Son La Arenosa, Boston, Cuba, la margen del Otún, el Consota, El Oso. Toda una ciudad sobre drenajes sepultados.
Hay que ser preciso: la Egoyá no «atrae» los temblores, como dice el mito en redes. Los expertos lo han dicho: eso carece de sustento científico. Lo que sí hacen esos rellenos es amplificar las ondas sísmicas. El mismo temblor se siente más fuerte y dura más sobre un lleno que sobre suelo firme. Y ya lo sabíamos. En los tres terremotos importantes desde 1995, la mayor concentración de daños se ha producido en la misma zona: la construida sobre el antiguo cauce de la Egoyá. En 1999 fue la zona más afectada. En 2026, la historia se repitió. Pereira tiene cien años de silencio sobre Egoyá, y Naciones Unidas ya la usó como ejemplo internacional de cómo una sociedad construye riesgo durante décadas.
¿Vamos a necesitar un cuarto terremoto para entenderlo?
Ahí está el primer riesgo: estamos construyendo el próximo desastre. La Asociación de Ingenieros ya advirtió reparaciones sin licencias visibles. La CARDER ya dijo que construir sin licencias y sin normas en zonas inadecuadas aumenta la vulnerabilidad. El Concejo ya tuvo que pedir cuadrillas para revisar esas obras.
No es culpa de la gente. Es culpa del vacío. Cuando el Estado no dice cómo reconstruir bien y rápido sobre un suelo de llenos, la gente reconstruye como puede. Y como puede, casi siempre es mal, y casi siempre encima del mismo relleno que ya falló tres veces.
El segundo riesgo es más silencioso: estamos bloqueando al que sí quiere hacer las cosas bien. Sin POT ajustado, no hay claridad de dónde construir. Una familia que quiere reconstruir en su lote no puede hacerlo.
Y aquí hay que decirlo directo: el Concejo Municipal de Pereira ya debería estar trabajando en el ajuste al POT. No solo aprobando traslados presupuestales. No solo aprobando $85.166 millones reorientados o $68.043 millones en vigencias futuras, eso es necesario, pero no es reconstruir. El Concejo es el que, por ley, adopta el POT. Es el que puede exigirle a la Alcaldía un cronograma público, convocar a Planeación, a la CARDER, a la DIGER, a las curadurías, a Camacol y a los damnificados, y no levantar la sesión hasta que haya un proyecto de acuerdo sobre la mesa. El Concejo no puede seguir siendo espectador de un informe. Tiene que ser el que ponga fecha: ¿cuándo vamos a tener el mapa de suelos?, ¿cuándo vamos a prohibir construir sobre los llenos de la Egoyá y La Dulcera?, ¿cuándo vamos a definir la edificabilidad adicional para reponer viviendas?, ¿cuándo vamos a decidir qué se refuerza, qué se demuele y qué se reubica?. Si el Concejo no lo hace ahora, el ajuste va a llegar tarde, o va a llegar hecho a la medida de otros. Ya hay una propuesta de una constructora para el centro, con estudios y diseños. No digo que sea mala. Digo que es peligroso que la única propuesta concreta venga de una constructora (con sus intereses particulares), y no de la Alcaldía y el Concejo con una norma pública.
La pregunta a futuro no es si Pereira se va a reconstruir. Se va a reconstruir. La pregunta es cómo y sobre qué.
¿Vamos a usar los cuatro años del Decreto 1422 para hacer un POT más seguro, que mantenga restricciones en llenos y drenajes, que prohíba nuevas edificaciones sobre el colector Egoyá, que exija de verdad la norma sismorresistente? ¿O vamos a usar esos cuatro años para legalizar lo que ya se construyó mal por la emergencia?
Pereira no necesita más anuncios de billones. Necesita una regla. Clara, pública, aprobada y con fecha. Y esa regla tiene que empezar por reconocer lo que la ciudad lleva cien años negando: bajo el centro corre un río.
Sin POT, no hay reconstrucción. Solo improvisación. Y la improvisación, en una ciudad sísmica parada sobre quebradas enterradas, se paga con vidas.
