Si nos atenemos al significado de la palabra espurio, que significa ilegítimo, bastardo, adulterado, falsificado, fraudulento, falso, de origen dudoso e incierto, necesariamente tenemos que concluir que Gustavo Petro Urrego, así se haya posesionado legalmente, es un impostor que funge como presidente de los colombianos.
Pero para poder declarar nula su elección, se hace necesario también surtir el mandamiento constitucional de una demanda en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que, de proceder, debe acusarlo ante el Senado de la República, pudiendo destituirlo por mala conducta, o simplemente hacerlo responsable de mal desempeño del cargo o, si ha incurrido en delitos, declarar que hay lugar a formación de causa, autorizando a la Corte Suprema de Justicia para iniciar el correspondiente juicio.
Este complejo entramado institucional es una prerrogativa excesiva que ha imposibilitado adelantar juicio alguno contra un presidente en ejercicio o después de serlo, por ser el Congreso un escenario eminentemente político.
Pese a que el mandato de Ernesto Samper fuera calificado por el país entero de ser cercano al cartel del Norte del Valle, con cuyos dineros fue elegido, tamaño “elefante” pasó a sus espaldas, archivándose la investigación que tuvo efectos de cosa juzgada. Igual, al expresidente Belisario Betancur nunca se le pudo iniciar un juicio de responsabilidad por los hechos del Palacio de Justicia, como a Andrés Pastrana por el desastre del Caguán y a Álvaro Uribe, quien ha hecho de la inmunidad un fortín infranqueable que le ha permitido capotear una serie de demandas de las cuales a hoy, ha salido ileso, alegando persecución política.
Es tan fuerte el fuero de los expresidentes, que sin poder tocar a Uribe, sus colaboradores sí han sido condenados. Bástenos mencionar al exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, por chuzar magistrados de la Corte Suprema, al exministro Diego Palacio, por la compra de votos en la Yidispolítica, a la exdirectora del Das María del Pilar Hurtado, por interceptaciones ilegales y al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, por la entrega de dineros para ambientar su naciente precandidatura presidencial.
El caso Odebrecht, que ha cobrado la destitución de varios presidentes latinoamericanos, sin que aquí ocurra nada, demuestra a las claras que no poseemos la fortaleza institucional para responsabilizarlos. Es tanto el afán nuestro por librar de responsabilidades al primer mandatario, que hasta en el Acuerdo con las Farc. quedó una cláusula que exime expresamente a todos los expresidentes que gobernaron durante el conflicto, de comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Esta es una característica del régimen presidencial colombiano, que refleja la irresponsabilidad política del jefe del Estado frente a la justicia, durante su mandato o después de haber cesado en sus funciones. Ante las revelaciones hechas por Nicolás Petro a la Fiscalía, aceptando la entrada de dineros de forma irregular a la campaña de su padre, desde Sincelejo, Sucre, el Presidente afirmó que no ha tenido conocimiento alguno sobre supuestas acciones irregulares en su campaña. Igual que Samper, no vio al “elefante”, y si sucedió, fue a sus espaldas. Con la desfachatez, propia de quien ha empuñado las armas para delinquir, agregó: “Si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy, porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que ha pasado. Yo vengo de otra manera de entender las cosas” y puntualizó: “El Presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos incurrir en delitos”. Habrá que recordarle que el ejemplo es la mejor forma de educar, y el petrovideo, revelado en noviembre de 2018, en dónde se le ve recibiendo una bolsa llena de billetes de su excolaborador en la alcaldía Juan Carlos Montes, debieron verlo sus hijos sin excepción alguna.
Igualmente agregó: “Mi hijo ya verá…Lo único que le puedo recomendar es, desde la dignidad y la verdad, no arrodillarse ante el verdugo, jamás, jamás”. Y como para dar por cancelado este grave episodio de repercusiones insospechadas, remató diciendo: “Algunos periodistas quieren una entrevista, pero yo quiero hablar es con mi pueblo, fue mi pueblo el que me eligió y a nadie más le debo la elección, entonces es al pueblo al que debo responder”. El “emperador” considera que solo la calle, en dónde están sus gestores de paz, es el único juez que puede juzgarlo. Y lo grave, no para él, sino para el país, es que de pronto este nuevo “elefante” pase desapercibido, como desapercibido se ha paseado orondo por las anchas avenidas de nuestra democracia.
Alberto Zuluaga Trujillo. Alzutru45@hotmail.com