Hace poco, una declaración del abogado Abelardo De la Espriella en Caracol Tv entrevistado por la periodista María Lucia Fernández encendió las alarmas del debate público en Colombia. Con su habitual tono tajante (de fantoche impenitente), afirmó que «la ética no tiene nada que ver con el derecho», escudándose en que el derecho es una normatividad externa y coactiva, mientras que la ética pertenece al fuero interno y voluntario de cada individuo. Escuchar esto no solo genera un profundo choque conceptual, sino también una honda preocupación ciudadana. Como sociólogo en ciernes y observador de nuestra realidad, considero que esta postura no es solo un error teórico; es una peligrosa declaración de principios que cobra un tinte aún más oscuro cuando quien la pronuncia aspira a un cargo de elección popular y mucho mas peligroso que el señor podría llegar al palacio de Nariño.
Para desmontar esta falacia, no hace falta ir muy lejos. La filosofía jurídica ha demostrado hasta la saciedad que el derecho y la ética, aunque autónomos, son indisolubles. Como bien señala la académica Mariana Bernal Fandiño, existe aquí una grave confusión conceptual: De la Espriella confunde la moral (un asunto íntimo y subjetivo) con la ética (el tejido social de mínimos ciudadanos que permite la convivencia pacífica). El derecho no nace en el vacío; se nutre de la ética social. Si la ley no persiguiera un fin ético como la justicia o la equidad, se convertiría en un mero instrumento de opresión.
Abrazar un positivismo jurídico tan rancio —la idea de que «la ley es la ley» y debe cumplirse sin importar su carga de bondad o maldad— es una postura mandada a recoger. La historia nos ha demostrado, de formas trágicas, los peligros de separar la ley de la justicia. Las leyes de segregación racial (Jim Crow) en Estados Unidos o la misma legalidad de la esclavitud durante siglos eran normas formalmente válidas, pero éticamente monstruosas. Fue la desobediencia civil, motivada por una ética superior de dignidad humana, la que derribó esos monumentos a la infamia. Incluso en el día a día, los jueces aplican razonamientos éticos para matizar la rigidez de la norma; piénsese, por ejemplo, en la necesidad ética y legal de permitir que una ambulancia invada un parque prohibido para salvar una vida. El derecho, por tanto, no es neutral: busca la verdad y la justicia.
Llevar este debate al terreno de la actual contienda electoral, donde De la Espriella participa como candidato, hace que sus palabras cobren un sentido corporativo y de conveniencia personal. Cuando un aspirante al poder afirma que la ley no tiene compromisos con la ética, nos está anticipando su forma de gobernar. Y es ahí donde sus contradicciones y su historial profesional se convierten en una amenaza latente para la democracia.
Las incoherencias de su discurso son evidentes al contrastar su pasado profesional con su presente político. El caso de Álex Saab es un ejemplo de manual: ¿cómo conciliar su antigua cercanía y defensa legal a este entorno con los encendidos discursos moralistas y patrióticos de su campaña actual? El dilema del abogado es real y complejo cuando se trata de la lealtad al cliente versus la honestidad ante el tribunal, pero en el escenario de la representación pública, la consistencia y la transparencia son exigencias éticas infranqueables.
A esto se suma un estilo político que parece materializar su visión de un derecho desprovisto de valores humanistas. Organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) han alertado sobre su uso sistemático del acoso judicial a través de demandas por injuria y calumnia para silenciar periodistas. Esto no es usar el derecho para buscar la justicia; es instrumentalizar la ley como un garrote contra la libertad de expresión. Su talante confrontacional, calificado por muchos como autoritario, sumado a estrategias de campaña que recurren a la guerra sucia, la desinformación con inteligencia artificial y el desprestigio del rival, demuestran que para él, el fin justifica los medios. Si la ética no importa, todo vale.
En conclusión, la premisa de que el derecho camina divorciado de la ética es una falacia teórica que solo sirve para legitimar el abuso y la falta de escrúpulos. El derecho necesita de la ética para ser justo, para legitimarse ante la sociedad y para no convertirse en la tiranía del más fuerte. Cuando un candidato político predica el divorcio entre ambas esferas, nos está advirtiendo que su ejercicio del poder no conocerá límites morales. En un país tan golpeado por la corrupción y la violencia como Colombia, la última incoherencia que podemos permitirnos es elegir gobernantes que consideren que la decencia y la justicia son simples accesorios internos que no tienen nada que ver con la ley.
