Corporación VIGÍA Cívica – James Fonseca Morales
En la lucha contra la corrupción, la denuncia es, con frecuencia, el primer e irremplazable paso para enfrentarla y castigar a sus actores. Esto tiene especial validez en Colombia donde el arraigo de una contracultura que acepta la corrupción como normal y la insuficiencia de investigadores, entre otras variables, hacen casi indispensable que la función punitiva del Estado se ponga en marcha desde la denuncia de un individuo que entregue la información precisa.
No obstante, en el país son escasos los mecanismos reales, viables y efectivos, para la protección para los ciudadanos que ejercen el derecho de participar, denunciando y cumplen con el deber de denunciar.
Pero si abundan los macabros mecanismos de disuasión y las barreras que interponen los corruptos y, en ocasiones el Estado, para evitar o debilitar el ejercicio del derecho y el deber de denunciar.
Finalizando junio pasado, en Pereira, amenazaron a la líder cívica Carolina Giraldo, aparentemente porque, como miembro del colectivo la sociedad civil organizada, “Ágora Cívica”; investigando la tala de un guadual, descubrió y denunció, la construcción ilegal de un hotel de cinco pisos, donde había licencia para construir dos casas.
También en junio, fue asesinado, en Barranquilla, el abogado Oscar Santodomingo, quien por considerar que su vida corría peligro, por denuncias que había realizado, había pedido protección del Estado y horas antes de su muerte, denunció en un video que, a pesar del decreto nacional de cierre, un restaurante estaba funcionado y en él almorzaba, violando el aislamiento, el secretario de gobierno de esa ciudad.
La médica Paola Zambrano del Hospital San Juan, de Cimitarra, Santander, fue despedida, según sus propias declaraciones, por denunciar que 70 profesionales de la salud, que coordinaba, no estaban recibiendo insumos de bioseguridad para protegerse del contagio del Covid 19.
Por situaciones como las anotadas, muchos ciudadanos se abstendrán de denunciar actos de corrupción y en cada caso habremos perdido una batalla, sin que hubiera comenzado.
Para evitar esas derrotas, doce organizaciones que en distintas regiones de Colombia luchamos contra la corrupción, por invitación de la Corporación Transparencia por Colombia; entre ellas la Corporación VIGÍA Cívica, hemos conformado la “Red de Facilitadores Anticorrupción”.
Con el modelo de la Casa del Denunciante de Francia, pretendemos incidir en la emisión de normas que realmente protejan a los denunciantes, a partir de sus denuncias, para que no puedan ser despedidos o trasladados, para que se resguarde su identidad y para que rápidamente se pongan fuera del alcance de los denunciados, entre otros mecanismos.
Entre tanto, ya está en funcionamiento el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, ALAC, donde, a través del sitio web de Transparencia por Colombia, cualquier ciudadano puede solicitar asesoría para formular una denuncia.