Para dar cumplimientos, entre otras disposiciones constitucionales, como garantizar la transparencia, y el derecho de acceso a la Información pública, se aprobó la Ley estatuaria 1712 de 2014. Para la promoción y protección a la participación democrática, se tramitó y aprobó la ley estatutaria 1757 de 2015. No obstante, la existencia de estas leyes, que desarrollan estos esenciales derechos, todos los días es más difícil acceder a información sobre actividades administrativas, contratación y gastos que ejecutan las entidades públicas. La marrullería utilizada por funcionarios y asesores, ha logrado frenar las iniciativas de ciudadanos y organizaciones comunitarias que buscan mediante un derecho de petición, o a través de las páginas web de conocer el estado de la administración y cumplimiento de sus planes de desarrollo y la eficiente y transparente ejecución de los proyectos y gastos que ejecutan entidades públicas o empresas de servicios públicos, encontrando todo tipo de barreras infranqueables.
Un ejemplo espectacular actual, es la situación de la empresa Aguas y Aguas que, desde la época de las alcaldías de Gallo y Maya, sus administradores ya venían obstruyendo el acceso a la información importante para el control ciudadano, sobre la ejecución de proyectos financiados con recursos de las tarifas de los servicios de agua y alcantarillado, y transferencias del municipio. Con la nueva administración esta situación se agravó, pues con la modificación del estatuto de contratación, que elevó el tope de la contratación directa, permitiendo que toda la contratación se haga a dedo, o sea, con burro amarrado, aprobada y tolerada por su junta directiva, no solo restringe información sobre requisitos y concursos para proveer los cargos administrativos y técnicos de la empresa, sino que niega la entrega de Informes de Interventoría de los proyectos en ejecución o terminados.
Hoy es imposible tener conocimiento sobre el estado de importantes proyectos. Un ejemplo es el estado actual del multimillonario contrato para la ejecución de la planta de tratamiento de lodos. Contrato suscrito en agosto de 2023 con plazo de 6 meses. Hoy todavía en ejecución y con multimillonarias adiciones. ¿Entonces qué garantías se dispondrán para ejercer control sobre la construcción de la PTAR, donde hay en juego, no solo la necesidad de ejecutar este proyecto vital para el avance del saneamiento del río Otún, sino, donde hay en juego decenas de miles de millones de pesos del presupuesto de la empresa y otras entidades públicas? Amanecerá y veremos. La negación para la entrega de información, es sustentada aduciendo que la misma pertenece al ámbito privado, y por consiguiente su acceso puede ser restringido o denegado.
Lo interesante de todo esto, es que las mismas autoridades que niegan y pagan abogados para que fundamenten estas decisiones, son las que invitan a las famosas “audiencias de rendición de cuentas”, reglamentadas por la Ley 1757, espacio donde éstas entidades supuestamente, participan y exponen a la ciudadanía sobre sus acciones, resultados y el uso de recursos durante un período determinado. Se dice que es un mecanismo de participación ciudadana que busca promover la transparencia y el control social sobre la gestión pública, pero donde la gente no puede preguntar, ni tampoco certificar o controvertir las cifras y hechos anunciados. La interacción esta negada. Es un evento circense.
La Ley 1150 en su artículo 13, adicionado por la Ley 2195 en su artículo 53, estableció para las entidades como Aguas y Aguas, el deber legal y administrativo de publicar toda su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), pues estas normas rigen a toda la actividad contractual de esta sociedad, incluida aquella que se exceptúa de la aplicación de su manual de contratación, no es catada por esta empresa. La ciudad sufre desde hace algunas decenas de años, de una profunda crisis moral, que se manifiesta en el abuso que los gobernantes hacen de sus cargos, sino en la terrorífica corrupción en la contratación pública. Los últimos procesos del alumbrado público y el recaudo de MEGABUS, son una muestra de lo que será la impronta de este abusivo gobierno. La ausencia de una transparente información a la ciudadanía es una herramienta valiosa para los corruptos.
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