Una humilde opinión

Debemos reconocer que las marchas del pasado domingo, convocadas por los partidos opositores al gobierno del presidente Gustavo Petro, fueron muy concurridas en la mayoría de las grandes ciudades del país. Desde el plebiscito contra el Acuerdo de Paz con las FARC, en el cual triunfó el NO, se exteriorizan de manera ruidosa las clases altas del país, y algunos sectores de las clases media y baja. La ultraderecha, derecha y el centro, se unieron estratégicamente para rechazar todo lo que huela a reformas para avanzar en democracia, la búsqueda de la paz y hacer de Colombia un país más igualitario.

Atrás quedaron las épocas donde las élites liberal y conservadora dejaban el ejercicio electoral en cabeza de los jefes políticos tradicionales, su papel y compromiso solo estaba circunscrito a la financiación de la actividad electoral y obligar a sus trabajadores votar por los poderes tradicionales. Como contraprestación, los elegidos a las corporaciones públicas y la presidencia misma, recompensaban esta colaboración garantizando el no tránsito de reformas constitucionales y leyes que modificaran las atrasadas e injustas normas vigentes, las mismas que mantienen a esta nación en su actual atraso social, político y económico, impidiendo cualquier avance en conquistar derechos, alcanzar la paz y la convivencia de la nación. Hoy las clases altas hacen trabajo electoral y obligaron a los políticos tradicionales a montar negocio con el patrimonio público para financiar la actividad electoral. Cada cual que se la rebusque como pueda. El país está saqueado.

Así no guste a muchos que se reclame como un triunfo del gobierno Petro, es que hoy la movilización ciudadana, el derecho a la protesta y la garantía a la integridad personal están plenamente garantizadas. La fuerza pública, el gobierno, la Defensoría y el ministerio público, son garantes de que todos lleguen a casa sin ningún inconveniente. Hoy no se ven jóvenes con sus ojos despedazados, heridos, desaparecidos o asesinados por la fuerza pública. Yo, personalmente, en una manifestación en 1996, donde protestábamos por los procesos de privatización de las empresas de servicios públicos, fui objeto de un atentado donde perdí parte de mi dentadura. El tiempo nos dio la razón, la privatización de estos servicios básicos, fue contraria a nuestros intereses, objeto de corrupción, tenemos hoy tarifas de servicios impagables. La protesta era válida, no existía garantía de participar en paz y sin sufrir daño alguno.

El país debe avanzar en madurez política, aceptar que las diferencias políticas se dirimen mediante el diálogo, la concertación y la democracia. No puede impedirse que los que gobiernan no puedan proponer y tramitar sus propuestas de gobierno. La gente debe informarse de los temas públicos, del papel que cumplen concejos, asambleas y Congreso. No puede aceptarse que la clase política venga de años atrás saqueando las riquezas del estado colombiano y hoy la culpa se le endilgue al actual gobierno, que también hay que reconocerlo, ha cometido errores.

Las regiones tienen graves problemas en temas de seguridad ciudadana, educación, salud, movilidad, servicios públicos y otros, que son responsabilidad de los gobiernos locales, a los cuales no se les hace control alguno. La beligerancia que se expresa contra el gobierno de Petro y contra los que lo apoyamos, debe bajarse de tono, hay que exigir de la justicia acciones contundentes contra la gran corrupción que se vive en los entes territoriales. Para la muestra de malos gobiernos y decisiones erradas, hoy los pereiranos adeudan al pasado 31 de diciembre $406.000 millones de solo impuesto predial, cifra impagable con intereses moratorios confiscatorios. Miles de personas van a perder su vivienda y en lugar de prepararse para gritar “fuera Petro”, deberían estar exigiendo el cobro de un impuesto predial no confiscatorio, más justo.