Por ADRIANA VALLEJO DE LA PAVA
Msc. Ciencias Administrativas y Desarrollo
Algunos congresistas insisten en proyectos de ley inconvenientes cuando el país demanda de ellos el mayor foco posible para enfrentar la pandemia, fortalecer la investigación y el desarrollo científico y recuperar la economía de los efectos de los confinamientos.
Recientemente el Senado de la República aprobó, en segundo debate, la iniciativa del senador del partido conservador, Carlos Andrés Trujillo, que pretende autorizar a los institutos y centros de investigación avalados por Colciencias para ofrecer títulos de maestría y doctorado en Colombia.
El proyecto de ley no solo atenta contra las universidades, sino también contra la formación de la juventud en el país y el desarrollo institucional de todo el sector educativo. La formación en programas de maestría y doctorado es parte esencial del desarrollo académico de los pregrados en las universidades. La existencia de dichos programas nutre, entre otros, las líneas de investigación de las facultades.
La inicia va en contra de los procesos de articulación de la docencia, la investigación y la formación de los jóvenes en las aulas y en los semilleros de investigación, debilita los procesos misionales de las universidades y la articulación de los pregrados con las especializaciones, las maestrías y los doctorados.
La formación universitaria es, entre otros, un proceso de formación integral que articula la docencia, la investigación y la proyección social y que requiere de infraestructura física y tecnológica adecuada. No consiste solamente en la expedición de títulos, como asumen los defensores de la iniciativa.
El sector educativo colombiano ha venido evolucionando e incorporando nuevas exigencias a las universidades para garantizar la pertinencia de los programas, la formación de los docentes, el desarrollo de la investigación y el impulso a la internacionalización de los programas.
Habilitar a los centros de investigación para obtener registros calificados y expedir títulos de maestría y doctorado debilita el proceso de fortalecimiento institucional del sector educativo, en especial de las universidades que han logrado cumplir con los requisitos del Consejo Nacional de Acreditación para la acreditación de sus programas en alta calidad.
El problema que deben ayudar a solucionar los congresistas es la caída en la demanda de programas que han sufrido las universidades, no la falta de oferta. Se necesita más acceso al crédito, más becas para que las personas puedan acceder a los títulos de maestría y doctorado en las universidades y más incentivos para que el sector privado acompañe al Estado en su financiación.