¿Y al CARF quién le hace caso?

Las finanzas públicas son un elemento que pocas veces o ninguna están en el ojo de la discusión pública y mucho menos las instituciones que vigilan un tema tan delicado. Pero fíjense ustedes, las hay, y a veces pareciera que en Colombia los órganos de control y vigilancia fiscal están ahí más para cumplir requisitos legales y ser un adorno que para ser verdaderamente escuchados. Uno de ellos es el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que mes a mes lanza advertencias, prende alarmas y pone cifras sobre la mesa. Pero la pregunta que cada vez resuena con más fuerza es: ¿y al CARF quién le hace caso?

El último comunicado del Comité, publicado en abril, es un grito sordo: el país no está cumpliendo con la Regla Fiscal, las cuentas públicas están en rojo vivo, y el margen de maniobra para evitar una crisis financiera se está agotando. Aun así, desde el gobierno reina el silencio, o peor aún, se insiste en discursos triunfalistas que contrastan con los datos duros.

Para empezar, el balance fiscal primario —ese que refleja si el gobierno gasta más de lo que le entra, sin contar los intereses de la deuda— es mucho peor de lo que se había planeado. En febrero, cerró en -0,9% del PIB, cuando la meta era -0,2%. En otras palabras, ya vamos más del cuádruple por debajo de lo que permite el plan financiero. Y eso, apenas comenzando el año.

¿La solución? Según el CARF, necesitamos generar superávits primarios en los meses que vienen. Es decir, recaudar más de lo que gastamos, sin contar intereses. Pero eso se ve cada vez más lejano si miramos el desempeño de los ingresos tributarios.

El recaudo bruto con corte a febrero fue de $49,4 billones, un crecimiento real de apenas 0,9%. Para que el plan financiero se cumpla, debería estar creciendo a un ritmo de 22,7%. Es decir, estamos lejísimos. Los ingresos apenas avanzan, mientras los gastos van como tren sin freno.

Y aquí entra un elemento aún más preocupante: el gasto público está disparado. El gobierno ha ejecutado pagos equivalentes al 5,3% del PIB en el primer trimestre, superando tanto lo que se gastó en el mismo periodo de 2024 (5,1%), como el promedio de los últimos cinco años (4,5%). Parte de eso se explica por el pago anticipado de deudas y reservas presupuestales de 2024, lo cual puede ser entendible en términos contables. Pero el fondo del asunto sigue siendo el mismo: se está gastando más de lo que el país puede sostener.

¿Y cómo vamos de caja? Mal. Los depósitos del gobierno en el Banco de la República estaban en apenas $10 billones al 31 de marzo. Es el nivel más bajo para ese mes desde que hay registros. Es decir, no solo hay déficit, también hay problemas de liquidez inmediata. Y eso ya no es un tema técnico: es una señal de que las finanzas públicas están estresadas.

Como resultado de todo esto, financiar al Estado se está volviendo más caro. Las tasas de los títulos de deuda pública subieron 80 puntos básicos entre febrero y marzo, y los papeles a largo plazo han sido los más golpeados. Eso es reflejo directo de la desconfianza: los inversionistas están empezando a cobrar más caro por prestarle al país.

Y con razón. Cerca del 30% del recaudo tributario ya se está yendo en pagar intereses. Eso significa que de cada 100 pesos que se recaudan, 30 se usan solo para responder a las deudas. ¿Y qué queda entonces para inversión social, infraestructura, o desarrollo económico? Muy poco. La deuda está comiéndose el presupuesto.

Como si eso fuera poco, el riesgo país también va en aumento. El famoso Credit Default Swap (CDS), que mide qué tan probable es que un país no pague su deuda, ha subido para Colombia más que para otros países de América Latina. Y lo más grave es que esto no es nuevo: desde hace años venimos con primas de riesgo más altas que nuestros vecinos. Lo que pasa es que ahora la diferencia se está haciendo más evidente.

El CARF ha cumplido con su tarea: ha dicho la verdad, ha puesto los datos y ha advertido a tiempo. Pero da la impresión de que sus alertas caen en saco roto. La prioridad del gobierno no parece ser la sostenibilidad fiscal, sino cumplir su Plan de Desarrollo a como dé lugar, sin importar el deterioro de las finanzas públicas. En esa ruta, la agenda política e ideológica se impone sobre las advertencias técnicas, y los riesgos económicos se asumen como costos secundarios frente a sus objetivos. El problema es que cuando la realidad fiscal pasa la cuenta, ya no hay relato que la tape.