¿Y del medio ambiente qué? Segunda parte.

POR JOSÉ DANILO SALAZAR
La economía agraria en nuestro país siempre estuvo desestabilizada por el conflicto armado interno, la presencia de grupos al margen de la ley, y las actividades ilícitas que se desarrollaban en zonas de colonización y  de protección , causaban un notable deterioro ambiental, muchos de los habitantes del campo se veían obligados a abandonar sus tierras, convirtiéndose en desplazados,  Colombia ostenta el  deshonroso primer puesto en desplazamiento forzado, somos campeones mundiales, las tierras desocupadas pasaron a manos de actores armados y hoy, desde el mismo congreso nacional, se intenta con trapisondas legalizar la posesión de tierras,  que terceras  personas compraron a precios  de baratija, y hoy dicen ser poseedores de buena fe,  pero cuando las negociaron conocían la procedencia ilegal de ellas, conseguidas por la violencia contra sus dueños originales . Todo lo anterior ocurrió por la poca presencia del estado en algunas regiones del país, o por la connivencia descarada entre grupos ilegales y agentes y altos funcionarios del estado, caso del paramilitarismo en varias regiones del país, cuyos patrocinadores políticos y empresariales aun no salen de las sombras a dar la cara y reconocerse como victimarios, no solo se niegan a devolver los bienes a la víctimas, sino que todavía las victimizan desde las altas esferas gubernamentales al negarse a contar la verdad y repararlos.

Una de las más graves problemáticas ambientales tiene que ver con la erradicación de los cultivos de coca, aunque las hectáreas de coca sembrada han aumentado de manera exagerada en los últimos años, la fumigación con glifosato no debería ser la única alternativa, y los colombianos deberíamos como sociedad civil pronunciarnos y pedir  que se utilice  “el principio de precaución” antes de volver a las aspersiones aéreas, por los graves daños ambientales que pude causar y ha causado en el pasado reciente; no se puede desconocer que el esfuerzo de la llamada guerra  contra éste cultivo,  no ha rendido grandes frutos y no se ven resultados en la reducción del narcotráfico, ésta es una guerra casi perdida de antemano, sino se cambia la manera de combatir a sus promotores, pues mientras haya gringos sopladores,habrá quién se anime a venderles; creo que es necesario un acuerdo nacional para enfrentar este flagelo, se debe construir una política seria, que no cambie al vaivén de las épocas electorales, sustentada en criterios científicos, buscando el interés nacional y sin visiones dogmáticas o excluyentes; el tema del cultivo tiene  que verse como un  tema de política agraria, que incluye sustitución de cultivos y apoyos a los campesinos para que no sean sembradores de coca, pero de igual manera las bandas criminales que se lucran de éste tráfico, deben ser combatidas militarmente y extraditados sus cabecillas, cuando yo fui universitario era opositor a la extradición de nacionales, pues en ese tiempo, cuando éramos una nación  exportadora, no me importaba si la juventud gringa se perdía por culpa de la droga, hoy quesomos consumidores y la droga destruye el futuro de miles de jóvenes colombianos, si  me preocupa  la situación y creo que la extradición es válida como método de control, y aunque suene terrible, el narcotráfico sería el único delito para el que no me disgustaría la pena de muerte.

El acuerdo de Escazú, es un tratado que busca reforzar la protección ambiental en América Latina, que tiene  cuatro propósitos: robustecer el derecho ciudadano  para acceder a la información ambiental y conminar a las autoridades a dar esa información, fortalecer la participación ciudadana en el campo ambiental, mejorar el acceso a la justicia en temas ambientales, y proteger de manera especial a los defensores ambientales, que corren graves peligros en especial en países como Colombia, ¿Cuántos de los líderes sociales asesinados  eran defensores ambientales ? Vale la pena traer a cuento que según armando Montenegro, en artículo publicado en el espectador, el pasado 25 de Octubre  “el asesinato de líderes sociales es una consecuencia no buscada, un subproducto  indeseado de los acuerdos para la sustitución voluntaria de coca que se firmaron a raíz de la paz con las farc”,  conclusión a que llegó Lucas Marín,  de la Universidad de los Andes,  en investigación realizada sobre éste tema, el estudio lo cito, pero no creo en sus conclusiones totalmente, supongo que hay líderes sociales acallados a bala desde la derecha para impedir o frenar la protesta social. El susodicho acuerdo de Escazú, está empantanado en el congreso, con opositores como Germán Vargas, quien dice que es inconveniente porque según él, se incorporaría en Colombia  “el principio de precaución”, pero dicho principio ya está incorporado en nuestro ordenamiento jurídico; dado que lo que se busca es el desarrollo sostenible, por las restricciones ambientales que el mundo enfrenta, seria estratégica su aprobación para proteger nuestra biodiversidad.

Curiosamente las dificultades para aprobar éste acuerdo en el congreso surgen de los miembros de la coalición gubernamental, porque el mismo cuenta con el  apoyo de  la oposición; lo paradójico, es que el presidente Duque lo presentó al congreso, como uno de los pocos compromisos adquiridos por el gobierno luego  de la “gran conversación nacional”, que se convocó ante las masivas protestas de finales del año pasado, el gobierno debe buscar su aprobación  para honrar su promesa, pues la minga indígena de los pasados días tiene como una de sus causas, precisamente que se cumplan los compromisos adquiridos  en las movilizaciones anteriores.

A propósito de la minga, dijeron tantas estupideces Duque y sus altos funcionarios, casi mostrando la movilización indígena como un intento de golpe de estado, y luego tuvieron que recoger sus palabras y hasta felicitarlos por el orden y buen comportamiento de los marchantes; que raro, en campaña abrazan a los indígenas y les piden dar su voto y los invitan a participar en la democracia, pero una vez elegidos , no quieren que se les reclame o cuestione, es decir que ejerzan la democracia, y el peor comentario sobre la movilización, fue oír decir al presidente que la minga era política, ¡ que descubrimiento ¡, que lujo de genio tenemos de gobernante, solo piden votos y aplausos, que bellaquería y descaro, no quieren gobernar para el pueblo, sino reinarsobre  súbditos sometidos y callados. 

Hablando de los campesinos, uno de los sectores más desprotegidos y vulnerables del país, a menos que uno sea un miembro del grupo de los  “pobrecitos hacendados”, que recibieron de  Uribe y su ministro Andrés Felipe Arias  unalimosna de  “unos pocos, miles de millones de pesos”, las naciones unidas aprobaron en el 2018, una declaración sobre los derechos   de los campesinos, que aunque no es obligatoria, es importante pues sistematiza  los derechos del campesinado como  sujeto social, que tiene vulnerabilidad en un mundo globalizado que amenaza sus formas de vida, economía y cultura.  El gobierno del Dr. Duque se abstuvo de votar favorablemente  ésta declaración, lo que demuestra el poco interés de éste gobierno y todos los que siguieron a la apertura económica del ex presidente Gaviria por mejorar las condiciones de vida de estos poco apreciados  compatriotas, eso no impide que el gobierno pueda apoyarla ahora, si no lo hace es porque no quiere hacerlo.

Según  Rodrigo Uprimny, el gobierno no debía aprobar  el proyecto de acuerdo de la agencia nacional de tierras, que reglamenta  las zonas de desarrollo empresarial ZDE,prevista por la ley 60; Según él no hay nada de malo en impulsar el desarrollo empresarial en el campo, pero no debe hacerse en detrimento de la economía campesina, y dificultando el acceso del campesinado a la tierra, pues éste proyecto  prevé la entrega de baldíos a empresas nacionales o extranjeras, inicialmente por 15 años, pero adjudicables posteriormente a esas empresas; en Colombia donde nunca se ha hecho una verdadera reforma agraria, las pocas tierras que se les han dado a los campesinos, es por adjudicación deesos baldíos, de los que quedan relativamente pocos, por lo que la entrega a otras personas debería ser excepcional, aspecto ya señalado por la corte constitucional; pero al contrario, el proyecto actual convierte le excepción en regla, pues dispone la entrega de baldíos, sin límites de extensión, a las empresas en la ZDE, lo cual reduce muchísimo las tierras baldías  disponibles  para entregar al campesinado y dificulta cumplir así con la reforma rural  integral, prevista en el acuerdo de paz. ¿Ésta será una de las estrategias para hacer trizas los acuerdos de la Habana de que habla el centro democrático? ¿Cuántas hectáreas de estas tierras pasarán a engrosar las que ya tiene el pobre campesinito  ”Luis CarlosSarmiento Angulo” dueño del grupo Aval, que ha recibido miles de hectáreas  de los últimos gobiernos?  

Siguiendo con el tema ambiental, la fundación para la conservación y desarrollo sostenible, hizo una serie de sobrevuelos  a ras de selva, y en lugar de ver un tupido paisaje de árboles, se encontraron con  “extensos pastizales con pocas vacas”, pues  se ha desforestado el bosque húmedo tropical,  dicho bosque se concentra en especial en  Caquetá, Guaviare y Meta, siendo responsabilidad de las autoridades de controlar esta deforestación,  pero por lo visto, estas autoridades no tienen capacidad para hacer cumplir la ley,  y desconocen además quienes son los propietarios de dichas ganaderías,  es raro que las autoridades no conozcan a los  ganaderos en estas regiones,  peroparece ser que algunas de ellas estén involucradas directamente en este asunto,  porque en el pasado se han hecho denuncias sobre  gobernadores y  otros personajes que se apoderaron de extensas zonas otrora controladas  por la guerrilla, que protegieron ambientalmente éstas zonas  ¡ quién lo creyera ¡, de nuevo, el abandono estatal permite abusos que causaran nuevos ciclos de violencia  por desigualdad en laposesión de tierras y en  las oportunidades de salir de la pobreza, dejando además ver la manera corrupta como se administran los recursos públicos . Según el director de la fundación antes nombrada, “los acuerdos con el sector ganadero se deben orientar  a reducir su avance hacia los bosques amazónicos”, ¿cuál es el compromiso del sector ganadero? preguntó el director de la fundación.  Una  respuesta que seguro quedará en el aire y mucho me temo, que éstos nuevos pastizales servirán para acrecentar el poder político de  algunos ganaderos amigos del despojo de tierras y las masacres,como mecanismo para aumentar sus latifundios.

Al parecer nuestras autoridades confabuladas con el gran capital internacional, siguen empeñadas en entregar territorios para calmar la fiebre del oro que no deja mayores ganancias económicas, pero si graves problemas ambientales, según entiendo yo, y espero que algún experto en el tema confirme o rectifique mi afirmación, en Colombia tenemos una maldición  geológica  pues mucho de  nuestro oro está incrustado en las rocas en forma de chispitas ,por lo que se requiere el uso de mercurio como aglutinante para hacer pepitas, o por lo menos ese era de los aspectos preocupantes de la frustrada explotación de oro en la mina “la colosa” en Cajamarca . El año pasado según cifras oficiales, se extrajeron 37,5 toneladas de oro, éste año se aspira a producir más de  40 toneladas y para el 2030, se espera duplicar esa cifra, según Carolina Rojas, vice ministra de minas eso le dejaría al país entre 400 y 600 millones de dólares anuales;  sin embargo, al economista Guillermo Rudas, que ha sido estudioso del tema, no le cuadran las cifras, pues aunque las ganancias parezcan abultadas, realmente son pequeñas, porque las compañías pagan regalías equivalentes al 4%, calculado sobre el 80% del precio  en el mercado de Londres , éste porcentaje se mantiene sin importar que el precio del oro suba,  a diferencia de otras materias primas donde esto si sucede. A  fin de comparar con otros productos, la sal paga más del 12%,y el petróleo, utiliza un sistema de regalías crecientes según el tamaño de la producción, el productor debe ceder al estado entre el 30 y 50% del incremento de la cotización internacional. La minería de oro debería de dejar más rentas al estado ya que genera muy pocos empleos, se debería hacer una mejor estimación de los costos ambientales y de operación que tiene éste mineral, el ex ministro de ambiente Manuel Rodríguez,  se muestra preocupado porque en Colombia no se haga un análisis del costo- beneficio para que se puedan sopesar los costos ambientales y sociales de éste tipo de explotación, sobre todo  porque  tanto la minería legal  como la  ilegal proporcionan dinero a los grupos armados ilegales que se fortalecen económicamente, apoderándose de dineros necesarios para mejorar el acceso  en salud y educación a miles de colombianos marginados.   Hablando de la minería  legal hay una denuncia en el diario el espectador sobre la autorización para explotar coltán, que por su rareza geológica es llamado el oro negro,  el único título minero aprobado, está  vinculado a una organización delincuencial llamada “el mesa”, sucede que al capturar en el 2018 a Jorge de Jesús Vallejo, le encontraron la documentación de éste título, completamente en regla y aprobado por la agencia nacional minera, ANM, ¿cómo obtendrían la licencia? En el tema minero valdría también invocar  “El principio de precaución”.

Espero haber ilustrado diversas  realidades ambientales que debemos afrontar como nación, y  dejarlos  motivados para que nos tomemos en serio el derecho a participar en la  toma de estas decisiones, que no solo nos afectan a nosotros como sociedad, sino también a nuestros descendientes.

¿Y del medio ambiente qué? Segunda parte.

La economía agraria en nuestro país siempre estuvo desestabilizada por el conflicto armado interno, la presencia de grupos al margen de la ley, y las actividades ilícitas que se desarrollaban en zonas de colonización y  de protección , causaban un notable deterioro ambiental, muchos de los habitantes del campo se veían obligados a abandonar sus tierras, convirtiéndose en desplazados,  Colombia ostenta el  deshonroso primer puesto en desplazamiento forzado, somos campeones mundiales, las tierras desocupadas pasaron a manos de actores armados y hoy, desde el mismo congreso nacional, se intenta con trapisondas legalizar la posesión de tierras,  que terceras  personas compraron a precios  de baratija, y hoy dicen ser poseedores de buena fe,  pero cuando las negociaron conocían la procedencia ilegal de ellas, conseguidas por la violencia contra sus dueños originales . Todo lo anterior ocurrió por la poca presencia del estado en algunas regiones del país, o por la connivencia descarada entre grupos ilegales y agentes y altos funcionarios del estado, caso del paramilitarismo en varias regiones del país, cuyos patrocinadores políticos y empresariales aun no salen de las sombras a dar la cara y reconocerse como victimarios, no solo se niegan a devolver los bienes a la víctimas, sino que todavía las victimizan desde las altas esferas gubernamentales al negarse a contar la verdad y repararlos.

Una de las más graves problemáticas ambientales tiene que ver con la erradicación de los cultivos de coca, aunque las hectáreas de coca sembrada han aumentado de manera exagerada en los últimos años, la fumigación con glifosato no debería ser la única alternativa, y los colombianos deberíamos como sociedad civil pronunciarnos y pedir  que se utilice  “el principio de precaución” antes de volver a las aspersiones aéreas, por los graves daños ambientales que pude causar y ha causado en el pasado reciente; no se puede desconocer que el esfuerzo de la llamada guerra  contra éste cultivo,  no ha rendido grandes frutos y no se ven resultados en la reducción del narcotráfico, ésta es una guerra casi perdida de antemano, sino se cambia la manera de combatir a sus promotores, pues mientras haya gringos sopladores,habrá quién se anime a venderles; creo que es necesario un acuerdo nacional para enfrentar este flagelo, se debe construir una política seria, que no cambie al vaivén de las épocas electorales, sustentada en criterios científicos, buscando el interés nacional y sin visiones dogmáticas o excluyentes; el tema del cultivo tiene  que verse como un  tema de política agraria, que incluye sustitución de cultivos y apoyos a los campesinos para que no sean sembradores de coca, pero de igual manera las bandas criminales que se lucran de éste tráfico, deben ser combatidas militarmente y extraditados sus cabecillas, cuando yo fui universitario era opositor a la extradición de nacionales, pues en ese tiempo, cuando éramos una nación  exportadora, no me importaba si la juventud gringa se perdía por culpa de la droga, hoy quesomos consumidores y la droga destruye el futuro de miles de jóvenes colombianos, si  me preocupa  la situación y creo que la extradición es válida como método de control, y aunque suene terrible, el narcotráfico sería el único delito para el que no me disgustaría la pena de muerte.

El acuerdo de Escazú, es un tratado que busca reforzar la protección ambiental en América Latina, que tiene  cuatro propósitos: robustecer el derecho ciudadano  para acceder a la información ambiental y conminar a las autoridades a dar esa información, fortalecer la participación ciudadana en el campo ambiental, mejorar el acceso a la justicia en temas ambientales, y proteger de manera especial a los defensores ambientales, que corren graves peligros en especial en países como Colombia, ¿Cuántos de los líderes sociales asesinados  eran defensores ambientales ? Vale la pena traer a cuento que según armando Montenegro, en artículo publicado en el espectador, el pasado 25 de Octubre  “el asesinato de líderes sociales es una consecuencia no buscada, un subproducto  indeseado de los acuerdos para la sustitución voluntaria de coca que se firmaron a raíz de la paz con las farc”´,  conclusión a que llegó Lucas Marín,  de la Universidad de los Andes,  en investigación realizada sobre éste tema, el estudio lo cito, pero no creo en sus conclusiones totalmente, supongo que hay líderes sociales acallados a bala desde la derecha para impedir o frenar la protesta social. El susodicho acuerdo de Escazú, está empantanado en el congreso, con opositores como Germán Vargas, quien dice que es inconveniente porque según él, se incorporaría en Colombia  “el principio de precaución”, pero dicho principio ya está incorporado en nuestro ordenamiento jurídico; dado que lo que se busca es el desarrollo sostenible, por las restricciones ambientales que el mundo enfrenta, seria estratégica su aprobación para proteger nuestra biodiversidad. Curiosamente las dificultades para aprobar éste acuerdo en el congreso surgen de los miembros de la coalición gubernamental, porque el mismo cuenta con el  apoyo de  la oposición; lo paradójico, es que el presidente Duque lo presentó al congreso, como uno de los pocos compromisos adquiridos por el gobierno luego  de la “gran conversación nacional”, que se convocó ante las masivas protestas de finales del año pasado, el gobierno debe buscar su aprobación  para honrar su promesa, pues la minga indígena de los pasados días tiene como una de sus causas, precisamente que se cumplan los compromisos adquiridos  en las movilizaciones anteriores.

A propósito de la minga, dijeron tantas estupideces Duque y sus altos funcionarios, casi mostrando la movilización indígena como un intento de golpe de estado, y luego tuvieron que recoger sus palabras y hasta felicitarlos por el orden y buen comportamiento de los marchantes; que raro, en campaña abrazan a los indígenas y les piden dar su voto y los invitan a participar en la democracia, pero una vez elegidos , no quieren que se les reclame o cuestione, es decir que ejerzan la democracia, y el peor comentario sobre la movilización, fue oír decir al presidente que la minga era política, ¡ que descubrimiento ¡, que lujo de genio tenemos de gobernante, solo piden votos y aplausos, que bellaquería y descaro, no quieren gobernar para el pueblo, sino reinarsobre  súbditos sometidos y callados. 

Hablando de los campesinos, uno de los sectores más desprotegidos y vulnerables del país, a menos que uno sea un miembro del grupo de los  “pobrecitos hacendados”, que recibieron de  Uribe y su ministro Andrés Felipe Arias  unalimosna de  “unos pocos, miles de millones de pesos”, las naciones unidas aprobaron en el 2018, una declaración sobre los derechos   de los campesinos, que aunque no es obligatoria, es importante pues sistematiza  los derechos del campesinado como  sujeto social, que tiene vulnerabilidad en un mundo globalizado que amenaza sus formas de vida, economía y cultura.  El gobierno del Dr. Duque se abstuvo de votar favorablemente  ésta declaración, lo que demuestra el poco interés de éste gobierno y todos los que siguieron a la apertura económica del ex presidente Gaviria por mejorar las condiciones de vida de estos poco apreciados  compatriotas, eso no impide que el gobierno pueda apoyarla ahora, si no lo hace es porque no quiere hacerlo.

Según  Rodrigo Uprimny, el gobierno no debía aprobar  el proyecto de acuerdo de la agencia nacional de tierras, que reglamenta  las zonas de desarrollo empresarial ZDE,prevista por la ley 60; Según él no hay nada de malo en impulsar el desarrollo empresarial en el campo, pero no debe hacerse en detrimento de la economía campesina, y dificultando el acceso del campesinado a la tierra, pues éste proyecto  prevé la entrega de baldíos a empresas nacionales o extranjeras, inicialmente por 15 años, pero adjudicables posteriormente a esas empresas; en Colombia donde nunca se ha hecho una verdadera reforma agraria, las pocas tierras que se les han dado a los campesinos, es por adjudicación deesos baldíos, de los que quedan relativamente pocos, por lo que la entrega a otras personas debería ser excepcional, aspecto ya señalado por la corte constitucional; pero al contrario, el proyecto actual convierte le excepción en regla, pues dispone la entrega de baldíos, sin límites de extensión, a las empresas en la ZDE, lo cual reduce muchísimo las tierras baldías  disponibles  para entregar al campesinado y dificulta cumplir así con la reforma rural  integral, prevista en el acuerdo de paz. ¿Ésta será una de las estrategias para hacer trizas los acuerdos de la Habana de que habla el centro democrático? ¿Cuántas hectáreas de estas tierras pasarán a engrosar las que ya tiene el pobre campesinito  ”Luis CarlosSarmiento Angulo” dueño del grupo Aval, que ha recibido miles de hectáreas  de los últimos gobiernos?  

Siguiendo con el tema ambiental, la fundación para la conservación y desarrollo sostenible, hizo una serie de sobrevuelos  a ras de selva, y en lugar de ver un tupido paisaje de árboles, se encontraron con  “extensos pastizales con pocas vacas”, pues  se ha desforestado el bosque húmedo tropical,  dicho bosque se concentra en especial en  Caquetá, Guaviare y Meta, siendo responsabilidad de las autoridades de controlar esta deforestación,  pero por lo visto, estas autoridades no tienen capacidad para hacer cumplir la ley,  y desconocen además quienes son los propietarios de dichas ganaderías,  es raro que las autoridades no conozcan a los  ganaderos en estas regiones,  peroparece ser que algunas de ellas estén involucradas directamente en este asunto,  porque en el pasado se han hecho denuncias sobre  gobernadores y  otros personajes que se apoderaron de extensas zonas otrora controladas  por la guerrilla, que protegieron ambientalmente éstas zonas  ¡ quién lo creyera ¡, de nuevo, el abandono estatal permite abusos que causaran nuevos ciclos de violencia  por desigualdad en laposesión de tierras y en  las oportunidades de salir de la pobreza, dejando además ver la manera corrupta como se administran los recursos públicos . Según el director de la fundación antes nombrada, “los acuerdos con el sector ganadero se deben orientar  a reducir su avance hacia los bosques amazónicos”, ¿cuál es el compromiso del sector ganadero? preguntó el director de la fundación.  Una  respuesta que seguro quedará en el aire y mucho me temo, que éstos nuevos pastizales servirán para acrecentar el poder político de  algunos ganaderos amigos del despojo de tierras y las masacres,como mecanismo para aumentar sus latifundios.

Al parecer nuestras autoridades confabuladas con el gran capital internacional, siguen empeñadas en entregar territorios para calmar la fiebre del oro que no deja mayores ganancias económicas, pero si graves problemas ambientales, según entiendo yo, y espero que algún experto en el tema confirme o rectifique mi afirmación, en Colombia tenemos una maldición  geológica  pues mucho de  nuestro oro está incrustado en las rocas en forma de chispitas ,por lo que se requiere el uso de mercurio como aglutinante para hacer pepitas, o por lo menos ese era de los aspectos preocupantes de la frustrada explotación de oro en la mina “la colosa” en Cajamarca . El año pasado según cifras oficiales, se extrajeron 37,5 toneladas de oro, éste año se aspira a producir más de  40 toneladas y para el 2030, se espera duplicar esa cifra, según Carolina Rojas, vice ministra de minas eso le dejaría al país entre 400 y 600 millones de dólares anuales;  sin embargo, al economista Guillermo Rudas, que ha sido estudioso del tema, no le cuadran las cifras, pues aunque las ganancias parezcan abultadas, realmente son pequeñas, porque las compañías pagan regalías equivalentes al 4%, calculado sobre el 80% del precio  en el mercado de Londres , éste porcentaje se mantiene sin importar que el precio del oro suba,  a diferencia de otras materias primas donde esto si sucede. A  fin de comparar con otros productos, la sal paga más del 12%,y el petróleo, utiliza un sistema de regalías crecientes según el tamaño de la producción, el productor debe ceder al estado entre el 30 y 50% del incremento de la cotización internacional. La minería de oro debería de dejar más rentas al estado ya que genera muy pocos empleos, se debería hacer una mejor estimación de los costos ambientales y de operación que tiene éste mineral, el ex ministro de ambiente Manuel Rodríguez,  se muestra preocupado porque en Colombia no se haga un análisis del costo- beneficio para que se puedan sopesar los costos ambientales y sociales de éste tipo de explotación, sobre todo  porque  tanto la minería legal  como la  ilegal proporcionan dinero a los grupos armados ilegales que se fortalecen económicamente, apoderándose de dineros necesarios para mejorar el acceso  en salud y educación a miles de colombianos marginados.   Hablando de la minería  legal hay una denuncia en el diario el espectador sobre la autorización para explotar coltán, que por su rareza geológica es llamado el oro negro,  el único título minero aprobado, está  vinculado a una organización delincuencial llamada “el mesa”, sucede que al capturar en el 2018 a Jorge de Jesús Vallejo, le encontraron la documentación de éste título, completamente en regla y aprobado por la agencia nacional minera, ANM, ¿cómo obtendrían la licencia? En el tema minero valdría también invocar  “El principio de precaución”.

Espero haber ilustrado diversas  realidades ambientales que debemos afrontar como nación, y  dejarlos  motivados para que nos tomemos en serio el derecho a participar en la  toma de estas decisiones, que no solo nos afectan a nosotros como sociedad, sino también a nuestros descendientes.

La economía agraria en nuestro país siempre estuvo desestabilizada por el conflicto armado interno, la presencia de grupos al margen de la ley, y las actividades ilícitas que se desarrollaban en zonas de colonización y  de protección, causaban un notable deterioro ambiental, muchos de los habitantes del campo se veían obligados a abandonar sus tierras, convirtiéndose en desplazados,  Colombia ostenta el  deshonroso primer puesto en desplazamiento forzado, somos campeones mundiales, las tierras desocupadas pasaron a manos de actores armados y hoy, desde el mismo congreso nacional, se intenta con trapisondas legalizar la posesión de tierras,  que terceras  personas compraron a precios  de baratija, y hoy dicen ser poseedores de buena fe,  pero cuando las negociaron conocían la procedencia ilegal de ellas, conseguidas por la violencia contra sus dueños originales . 

Todo lo anterior ocurrió por la poca presencia del estado en algunas regiones del país, o por la connivencia descarada entre grupos ilegales y agentes y altos funcionarios del estado, caso del paramilitarismo en varias regiones del país, cuyos patrocinadores políticos y empresariales aun no salen de las sombras a dar la cara y reconocerse como victimarios, no solo se niegan a devolver los bienes a la víctimas, sino que todavía las victimizan desde las altas esferas gubernamentales al negarse a contar la verdad y repararlos.

Una de las más graves problemáticas ambientales tiene que ver con la erradicación de los cultivos de coca, aunque las hectáreas de coca sembrada han aumentado de manera exagerada en los últimos años, la fumigación con glifosato no debería ser la única alternativa, y los colombianos deberíamos como sociedad civil pronunciarnos y pedir  que se utilice  “el principio de precaución” antes de volver a las aspersiones aéreas, por los graves daños ambientales que pude causar y ha causado en el pasado reciente; no se puede desconocer que el esfuerzo de la llamada guerra  contra éste cultivo,  no ha rendido grandes frutos y no se ven resultados en la reducción del narcotráfico, ésta es una guerra casi perdida de antemano, sino se cambia la manera de combatir a sus promotores, pues mientras haya gringos sopladores, habrá quién se anime a venderles; creo que es necesario un acuerdo nacional para enfrentar este flagelo, se debe construir una política seria, que no cambie al vaivén de las épocas electorales, sustentada en criterios científicos, buscando el interés nacional y sin visiones dogmáticas o excluyentes; el tema del cultivo tiene  que verse como un  tema de política agraria, que incluye sustitución de cultivos y apoyos a los campesinos para que no sean sembradores de coca, pero de igual manera las bandas criminales que se lucran de éste tráfico, deben ser combatidas militarmente y extraditados sus cabecillas, cuando yo fui universitario era opositor a la extradición de nacionales, pues en ese tiempo, cuando éramos una nación  exportadora, no me importaba si la juventud gringa se perdía por culpa de la droga, hoy quesomos consumidores y la droga destruye el futuro de miles de jóvenes colombianos, si  me preocupa  la situación y creo que la extradición es válida como método de control, y aunque suene terrible, el narcotráfico sería el único delito para el que no me disgustaría la pena de muerte.

El acuerdo de Escazú, es un tratado que busca reforzar la protección ambiental en América Latina, que tiene  cuatro propósitos: robustecer el derecho ciudadano  para acceder a la información ambiental y conminar a las autoridades a dar esa información, fortalecer la participación ciudadana en el campo ambiental, mejorar el acceso a la justicia en temas ambientales, y proteger de manera especial a los defensores ambientales, que corren graves peligros en especial en países como Colombia, ¿Cuántos de los líderes sociales asesinados  eran defensores ambientales? Vale la pena traer a cuento que según armando Montenegro, en artículo publicado en el espectador, el pasado 25 de Octubre  “el asesinato de líderes sociales es una consecuencia no buscada, un subproducto  indeseado de los acuerdos para la sustitución voluntaria de coca que se firmaron a raíz de la paz con las farc”´,  conclusión a que llegó Lucas Marín,  de la Universidad de los Andes,  en investigación realizada sobre éste tema, el estudio lo cito, pero no creo en sus conclusiones totalmente, supongo que hay líderes sociales acallados a bala desde la derecha para impedir o frenar la protesta social. El susodicho acuerdo de Escazú, está empantanado en el congreso, con opositores como Germán Vargas, quien dice que es inconveniente porque según él, se incorporaría en Colombia  “el principio de precaución”, pero dicho principio ya está incorporado en nuestro ordenamiento jurídico; dado que lo que se busca es el desarrollo sostenible, por las restricciones ambientales que el mundo enfrenta, seria estratégica su aprobación para proteger nuestra biodiversidad. Curiosamente las dificultades para aprobar éste acuerdo en el congreso surgen de los miembros de la coalición gubernamental, porque el mismo cuenta con el  apoyo de  la oposición; lo paradójico, es que el presidente Duque lo presentó al congreso, como uno de los pocos compromisos adquiridos por el gobierno luego  de la “gran conversación nacional”, que se convocó ante las masivas protestas de finales del año pasado, el gobierno debe buscar su aprobación  para honrar su promesa, pues la minga indígena de los pasados días tiene como una de sus causas, precisamente que se cumplan los compromisos adquiridos  en las movilizaciones anteriores.

A propósito de la minga, dijeron tantas estupideces Duque y sus altos funcionarios, casi mostrando la movilización indígena como un intento de golpe de estado, y luego tuvieron que recoger sus palabras y hasta felicitarlos por el orden y buen comportamiento de los marchantes; que raro, en campaña abrazan a los indígenas y les piden dar su voto y los invitan a participar en la democracia, pero una vez elegidos , no quieren que se les reclame o cuestione, es decir que ejerzan la democracia, y el peor comentario sobre la movilización, fue oír decir al presidente que la minga era política, ¡ que descubrimiento ¡, que lujo de genio tenemos de gobernante, solo piden votos y aplausos, que bellaquería y descaro, no quieren gobernar para el pueblo, sino reinarsobre  súbditos sometidos y callados. 

Hablando de los campesinos, uno de los sectores más desprotegidos y vulnerables del país, a menos que uno sea un miembro del grupo de los  “pobrecitos hacendados”, que recibieron de  Uribe y su ministro Andrés Felipe Arias  unalimosna de  “unos pocos, miles de millones de pesos”, las naciones unidas aprobaron en el 2018, una declaración sobre los derechos   de los campesinos, que aunque no es obligatoria, es importante pues sistematiza  los derechos del campesinado como  sujeto social, que tiene vulnerabilidad en un mundo globalizado que amenaza sus formas de vida, economía y cultura.  El gobierno del Dr. Duque se abstuvo de votar favorablemente  ésta declaración, lo que demuestra el poco interés de éste gobierno y todos los que siguieron a la apertura económica del ex presidente Gaviria por mejorar las condiciones de vida de estos poco apreciados  compatriotas, eso no impide que el gobierno pueda apoyarla ahora, si no lo hace es porque no quiere hacerlo.

Según  Rodrigo Uprimny, el gobierno no debía aprobar  el proyecto de acuerdo de la agencia nacional de tierras, que reglamenta  las zonas de desarrollo empresarial ZDE,prevista por la ley 60; Según él no hay nada de malo en impulsar el desarrollo empresarial en el campo, pero no debe hacerse en detrimento de la economía campesina, y dificultando el acceso del campesinado a la tierra, pues éste proyecto  prevé la entrega de baldíos a empresas nacionales o extranjeras, inicialmente por 15 años, pero adjudicables posteriormente a esas empresas; en Colombia donde nunca se ha hecho una verdadera reforma agraria, las pocas tierras que se les han dado a los campesinos, es por adjudicación deesos baldíos, de los que quedan relativamente pocos, por lo que la entrega a otras personas debería ser excepcional, aspecto ya señalado por la corte constitucional; pero al contrario, el proyecto actual convierte le excepción en regla, pues dispone la entrega de baldíos, sin límites de extensión, a las empresas en la ZDE, lo cual reduce muchísimo las tierras baldías  disponibles  para entregar al campesinado y dificulta cumplir así con la reforma rural  integral, prevista en el acuerdo de paz. ¿Ésta será una de las estrategias para hacer trizas los acuerdos de la Habana de que habla el centro democrático? ¿Cuántas hectáreas de estas tierras pasarán a engrosar las que ya tiene el pobre campesinito  ”Luis CarlosSarmiento Angulo” dueño del grupo Aval, que ha recibido miles de hectáreas  de los últimos gobiernos?  

Siguiendo con el tema ambiental, la fundación para la conservación y desarrollo sostenible, hizo una serie de sobrevuelos  a ras de selva, y en lugar de ver un tupido paisaje de árboles, se encontraron con  “extensos pastizales con pocas vacas”, pues  se ha desforestado el bosque húmedo tropical,  dicho bosque se concentra en especial en  Caquetá, Guaviare y Meta, siendo responsabilidad de las autoridades de controlar esta deforestación,  pero por lo visto, estas autoridades no tienen capacidad para hacer cumplir la ley,  y desconocen además quienes son los propietarios de dichas ganaderías,  es raro que las autoridades no conozcan a los  ganaderos en estas regiones,  peroparece ser que algunas de ellas estén involucradas directamente en este asunto,  porque en el pasado se han hecho denuncias sobre  gobernadores y  otros personajes que se apoderaron de extensas zonas otrora controladas  por la guerrilla, que protegieron ambientalmente éstas zonas  ¡ quién lo creyera ¡, de nuevo, el abandono estatal permite abusos que causaran nuevos ciclos de violencia  por desigualdad en laposesión de tierras y en  las oportunidades de salir de la pobreza, dejando además ver la manera corrupta como se administran los recursos públicos . Según el director de la fundación antes nombrada, “los acuerdos con el sector ganadero se deben orientar  a reducir su avance hacia los bosques amazónicos”, ¿cuál es el compromiso del sector ganadero? preguntó el director de la fundación.  Una  respuesta que seguro quedará en el aire y mucho me temo, que éstos nuevos pastizales servirán para acrecentar el poder político de  algunos ganaderos amigos del despojo de tierras y las masacres,como mecanismo para aumentar sus latifundios.

Al parecer nuestras autoridades confabuladas con el gran capital internacional, siguen empeñadas en entregar territorios para calmar la fiebre del oro que no deja mayores ganancias económicas, pero si graves problemas ambientales, según entiendo yo, y espero que algún experto en el tema confirme o rectifique mi afirmación, en Colombia tenemos una maldición  geológica  pues mucho de  nuestro oro está incrustado en las rocas en forma de chispitas ,por lo que se requiere el uso de mercurio como aglutinante para hacer pepitas, o por lo menos ese era de los aspectos preocupantes de la frustrada explotación de oro en la mina “la colosa” en Cajamarca . El año pasado según cifras oficiales, se extrajeron 37,5 toneladas de oro, éste año se aspira a producir más de  40 toneladas y para el 2030, se espera duplicar esa cifra, según Carolina Rojas, vice ministra de minas eso le dejaría al país entre 400 y 600 millones de dólares anuales;  sin embargo, al economista Guillermo Rudas, que ha sido estudioso del tema, no le cuadran las cifras, pues aunque las ganancias parezcan abultadas, realmente son pequeñas, porque las compañías pagan regalías equivalentes al 4%, calculado sobre el 80% del precio  en el mercado de Londres , éste porcentaje se mantiene sin importar que el precio del oro suba,  a diferencia de otras materias primas donde esto si sucede. A  fin de comparar con otros productos, la sal paga más del 12%,y el petróleo, utiliza un sistema de regalías crecientes según el tamaño de la producción, el productor debe ceder al estado entre el 30 y 50% del incremento de la cotización internacional. La minería de oro debería de dejar más rentas al estado ya que genera muy pocos empleos, se debería hacer una mejor estimación de los costos ambientales y de operación que tiene éste mineral, el ex ministro de ambiente Manuel Rodríguez,  se muestra preocupado porque en Colombia no se haga un análisis del costo- beneficio para que se puedan sopesar los costos ambientales y sociales de éste tipo de explotación, sobre todo  porque  tanto la minería legal  como la  ilegal proporcionan dinero a los grupos armados ilegales que se fortalecen económicamente, apoderándose de dineros necesarios para mejorar el acceso  en salud y educación a miles de colombianos marginados.   Hablando de la minería  legal hay una denuncia en el diario el espectador sobre la autorización para explotar coltán, que por su rareza geológica es llamado el oro negro,  el único título minero aprobado, está  vinculado a una organización delincuencial llamada “el mesa”, sucede que al capturar en el 2018 a Jorge de Jesús Vallejo, le encontraron la documentación de éste título, completamente en regla y aprobado por la agencia nacional minera, ANM, ¿cómo obtendrían la licencia? En el tema minero valdría también invocar  “El principio de precaución”.

Espero haber ilustrado diversas  realidades ambientales que debemos afrontar como nación, y  dejarlos  motivados para que nos tomemos en serio el derecho a participar en la  toma de estas decisiones, que no solo nos afectan a nosotros como sociedad, sino también a nuestros descendientes.