El intento de la CRC no fue un error: fue un ensayo de obediencia. Y Colombia debe responder con protesta democrática.
Hay momentos en la historia de un país que no pueden pasarse por alto. No por su tamaño, sino por su significado. Este 10 de octubre, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) envió una carta a varios medios colombianos solicitando —bajo amenaza de “medidas administrativas”— las políticas editoriales, actas de comités periodísticos, manuales internos y soportes sobre cómo deciden qué publicar. No fue una encuesta. No fue una consulta. Fue un requerimiento oficial del Estado al corazón de la prensa. Un hecho inaceptable en cualquier democracia.
Horas después, cuando el estallido público fue inevitable, los comisionados salieron en rueda de prensa a recular. Dijeron que todo había sido “malinterpretado”, que la participación era “voluntaria”, que no pretendían sancionar a nadie. Pero quien amenaza con sanción y luego dice “es voluntario”, no se retracta: confiesa. Porque nadie se “equivoca” pidiendo actas editoriales, ni redacta por error un ultimátum a los medios. Esto no fue un desliz administrativo. Fue un globo de ensayo del poder.
No se trata de medios. Se trata de democracia. Algunos querrán reducir esto a una disputa entre directores de noticias y burócratas regulatorios. No lo permitamos. Lo que está en juego es mucho más grande: ¿Puede un Estado —de izquierda o de derecha— tocar la puerta de una sala de redacción y pedir sus deliberaciones internas? La única respuesta posible es NO. Siempre NO. Rotundamente NO.
Porque si hoy se piden actas editoriales, mañana se pedirán fuentes. Y pasado mañana, titulares anticipados. Es así como mueren las democracias: no entre tanques y disparos, sino entre formularios y requisitos.
La historia ya nos advirtió: Nicaragua (Ortega): todo comenzó con “solicitudes de información” y regulaciones “por equilibrio informativo”. Terminó con el cierre de La Prensa. Hungría (Orbán): se creó un consejo de medios para garantizar imparcialidad; hoy los medios críticos han sido asfixiados. Venezuela (CONATEL): primero llegaron cartas, luego sanciones, luego apagaron RCTV.
La CRC no sólo cometió un exceso, sino que lo justificó con el argumento más peligroso de todos: “Queremos asegurarnos de que los medios sean imparciales.” Ese es el lenguaje con el que empieza la obediencia obligatoria. Porque la imparcialidad no la define un despacho administrativo, la definen las audiencias, el debate y la pluralidad de voces.
El poder no está para vigilar el periodismo. El periodismo está para vigilar el poder.
Y aunque soy Comunicador Social, no hago parte actualmente de ningún medio de comunicación, no ejerzo hoy como periodista. Pero como ciudadano si debo ser parte de los que alzan la voz ante cualquier tipo de censura, venga de donde venga.
Este es el momento en que periodistas, medios independientes, facultades de comunicación y ciudadanía digital deben unirse en una sola declaración nacional: No permitiremos que el Estado lea las entrañas del periodismo.
Porque un país sin prensa libre no elige su destino: lo recibe impuesto. Las dictaduras nacen cuando el miedo vence a la palabra. Por eso, este no es el momento de la diplomacia: es el momento del rechazo público, frontal y colectivo.
“La prensa no responde cuestionarios del poder. El poder responde cuestionarios de la prensa.”
Fernando Sánchez Prada
Comunicador Social y Periodista
Fuentes consultadas:
– FLIP (11 de octubre 2025)
– CPB (Declaración de alerta máxima)
– Procuraduría General
– El Tiempo, La FM, Cambio, W Radio
– Casos internacionales: La Prensa (Nicaragua), RCTV (Venezuela), OSCE sobre Hungría