En un video publicado en redes sociales, la gerente de Aguas y Aguas informó: “Como orgullosos patrocinadores del equipo de nuestra ciudad, y una vez hechas las consultas jurídicas necesarias, les queremos informar a los hinchas del ‘Depor’ que vamos a realizar los pagos que teníamos pendientes al ‘Depor’ directamente a la plantilla”. Según lo anterior, la gerente hará todo lo que esté a su alcance para solucionar la crisis del equipo deportivo Pereira, ahora intervenido por el Ministerio del Trabajo, pues sus directivos no les cancelan a los empleados, técnicos y jugadores sus salarios y prestaciones sociales. Una situación similar anunció el pasado 31 de octubre la Empresa de Energía de Pereira, eso sí, advirtieron que contribuyen a la solución de la situación actual del equipo sin ser coadministradores. Está por ver si de esta misma forma tratan a sus usuarios.
Esta crisis del «Depor» no es nueva, ni tampoco lo es en las empresas que han poseído los actuales propietarios. Basta recordar la quiebra de la empresa concesionaria de Megabús, Promasivo, que dejó a pequeños socios en la ruina y no canceló salarios ni prestaciones a sus trabajadores. Estos duraron años cobrando sus derechos por la vía judicial. Decenas de acreedores de la pasada intervención judicial del «Depor» no han podido cobrar sus acreencias. Muchos, ante los atropellos, tomaron la decisión de no cobrar.
Estas deudas de las empresas con el «Depor» deben obedecer a varios contratos suscritos con el objeto de promocionar su imagen corporativa a través del Club Deportivo Pereira durante el desarrollo del campeonato del fútbol colombiano. En el año 2024 se suscribió uno por $500 millones, y otros más por Energía de Pereira. Según informan algunas personas, son varios miles de millones de pesos invertidos por estas empresas en estas lides.
Llama la atención cómo tuercen la ley para beneficiar a esta institución de carácter privado, y también para destinar recursos de sociedades prestadoras de servicios públicos domiciliarios —servicios esenciales de los ciudadanos y reguladas en la Ley 142, que privatizó esta prestación, como la Ley 100 privatizó la prestación de la salud—. Con razón la clase política actual se niega a tramitar reformas a estas disposiciones, pues son fuente de corrupción y oportunidades.
Sería interesante que el alcalde de Pereira sacara un espacio de su apretada agenda —destinada a originar grandes contratos y concesiones, y apuntalar las campañas de su cónyuge y entenada al Senado y la Cámara— e informara bajo qué mecanismo se hacen estos gastos con cargo a las onerosas e impagables tarifas que cancelamos por los servicios de energía, agua y alcantarillado. Y también sobre el atropello en el permanente cambio de medidores, y de quién es este otro negocio.
Las tarifas de los servicios obedecen a fórmulas y procedimientos expedidos por las comisiones de regulación respectivas; deben reflejar costos óptimos y eficientes. Gastos como publicidad en equipos deportivos no se consideran necesarios para la operación de los servicios públicos. Solo se permite recuperar los costos de operación, inversión y tasas ambientales.
La jurisprudencia ha establecido que no se pueden incluir y no son reconocidos como costos en la tarifa final de servicios públicos los gastos ajenos a su prestación, y que no se consideren necesarios, razonables o eficientes para su óptima prestación. El objetivo de estas restricciones es proteger al usuario y asegurar que las tarifas se basen en la eficiencia económica y la suficiencia financiera de la empresa para operar y mantener el servicio de manera sostenible.
A riesgo de echarme a mucha gente encima, expreso mi rechazo a estos gastos. Los que quieran ayudar al equipo, y en especial a sus dueños, que destinen dinero de sus utilidades. Para el caso de las empresas donde el municipio de Pereira tiene su patrimonio, debe ser el Concejo el que defina el monto y el mecanismo para trasladar los dineros.
Por otra parte, no hay explicación alguna para que se celebren contratos de publicidad con una entidad que no paga salarios, prestaciones sociales y parafiscales; hay normas de ley que prohíben este procedimiento. En Aguas y Aguas opera un mecanismo para burlar la ley, para evitar el control ciudadano sobre sus actuaciones y también para diseñar mecanismos que permitan contratar a dedo y entre los amigos de quienes gobiernen en el momento. Están todos avisados: nos seguirán cargando por encima o por debajo de la mesa los costos de negocios de estos mediocres gobernantes. Estiren sus salarios.