Este año empezó en Colombia con dos decisiones económicas que afectan las proyecciones de crecimiento del país, el incremento exagerado del 23,7% del salario mínimo y el decreto de emergencia económica acompañado de varias medidas tributarias.
Los presupuestos en el sector privado y en público se elaboraron en el 2025 sin considerar los impactos que generan las dos medidas del gobierno. La incertidumbre aumenta y con ella las perspectivas de nuevas inversiones que son la fuente de crecimiento.
Para las dos decisiones del gobierno existen procesos jurídicos en curso. En el caso del decreto del salario mínimo, varias demandas fueron instauradas ante la jurisdicción contenciosa administrativa con el fin de que se evalúe si el acto administrativo cumplió los requisitos legales para su expedición. El gobierno debía cumplir con unos criterios técnicos que la ley establece. Cuando se revisan los supuestos del decreto no se encuentra ninguna justificación. La motivación del gobierno fue política enmarcada en un año electoral.
Debería revisarse también el impacto de la decisión en la generación de empleo y en las micro, pequeñas y medianas empresas que son la mayoría en Colombia y las más vulnerables frente a los aumentos en los costos laborales.
El decreto mediante al cual el gobierno declaró la emergencia económica también está siendo revisado por la Corte Constitucional para determinar si las medidas adoptadas tienen relación directa con las causas que lo motivaron.
El problema para el país es que ambas decisiones por inconvenientes que sean están vigentes. El aumento del salario mínimo puede tener efectos macroeconómicos como una mayor presión inflacionaria, desincentivo al empleo formal e impacto fiscal en todos los costos indexados al salario mínimo como las pensiones o los subsidios.
Por último, el decreto de emergencia económica, como lo han expresado los gobernadores del país, afecta los recaudos proyectados para este año y por ende el cumplimiento de los presupuestos en los entes territoriales.
