El Gobierno nacional solicitó a la Corte Constitucional dar celeridad a la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria, en el marco de una audiencia pública convocada para revisar la demanda presentada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre la implementación de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz de 2016.
El director de la ANT, Juan Felipe Harman Ortiz, expuso cifras y argumentos jurídicos que respaldan la urgencia de contar con jueces especializados en conflictos de propiedad y uso de la tierra. Señaló que la creación de esta jurisdicción responde a un mandato constitucional y es clave para resolver disputas complejas en el campo colombiano.
Harman defendió además que la Agencia conserve sus facultades administrativas en los procesos agrarios, esenciales para cumplir los compromisos del Acuerdo de Paz. “El Congreso debe responderle al campo en los 60 días legislativos que restan. Los campesinos no pueden seguir esperando décadas para que la justicia reconozca sus derechos”, afirmó.
Actualmente, la ANT adelanta más de 208 procesos administrativos que abarcan cerca de 45.000 hectáreas. Sin una jurisdicción especializada, estos casos pasarían a la justicia ordinaria, lo que aumentaría la congestión y retrasaría las decisiones. También advirtió que cinco demandas radicadas en 2023 siguen detenidas, entre ellas procesos de deslinde que requieren análisis técnicos y ambientales.
La Corte Constitucional anunció que continuará el estudio del caso con base en los argumentos presentados por el Gobierno, académicos, congresistas, gremios y organizaciones campesinas, antes de tomar una decisión definitiva.
