La larga lista de incongruencias observadas durante los primeros días del gobierno del autodenominado “Tigre” deja, cuando menos, sombras preocupantes sobre el rumbo que podría tomar nuestro país. En las circunstancias actuales, Colombia necesita un liderazgo sustentado en la inteligencia, la capacidad de diálogo, el rechazo a los fanatismos extremos y una visión de futuro capaz de integrar propósitos diversos, respetando la pluralidad, la libertad de pensamiento y las diferencias.
Uno de los anuncios más repetidos durante la campaña fue la promesa, de evidente corte populista, de reducir el tamaño del Estado en un 40 %. Sin embargo, el proyecto de presupuesto presentado parece mantener prácticamente intactas la estructura ministerial y la infraestructura actual del Estado, salvo la ya anunciada desaparición del Ministerio de la Igualdad. De acuerdo con lo planteado en el borrador presupuestal, la reducción efectiva estaría alrededor del 1 %. Entonces cabe preguntar: ¿dónde quedó la promesa del 40 %?
Si una de las banderas del nuevo gobierno era acabar con la llamada “mermelada”, también resulta legítimo preguntarse qué tan diferente será realmente la práctica. La asignación política de recursos y cargos ha sido una herramienta utilizada por distintos gobiernos, pero todo parece indicar que la denominada “nueva patria” podría estar reproduciendo viejas prácticas, ahora con un ingrediente adicional: la exclusión de quienes no comparten la visión ideológica del gobierno. Y si a ello se suma la percepción de que el nepotismo y las lealtades políticas estarían prevaleciendo sobre la capacidad técnica, la experiencia y la formación profesional en buena parte de los nombramientos, el panorama resulta todavía más preocupante. Gobernar no debería ser repartir cuotas entre amigos, familiares y seguidores; gobernar debería significar escoger a los mejores para servir al país.
El gobierno anterior fue duramente cuestionado por el elevado número de cambios en cargos y entidades públicas. Sin embargo, el nuevo gobierno parece dispuesto a superar rápidamente esa marca. En pocos días se han producido movimientos en entidades estratégicas, entre ellos los casos de Ana María Rincón, en el Banco Agrario; Mariantonia Tabares Pulgarín, en la Agencia Nacional de Seguridad Vial; Andrés Camilo Pardo Jiménez, en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); Carlos Sepúlveda, en el Departamento Nacional de Planeación (DNP); y Magda Yolima Amaya Arévalo, quien permaneció apenas tres días en el cargo.
Algunos de estos casos han generado cuestionamientos y versiones que deberían ser aclarados públicamente, particularmente cuando se ha señalado qué factores distintos de la experiencia, la formación y las capacidades profesionales podrían haber incidido en determinadas decisiones, incluso consideraciones relacionadas con la orientación sexual.
Más allá de las circunstancias particulares de cada caso, la sucesión de cambios empieza a transmitir una preocupante sensación de improvisación, falta de planeación y ausencia de una hoja de ruta institucional suficientemente clara. Un gobierno que llega prometiendo eficiencia y transformación no puede comenzar transmitiendo incertidumbre sobre quiénes son los responsables de ejecutar sus propias políticas.
Llegar a una población afectada por la destrucción, el hambre y el desempleo con balones como parte de las ayudas genera, por decir lo menos, desconcierto. En medio de una emergencia que exige alimentos, vivienda, empleo, atención psicosocial, reconstrucción de infraestructura y soluciones de fondo, este tipo de acciones deja la incómoda sensación de estar frente a un gobierno más preocupado por el gesto simbólico y mediático que por la construcción de una estrategia integral de recuperación. ¿Qué habrán sentido los habitantes de Buenaventura al recibir semejantes “ayudas humanitarias”? Una población golpeada por necesidades profundas no requiere fotografías ni actos simbólicos. Requiere soluciones serias, recursos suficientes y una política pública técnicamente diseñada, ejecutada y evaluada.
La emergencia social no puede convertirse en escenario para la propaganda política.
Otro asunto que merece especial atención es la autorización para que fuerzas militares extranjeras intervengan en acciones de combate dentro de nuestro territorio. Una decisión de esta naturaleza no puede asumirse como un asunto menor: compromete directamente el debate sobre la soberanía nacional y exige explicaciones claras al país.
Más aún cuando se trata de la presencia de fuerzas militares de un Estado, como Israel, cuya actuación en el conflicto de Gaza ha sido objeto de graves cuestionamientos y acusaciones internacionales relacionadas con posibles violaciones del derecho internacional humanitario.
La soberanía no puede convertirse en una variable secundaria de la política exterior. Cualquier presencia militar extranjera en territorio colombiano debe estar sometida al escrutinio público, al ordenamiento constitucional y a los más estrictos controles institucionales.
La llamada “batalla cultural” tampoco puede pasar inadvertida.
Nuestra Constitución reconoce y protege la diversidad cultural y la libertad de cultos. Los artículos 7. º y 19.º son claros al respecto. Colombia es un país diverso y plural, y esa diversidad no puede ser vista como una amenaza que deba ser combatida desde el poder.
La recurrente guerra contra la llamada “ideología de género” —un concepto que sus promotores suelen convertir en una especie de enemigo omnipresente— parece formar parte de una estrategia para imponer una determinada concepción de la sociedad, de la familia, de la educación y de la vida. El problema no es que existan distintas visiones. El problema aparece cuando desde el poder se pretende que una sola visión sea considerada legítima y las demás sean presentadas como amenazas.
La historia ya nos ha enseñado adónde pueden conducir los proyectos políticos que pretenden uniformar el pensamiento, las creencias y la vida de los ciudadanos. Colombia no necesita nuevos mesías ni cruzadas ideológicas. Necesita instituciones capaces de garantizar que podamos pensar diferente sin convertirnos en enemigos.
Como si faltaran contradicciones, también reaparece el debate sobre los intereses de la industria azucarera. Se ha conocido un proyecto de ley orientado a eliminar los gravámenes establecidos sobre las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados mediante la reforma tributaria de 2022. Según algunos de sus promotores, entre ellos un integrante del partido de gobierno, el consumo de azúcar en los alimentos no demostraría afectaciones relevantes para la salud.
La pregunta es inevitable: ¿estamos ante una discusión científica y de salud pública o ante el regreso de los intereses de quienes históricamente han tenido capacidad de presión sobre las decisiones del Estado?
Cuando están en juego la salud de millones de colombianos y las políticas de prevención, las decisiones deberían sustentarse en evidencia científica y no en conveniencias políticas o económicas.
Y, por supuesto, también regresan los brujos.
Basta con observar el video “Brujo, para alcanzar el éxito”, producido por Abelardo, para preguntarnos si estamos ante una nueva manera de entender el ejercicio del poder, en la que la política, la superstición y las creencias personales comienzan a confundirse peligrosamente con las decisiones de Estado. Una cosa es respetar las creencias individuales; otra, muy distinta, es permitir que la superstición termine ocupando el lugar que corresponde a la ciencia, la técnica y las instituciones.
Particular preocupación genera la designación de personas identificadas con posiciones ideológicas radicales en cargos estratégicos relacionados con la reconstrucción de nuestra ciudad.
La reconstrucción de una ciudad devastada por una emergencia no puede convertirse en un ejercicio de “yo con yo”. Tampoco puede quedar subordinada a los intereses de un partido, movimiento político o grupo ideológico. Lo que está en juego es mucho más importante: la vida, el patrimonio, la dignidad y el futuro de miles de ciudadanos. La reconstrucción debe responder a criterios técnicos, sociales, económicos y ambientales. Debe contar con participación ciudadana, transparencia y mecanismos de control. Y, sobre todo, debe estar por encima de cualquier proyecto electoral. Por esta razón, los colectivos cívicos independientes de la ciudad tienen la responsabilidad de asumir un papel activo de seguimiento, vigilancia y auditoría ciudadana. No se trata de oponerse por oponerse. Se trata de impedir que los recursos destinados a la reconstrucción terminen convertidos en instrumentos de clientelismo, propaganda o adoctrinamiento político.
Finalmente, resulta inevitable recordar las críticas que se formularon durante el gobierno anterior por el uso, considerado excesivo y oneroso, del helicóptero por parte de la entonces vicepresidenta. Hoy cabe formular exactamente la misma pregunta frente al actual mandatario: ¿Es diferente el uso de ese recurso cuando quien lo utiliza es el gobierno que antes lo cuestionaba?
La coherencia política no consiste únicamente en señalar los errores del adversario. La verdadera coherencia consiste en aplicar los mismos principios cuando se llega al poder.
Colombia necesita menos polarización, menos fanatismo y menos propaganda, y mucho más criterio, transparencia, capacidad técnica, diálogo y respeto por quienes piensan diferente.
Porque cuando un gobierno comienza a contradecir rápidamente aquello que prometió, cuando cambia funcionarios sin explicar suficientemente las razones, cuando convierte la política en una batalla cultural y cuando confunde la gestión pública con la militancia ideológica, la ciudadanía tiene no solo el derecho, sino también el deber de preguntar, cuestionar y vigilar.
Y hasta ahora, las contradicciones son demasiadas como para no levantar la voz.
Harold Salazar A.
