Por JAMES FONSECA MORALES (Corporación Vigía CÍVICA)
En la última entrega de este informe seriado, nos referiremos a la alianza “Ciudadanía Activa con los ojos puestos en los recursos Covid-19”: Ante la explosión de la pandemia, los representantes de los trece capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional, previendo el desborde de la corrupción en la región, acordaron unos mecanismos de acción para velar por la inversión de los fondos que usarían los gobiernos para enfrentar la pandemia.
En ese contexto, Transparencia por Colombia convocó a nueve organizaciones de la sociedad civil, entre ellas nuestra Corporación VIGÍA Cívica, para aunar esfuerzos en la iniciativa nacional para vigilar esos recursos.
Constituidos en red, tuvimos acceso a una gigantesca base de datos combinada, con la información de las dos plataformas SECOP, de la tienda virtual del Estado. Con enlaces a las bases de datos de las Cámaras de Comercio y del Registro Único Empresarial (RUES), para examinar la preexistencia de los contratistas y de sus actividades económicas.
También tuvimos los registros de los aportantes a las campañas políticas de 2019, contenidos en el aplicativo “Cuentas Claras”, producto de un convenio de cooperación entre el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Corporación Transparencia por Colombia y el Instituto Nacional Demócrata; lo que permitió la identificación de financiadores de campañas políticas que resultaron como adjudicatarios de contratos originados en la pandemia.
En julio pasado, Transparencia por Colombia había obtenido y organizado, unos 49 millones de datos, de cerca de 700.000 contratos gestionados por todas las entidades estatales del país, desde el principio de la pandemia, de los que salieron 19.882 contratos relacionados con la emergencia, con un valor combinado de $2,5 billones.
En nuestro trabajo local, pasamos de una matriz de análisis de 24 datos a otra con 112 datos, extraídos de esa base, para cada transacción; con ellos pudimos examinar los 429 contratos que, en todo Risaralda, fueron adjudicados directamente para la atención de la pandemia, por $41.144´684.557.
Los resultados de ese trabajo conjunto, ampliamente divulgados por la prensa nacional, merecieron elogios del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez y están en poder de los organismos de control.
En Risaralda, muy distantes de los escandalosos resultados de otras regiones, encontramos muchos contratos que poco tenían que ver con la pandemia, en la que varios ordenadores del gasto vieron una oportunidad para eludir los principios de la contratación pública, por lo que, seguramente, serán llamados a dar explicaciones.
Culminamos la tarea conjunta con una serie de recomendaciones para los gobiernos nacional y territoriales, para los organismos de control y para Colombia Compra Eficiente, que fueron entregados y en algunos casos sustentados, ante los destinatarios.
Al finalizar nuestras labores por el año 2020, deseamos a todos los risaraldenses un mejor Año Nuevo.