COLOMBIA AVANZA HACIA EL FASCISMO, CON “F” DE FRAUDE

El revanchismo y la represalia se anuncian alegremente, con una naturalidad perversa que causa gran revuelo a quienes tienen conciencia de su verdadero significado y de su traducción a los hechos concretos. Esto ocurre frente a la impaciencia de la otra mitad reaccionaria del país, la cual no ve la hora de ver aplastado, incluso de forma sangrienta, todo el progreso de reformas iniciado hace casi cuatro años, como si un extraño designio irrevocable debiera cumplirse a fuerza de terror o resignación.

Se cumple la vieja fórmula del destino electoral: a delincuentes electos, consecuencias lamentables. Los mismos que se desgarran las vestiduras ante presuntos atropellos al sistema democrático se transformarán en los encargados de justificar los más viles atropellos antipopulares. A ese efecto, la compulsiva reducción del salario mínimo de dos millones a un millón cuatrocientos mil pesos irá acompañada del resurgimiento de “grupos de protección ciudadana”, para contrarrestar, a machete, bolillo o balazos, el posterior malestar social, aunque la aplicación de esas medidas adquiera características distintas en cada país. En Colombia, antes de las Autodefensas Unidas, se autodenominaban Convivir, mientras la Italia fascista los llamó squadristi¹y la Alemania nazi los bautizó como Sturmabteilung², fuerza de choque a cargo de neutralizar opositores. Sin embargo, en los tres casos había un denominador común: el apoyo solapado al terrorismo ejercido desde el Estado, con la complicidad de militares o policías.

No sorprenderá, por ende, el retorno de jóvenes sin ojos de las manifestaciones, la reaparición de cientos de muertos durante las protestas, el paulatino aumento de asesinatos de líderes sociales y el clamor de aquellos llamándolos vándalos³, cuando poco antes acusaban al gobierno democrático de adoptar medidas “populistas”. Tamaña vocación de sufrimiento, de asumir las necesidades de dominación de los grupos concentrados de poder como propias, tampoco pondrá el grito en el cielo cuando la futura ministra de Transporte, la polémica funcionaria costeña Elsa Noguera⁴, reinstaure los peajes con renovados incrementos.

¡Claro! ¡Debían echar a los “comunistas” para devolver el país a la “normalidad”! ¡Menudos revolucionarios, absteniéndose de censurar, reprimir o matar a los corruptos, como sucedía en la antigua URSS o la actual China!

Coincidencia

Pero mientras el próximo presidente “afila el hacha dialéctica” con mayores licencias que las otorgadas a Gustavo Petro, asegurando llevarlo a la cárcel tanto a él como a Iván Cepeda, entre una variada gama de propuestas reaccionarias, la izquierda tampoco queda exenta de hacer lo mismo, aunque a la inversa.

De haber sido una excelente oposición al punto de llegar al gobierno con todas las instituciones del Estado cooptadas en su contra, no solo sufrió una involución tras cometer errores garrafales, impidiendo la continuidad del cambio iniciado, sino que incurrió en una idéntica actitud “suicida”, similar a la del ciudadano común proclive a elegir la derecha, destinado a cuidar la finca del patrón mientras duerme afuera.

Aunque la declaración de “desobediencia civil” es absolutamente legítima frente a las evidencias de fraude e injerencia vía software de Estados Unidos e Israel, en abierta defensa de sus intereses en la región, el gobierno popular debió asumir dos opciones bien diferenciadas.

La primera, guardar silencio debido al eventual peligro geopolítico de una intervención militar extranjera similar a la de Venezuela, a fin de imponer un gobierno títere, estilo Uribe – Duque.

La segunda, suspender directamente las elecciones, generar las condiciones para la suspensión de los jueces que no acompañaran esta decisión, someter a juicio a los responsables de la oposición y declarar a Iván Cepeda como ganador de los comicios, asumiendo las consecuencias si las hubiera.

Las burlas de la extrema derecha a la proclamada “desobediencia civil” no carecen, en cierta forma, de fundamento. Se le ríen a la izquierda en la cara, a sabiendas de que recibieron una respuesta intermedia, tibia e indefinida, buscando quedar bien con Dios y con el diablo, pero que, más allá de la retórica y de una actitud democrática que en realidad no sirve para nada, permitirá a los impostores salirse con la suya.

El deliberado robo de los comicios presidenciales traerá consecuencias nefastas a la vida política, empezando porque el neofascismo y la extrema derecha, sin duda, institucionalizarán el fraude en los años venideros para evitar la pérdida de un puñado de privilegios que la suma del poder político y económico no pudo impedir. Esto, en cumplimiento de una de las columnas vertebrales del doctrinario uribista, sustentado por el ex-MOIR y ferviente escudero del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria⁵: el Estado de Opinión⁶.

Dicho “punto oscuro” teórico, tomado de una serie de postulados extraídos de las más rancias teorías derechistas a nivel mundial, nunca tratado de manera abierta en la sociedad colombiana, pretende reemplazar el Estado de Derecho consagrado en la Constitución de 1991 por acuerdos de cúpulas reservados a poderosas minorías asociadas al poder de turno. Esto es, la negación del simple concepto de democracia participativa, de gobierno popular y del empoderamiento de la sociedad sobre las cuestiones que le conciernen, en nombre de un “bien superior” para la derecha: el mantenimiento irrevocable, a cualquier costo, del statu quo.

Trasladar esa hipótesis a la realidad no es tan difícil. Al ser desalojada del gobierno, la extrema derecha tomó “precauciones” poco antes impensadas, al ser testigo en carne propia del surgimiento masivo de un pueblo colombiano consciente, como nunca, de sus derechos inalienables, de la mano de Gustavo Petro. La entrega de tierras, el descenso del desempleo, el mejoramiento de la economía, la eliminación de onerosos cargos burocráticos y el abaratamiento de los insumos del campo, entre otras medidas, mermaron el control de la clase política sobre la sociedad.

¿Cómo hacer retroceder tales avances significativos? Con un primer mandatario de la calaña de Abelardo de la Espriella, de origen ilegítimo, exabogado de narcotraficantes, de asesinos de la talla de los responsables de la muerte del joven Dilan Cruz, de paramilitares y de estafadores como David Murcia Guzmán, dueño de la desaparecida DMG. Un sujeto peligroso, prometiendo destripar a la izquierda o a todo cuanto se le cruce por el camino, como antes lo hicieron Miguel Abadía Méndez (Masacre de las Bananeras, 1928); Laureano Gómez (La Violencia, 1948 – 1957) —del cual es profundo admirador—, Mariano Ospina Pérez (Bogotazo, 1948); Misael Pastrana Borrero (Fraude electoral, 1970), Iván Duque Márquez (Represión Estallido Social 2019 y 2021) y, sobre todo, de Álvaro Uribe Vélez, acusado de ser el mayor genocida de la historia colombiana⁷.

Quizás la pregunta del millón sea por qué, del mismo modo que Gustavo Petro e Iván Cepeda desean permanecer en el país, omitiendo los ejemplos reaccionarios del encarcelamiento de líderes populares como Cristina Kirchner o “Lula” da Silva -ambos con falsas causas abiertas- no optaron por guardar silencio ante los hechos si eso era lo más conveniente. O bien; ¿por qué no tomaron medidas al respecto, aunque hubieran sido equivocadas, asumiendo al menos una posición, cuando tener la razón resulta insuficiente para proteger al ciudadano común, expuesto a una posible masacre despiadada, perpetrada por abusadores seriales? ¿Cuál era el riesgo mayor?

Ajuste y represión

Sin lugar a dudas, oscuros tiempos se aproximan por estas latitudes. Generar una regresión de lo construido en cuatro años demanda una cirugía fatal, sin anestesia ni anticoagulantes, capaz de provocar sucesivos baños de sangre incalculables al buscar reabrir heridas casi selladas desde hace algún tiempo.

Liberado el control de precios, los aumentos volverán a ser imprevisibles durante un gobierno de la Espriella. La inflación adquirirá matices superiores a los acontecidos durante el último gobierno uribista, bajo el Ministerio de Economía de Alberto Carrasquilla⁸. Asimismo, se disparará el precio del dólar, además de incrementarse el endeudamiento externo, tal cual lo anunció el «ilegítimo electo», cuya principal misión, junto al alineamiento con la dudosa hegemonía estadounidense e intereses económicos israelíes, es la reconstrucción de la dependencia de ambas naciones.

Ello, sin contar el retorno de la corrupción desatada, del asalto desmedido al erario público. De los ignorantes, de los necios, vaya y pase. Pero ni siquiera alguien desempeñando el mejor papel de estúpido podría esperar otra cosa. ¡Cómo poner al perro a cuidar el asado!

¿Amigo? ¡El ratón del queso! De las tierras compradas por la administración Petro, en lugar de ser expropiadas a los latifundistas que las arrebataron de forma ilegal, no quedará una sin regresar a sus legítimos ladrones, al volverse necesaria la pobreza y la violencia en la provincia para provocar el abandono de las mismas y el éxodo de la población hacia las ciudades, buscando subsistir con salarios miserables.

Al tiempo que algunos malintencionados e incompetentes aplaudirán semejantes atrocidades como focas, la restauración conservadora no vacilará a la hora de aplastar cualquier reclamo social. Tildarán las manifestaciones de «tomas guerrilleras», con la anuencia de las clases dirigentes nacionales y regionales, siendo las últimas posibles gracias a la inoperancia política completa de las izquierdas locales, al margen de la figura excluyente de su líder natural.

De allí el anunciado ensañamiento con el sindicato de docentes (FECODE) —de los más combativos, si los hay—, las amenazas contra la CUT y, seguramente, los atentados contra las agrupaciones u organizaciones defensoras de derechos humanos o de trabajadores de los servicios públicos, como parte de futuros procesos privatizadores. Quienes no se vendan correrán el riesgo inminente de aparecer flotando sobre el río Cauca o con los gallinazos revoloteando en derredor.

De hecho, aquellos que, por el contrario del criterio deformado de los derechistas, se decían progresistas, pero luego dedicaron tiempo de su vida a esquilmar la imagen de la administración de izquierda, ahora, en cambio, tendrán mucho de lo cual quejarse si no se llaman a culposo silencio.

Hoy, de acuerdo con el panorama en ciernes, Colombia volverá a ser el Estado fallido de antes, donde al retorno de las distintas variantes de violencia le seguirán las de los grupos armados, como «caldo de cultivo» de una descomposición del tejido social, destinada a no cambiar ni un ápice de las estructuras constitutivas del modelo destructivo de país.

¡Por fin guerrillas o disidencias dejarán de ser obligadas a la Paz Total⁹ petrista para volver a retomar, con tranquilidad manifiesta, el negocio de las drogas o de las armas del conflicto armado! ¡A lo sumo, buscarán «calmar las aguas» al «tirar un muerto importante de vez en cuando», el cual aparecerá en los horarios centrales de los noticieros!

Después de todo, «Agüevardo de la Guerra» se encargará de generar puestos de trabajo frente a la posterior crisis, con el pronto auge del sicariato, el paramilitarismo y el narcomenudeo, multiplicado miles de veces, fuera de control…

¿Se quejaban porque querían la bolsa para volver a tirársela encima? ¡Ya la tienen entera de nuevo, gracias también a los muertos de hambre, más pendientes de hacer grandes verdades de las peores mentiras que de la necesidad de vivir con algo de dignidad, empezando por pan, trabajo u hogar!

¡Que les aproveche!

Escribe: Carlos Alberto Ricchetti

Glosario:

¹ Squadristi: grupos paramilitares del fascismo italiano, conocidos como Camisas Negras, responsables de ejercer violencia organizada contra sindicatos, partidos de izquierda y opositores durante el ascenso de Benito Mussolini al poder (1919-1925). Su actuación fue fundamental para la consolidación del régimen fascista. Fuentes académicas: Emilio Gentile, The Origins of Fascist Ideology, 1918–1925 (Princeton University Press, 2005); Renzo De Felice, Mussolini il fascista. La conquista del potere, 1921-1925 (Giulio Einaudi Editore); Stanley G. Payne, A History of Fascism, 1914–1945 (University of Wisconsin Press, 1995); Martin Blinkhorn, Mussolini and Fascist Italy (Routledge, 2006); Enciclopedia Treccani, voz «Squadrismo», principal obra de referencia italiana sobre historia y cultura.

² Sturmabteilung (SA): organización paramilitar del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (Partido Nazi), creada en 1921 y conocida como las «Camisas Pardas» (Brownshirts). Su función principal consistía en intimidar, agredir y reprimir a opositores políticos, proteger los actos del partido y facilitar el ascenso de Adolf Hitler al poder mediante la violencia callejera. Tras la Noche de los Cuchillos Largos (1934), perdió gran parte de su influencia en favor de las SS. Fuentes académicas: Ian Kershaw, Hitler (W. W. Norton & Company, 2008); Richard J. Evans, The Coming of the Third Reich (Penguin Books, 2003); William L. Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich (Simon & Schuster, 1960); Peter Longerich, Hitler: A Biography (Oxford University Press, 2019); Encyclopaedia Britannica, voz «Sturmabteilung (SA)».

³ Vándalos, vándalo: persona que destruye, daña o saquea bienes públicos o privados de manera deliberada. En la actualidad, el término se utiliza para describir a quienes protagonizan actos de violencia o destrucción material, aunque también ha sido empleado con fines políticos para deslegitimar protestas sociales o desacreditar a determinados grupos. La palabra proviene de los vándalos, un pueblo germánico oriental que, en el año 455 d. C., saqueó la ciudad de Roma bajo el mando del rey Genserico. Sin embargo, la asociación de su nombre con la destrucción indiscriminada surgió muchos siglos después. Fue durante la Revolución Francesa, en 1794, cuando el obispo Henri Grégoire acuñó el término francés vandalisme para condenar la destrucción del patrimonio artístico y religioso, dando origen al significado moderno de vandalismo y vándalo. De manera alevosa e injustificada, este término fue asociado a los manifestantes de los paros de 2019 y 2021, quienes salían a reclamar legítimamente por justas reivindicaciones políticas, sociales o económicas, al margen de los destrozos a la propiedad pública o privada, cometidos muchas veces por infiltrados o provocadores. Fuentes académicas: Real Academia Española (RAE), voz «vándalo»; Encyclopaedia Britannica, voces «Vandal» y «Vandalism»; Oxford English Dictionary, voz «vandal»; Michel Vovelle, La Révolution française (Armand Colin, 1993); Peter Heather, The Fall of the Roman Empire (Oxford University Press, 2005).

⁴ Elsa Margarita Noguera de la Espriella: (Barranquilla, Atlántico, 3 de marzo de 1973) es economista de la Universidad Javeriana, con maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Ha ocupado diversos cargos públicos, entre ellos secretaria de Hacienda de Barranquilla, alcaldesa de Barranquilla (2012-2015), ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2016-2017) y gobernadora del departamento del Atlántico (2020-2023). Ha estado vinculada políticamente al partido Cambio Radical, liderado por Germán Vargas Lleras, y al denominado grupo político de los Char. Su gestión ha sido reconocida por proyectos de infraestructura, vivienda y renovación urbana; sin embargo, también ha estado rodeada de cuestionamientos. Entre ellos figuran las críticas por el aumento de peajes y concesiones viales en el Atlántico; investigaciones de los organismos de control sobre procesos contractuales durante distintas administraciones departamentales; señalamientos de sectores políticos y organizaciones ciudadanas por su cercanía con la poderosa estructura política de la familia Char; y cuestionamientos por el manejo de recursos públicos destinados a obras de infraestructura y programas sociales. Aunque ha enfrentado investigaciones administrativas y fiscales, hasta la fecha no registra condenas penales relacionadas con el ejercicio de sus funciones públicas. Fuentes: Procuraduría General de la Nación (actuaciones disciplinarias); Contraloría General de la República (informes de control fiscal); Consejo Nacional Electoral (información de candidaturas); Gobernación del Atlántico, perfil oficial; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, perfil institucional; El Espectador, El Heraldo, Semana y La Silla Vacía, artículos sobre su trayectoria política, la administración departamental y el grupo político de los Char.

⁵ José Obdulio Gaviria Vélez (1954): abogado, escritor, profesor universitario, político colombiano y primo segundo del abatido narcotraficante, Pablo Emilio Escobar Gaviria (1949 – 1993). Nació en Andes (Antioquia) y fue uno de los principales ideólogos del uribismo, desempeñándose como asesor presidencial durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Posteriormente fue senador de la República por el partido Centro Democrático (2014-2018). Ha publicado diversos ensayos sobre política, seguridad, democracia y conflicto armado, entre ellos Reelección: que el pueblo decida y Sofismas del terrorismo en Colombia. Entre sus planteamientos más controvertidos figura la teoría del Estado de Opinión, propuesta según la cual la legitimidad democrática puede sustentarse directamente en el respaldo ciudadano expresado a través de la opinión pública, por encima de algunas limitaciones propias del Estado de Derecho. Sus críticos consideran que esta concepción debilita la separación de poderes y los controles constitucionales, mientras que sus defensores sostienen que busca fortalecer la democracia participativa. José Obdulio Gaviria ha protagonizado numerosas polémicas por sus posiciones frente al conflicto armado colombiano, los acuerdos de paz con las FARC, los movimientos sociales y diversos sectores de la oposición. También ha sido cuestionado por declaraciones sobre derechos humanos, por su defensa de las políticas de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe y por haber sido señalado por distintos analistas como uno de los principales formuladores del discurso político del uribismo. Aunque su parentesco lejano con Pablo Escobar Gaviria ha sido objeto de atención pública, él ha reiterado que nunca tuvo relación con las actividades criminales del narcotraficante. Fuentes: José Obdulio Gaviria, Sofismas del terrorismo en Colombia (Editorial Planeta, 2005); José Obdulio Gaviria, Reelección: que el pueblo decida (Editorial Planeta, 2008); David Roll, Partidos políticos y Congreso en Colombia (Universidad Nacional de Colombia); Francisco Gutiérrez Sanín, diversos estudios sobre el uribismo y el sistema político colombiano; Enciclopedia Banrepcultural (Banco de la República de Colombia); Congreso de la República de Colombia, perfil oficial de José Obdulio Gaviria.

⁶ Estado de Opinión: concepto político promovido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y desarrollado por su entonces asesor José Obdulio Gaviria, según el cual la legitimidad democrática debe sustentarse principalmente en el respaldo directo de la ciudadanía expresado mediante la opinión pública, incluso cuando esta entre en tensión con algunas limitaciones propias del Estado de Derecho. Sus defensores sostienen que fortalece la democracia participativa al privilegiar la voluntad popular; sus críticos consideran que puede debilitar la separación de poderes, el control constitucional y las garantías institucionales al subordinar el orden jurídico al respaldo mayoritario del gobernante y por consiguiente, de las cúpulas poderosas minoritarias que suelen dominar los gobiernos de extrema derecha. Fuentes: José Obdulio Gaviria, Reelección: que el pueblo decida (Planeta, 2008); Álvaro Uribe Vélez, discursos sobre el Estado de Opinión (2007-2010); Rodrigo Uprimny Yepes, artículos sobre Estado de Derecho y Estado de Opinión en Dejusticia; Mauricio García Villegas, Normas de papel (Siglo del Hombre Editores, 2009); Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-141 de 2010 (referente al intento de segundo referendo reeleccionista y al debate sobre los límites constitucionales del poder político).

⁷ “…Álvaro Uribe Vélez, acusado de ser el mayor genocida comprobado de la historia colombiana…”. Álvaro Uribe Vélez (1952) ha sido una de las figuras más controvertidas de la política colombiana. Durante sus dos gobiernos (2002-2010) se produjeron miles de ejecuciones extrajudiciales conocidas como «falsos positivos», en las que civiles fueron asesinados por integrantes del Ejército y presentados como guerrilleros muertos en combate. La Jurisdicción Especial para la Paz concluyó que al menos 7.834 personas fueron víctimas de este patrón criminal entre 2002 y 2008. Aunque Uribe ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos y diversos sectores políticos por su eventual responsabilidad política o de mando, no ha sido condenado por estos hechos a causa de una justicia manejada y distorsionada por los mismos sectores políticos haciendo parte de sus dos gobiernos, rechazando por ende de forma reiterada dichas acusaciones. Durante y después de su mandato enfrentó cuestionamientos por el escándalo de la parapolítica, las interceptaciones ilegales del extinto DAS a magistrados, periodistas y opositores, el programa Agro Ingreso Seguro y presuntos vínculos de algunos de sus colaboradores con grupos paramilitares. Actualmente enfrenta procesos judiciales, entre ellos uno por presunto fraude procesal y soborno a testigos, respecto del cual mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una decisión definitiva por parte de una justicia incapaz de hacer de lado sus sesgos ideológicos. Fuentes: Jurisdicción Especial para la Paz, Auto 033 de 2021 (Caso 03, «falsos positivos»); Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Informe Final (2022); Human Rights Watch, informes sobre Colombia (2002-2010); Amnistía Internacional, informes anuales sobre Colombia; Corte Suprema de Justicia de Colombia, actuaciones relacionadas con el proceso por soborno y fraude procesal.

⁹ Alberto Carrasquilla Barrera (Bogotá, 24 de abril de 1959) es un economista colombiano, graduado de la Universidad de los Andes, con maestría y doctorado en Economía por la Universidad de Illinois. Fue ministro de Hacienda y Crédito Público durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2003-2007) e Iván Duque Márquez (2018-2021). También se desempeñó como viceministro de Hacienda, decano de Economía de la Universidad de los Andes y codirector de la Junta Directiva del Banco de la República. Su gestión estuvo marcada por políticas de corte liberal orientadas al ajuste fiscal, la reducción del déficit público y la promoción de la inversión privada. Entre las medidas más impopulares se encuentran el impulso de varias reformas tributarias, especialmente la presentada en 2021, que proponía ampliar la base del impuesto sobre la renta y gravar con IVA productos y servicios de consumo masivo en medio de la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19. La iniciativa desencadenó el Paro Nacional de 2021, una ola de protestas en todo el país que terminó con el retiro del proyecto y la renuncia de Carrasquilla al Ministerio de Hacienda. Entre las principales polémicas figura el caso de los llamados «Bonos Carrasquilla», un esquema financiero diseñado tras una reforma impulsada durante su primer paso por el Ministerio, mediante el cual numerosos municipios adquirieron deuda para financiar obras de acueducto y saneamiento. Años después surgieron cuestionamientos por un posible conflicto de interés, al conocerse que Carrasquilla participó en una firma privada relacionada con la estructuración de esas operaciones financieras. Aunque enfrentó debates de control político y mociones de censura en el Congreso, negó haber obtenido beneficios indebidos y no fue condenado por estos hechos. Fuentes: perfil oficial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; perfil del Banco Mundial sobre Alberto Carrasquilla; El Tiempo, «Perfil | ¿Quién es Alberto Carrasquilla, el ministro que renunció?»; Daniel Coronell, investigaciones sobre los «Bonos Carrasquilla»; Congreso de la República de Colombia (debates de moción de censura).

⁹ Paz Total: política de Estado impulsada por el presidente Gustavo Petro desde 2022, orientada a reducir la violencia mediante negociaciones de paz con grupos armados de carácter político y procesos de sometimiento a la justicia para organizaciones criminales. Su objetivo es poner fin al conflicto armado y debilitar las economías ilegales a través del diálogo, la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y reformas sociales en los territorios más afectados por la violencia. La estrategia ha recibido respaldo de organismos internacionales por priorizar soluciones negociadas, pero también ha sido objeto de críticas por los limitados avances con algunos grupos armados, los incumplimientos de los ceses al fuego y el incremento de la violencia en determinadas regiones durante su implementación. Fuentes: Ley 2272 de 2022 (modifica la Ley 418 de 1997 y establece la política de Paz Total); Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Gobierno de Colombia); Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas; Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz; Fundación Ideas para la Paz (FIP); Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).