Por JORGE H. BOTERO
Tan nocivo es dañar la imagen de la institución como ser refractarios a la imperiosa necesidad de reformas.
Llama la atención al leer la sentencia de la Corte Suprema, sala civil, una trivialidad aparente: su lenguaje rebuscado, que huye, como si fuere de la pandemia, de la escritura llana y concisa de nuestros grandes juristas, que fueron legatarios del primero y mayor de los intelectuales de Hispanoamérica: Andrés Bello. Incluso para quienes tengan formación legal, será difícil entender que deprecar a través del ruego tuitivo, consiste en presentar una tutela, llamar al disenso significa convocar al proceso a aquel contra quien la pretensión se formula, que el extremo demandado es, simplemente, el demandado, que lo antelado es lo que acaba de decirse, que el compendio fáctico, no es nada distinto que los hechos enunciados en la demanda, y que, por último, anular lo rituado, hace referencia a un remedio extremo de fallas procesales. ¡Uf!
¿A qué obedece esta pirotecnia verbal? Difícil afirmarlo con certeza, pero cabe esta hipótesis: puede tener origen ideológico. Para los abogados de mi generación y anteriores, las opciones de acceso a la educación jurídica eran pocas, las universidades elegibles eran tanto públicas como privadas, y la calidad de la educación bastante homogénea. Hoy la naturaleza de la oferta educativa es muy diferente: abundan las universidades que llamamos de garaje, se miran, en general con cierto desdén, las estatales y se ha profundizado una segmentación por estratos económicos que se origina en la educación y se consolida en el mercado laboral.
Cuento una experiencia reciente. Pregunté a los abogados de firmas de élite que asistían a una conferencia mía si en sus bufetes había abogados de la Universidad Libre o si, al menos, conocían algún egresado de esa universidad. Las respuestas fueron negativas, lo cual es muy notable porque la Libre es la casa de estudios en la que se forma el 40% de quienes se vinculan al poder judicial en Bogotá. Es dolorosos decirlo, pero los abogados en Colombia estamos divididos en estratos diferenciados con nitidez. Por eso pensamos (y escribimos) distinto. Y por eso las remuneraciones que recibimos exhiben diferencias que, en ciertos casos, son abismales.
Estos contrastes tal vez ayudan a entender la creciente brecha entre las sentencias que versan sobre asuntos constitucionales y lo que consideran razonable otros segmentos de la sociedad, tales como el gobierno, la academia jurídica y los empresarios de todos los tamaños. Mientras que muchos jueces no vacilan en desbordar los cauces normativos cuando les parece que es indispensable hacerlo por razones de justicia, otros pensamos que el activismo judicial implica una inadmisible penetración de la rama judicial en las esferas del Congreso y el Gobierno. El resultado de esa manera de proceder se traduce, para decirlo con todas las letras, en un deterioro de la democracia representativa, lo cual sucede sin que los parlamentarios se den por enterados y salgan a defender su institución.
En esta postura me reafirmo al leer la sentencia que acaba de proferirse sobre la Policía Nacional. Su debilidad en materia probatoria es notable. Se desecharon, por razones técnicas, 2 de las pruebas aportadas por la Policía, pero no se hizo, a pesar de tratarse de un tema trascendental, esfuerzo alguno para allegar elementos de juicio que podrían suministrar una comprensión de los hechos, más equilibrada. Por el contrario, con laxitud extrema, se dio credibilidad a los videos aportados por los promotores de la tutela. No se verificó, que se sepa, si fueron o no editados, ni se tuvo en cuenta que quien mira y enfoca no es -nunca lo es- un observador imparcial; justamente por eso selecciona y acota lo que graba y luego divulga.
También resulta inaceptable el recurso de extrapolación: a partir de los pocos videos que se adjuntaron, la Corte se permite concluir, sin ningún análisis (pero sí con muchas palabras y abundancia de citas jurisprudenciales superfluas), que los episodios de brutalidad policial son una práctica generalizada y constante en nuestro país. ¡Entre esas modalidades de conducta reprochable se encuentra lanzar gases lacrimógenos en donde hay multitudes! lo cual equivale a buscar una joya en donde hay luz, y no en el área oscura en donde se perdió.
El desconocimiento de las normas que regulan la tutela es ostensible. Ese mecanismo está previsto para proteger, exclusivamente, los derechos de quienes solicitan el amparo de sus derechos fundamentales; por este motivo, no se pueden adoptar medidas de orden general que coarten las potestades constitucionales del Congreso y el Presidente de la República en lo que refiere a la regulación y ejercicio del poder policial. Las glosas que aquí resumo y otras más fueron expuestas con rigor por los magistrados que votaron en contra.
A los daños que a la institución policial causa el fallo de la Corte Suprema -que la Constitucional debería revertir- se suma cierta falta de sintonía del gobierno ante los dolorosos episodios recientes y de una disposición franca para analizar y adoptar reformas. Limitarse a cerrar filas en torno a la Policía no es una buena estrategia. Es tiempo de pensar en que aquella que opera en las zonas urbanas del país, es decir en donde vive más del 70% de la población, sea, de verdad, un cuerpo de naturaleza civil, de ordinario (aunque no siempre) inerme, y por lo tanto, adscrita al Ministerio del Interior, tal como sucede en muchas partes.
Todo el proceso de reclutamiento, entrenamiento, supervisión de los policías merece una revisión a fondo; también la suficiencia del cuerpo policial, las formas de remuneración y las condiciones de vida de sus integrantes. Si esos estudios ya se realizaron por la comisión de notables designada por el Gobierno hace meses, es menester divulgarlos, discutirlos y, en lo que corresponda, adoptarlos. En esas materias es menester un diálogo político con quienes se encuentran en la otra orilla; hablar con los cercanos es indispensable, aunque no suficiente.
Briznas poéticas. De Roberto Juarroz: “Detener la palabra / un segundo antes del labio, / un segundo antes de la voracidad compartida, / un segundo antes del corazón del otro, / para que haya por lo menos un pájaro / que puede prescindir de todo nido”.
Publicado en Semana y reproducido en El Opinadero con autorización del autor.