Por ALBERTO ZULUAGA TRUJILLO
Una de las más claras expresiones de la democracia es la protesta. Solo a través de ésta, podemos demandar nuevos derechos y reclamar frente a los atropellos. Sin duda alguna no es un derecho cualquiera sino uno de especial significación ya que sobre este se sustentan todos los demás. Ese irrenunciable derecho tiene límites y conlleva responsabilidades tanto de las autoridades como de quienes protestan. Los derechos no son otra cosa que intereses fundamentales que requieren urgente atención y se confunde con el de la libre expresión pues, al fin y al cabo, la protesta es una expresión que debe ocupar un lugar de primerísimo orden y de resguardo, sobre todo, si sufrimos injusticias graves como las que acusa una sociedad desigual como la nuestra. Si bien la protesta está consagrada en nuestra Constitución en su artículo 37, carece de la normatividad que la regule frente a los actos vandálicos y terroristas en que casi siempre terminan, incitados y pagados por la extrema izquierda, comprometiendo al Estado en la doble obligación de garantizar su ejercicio y al mismo tiempo proteger los derechos de los ciudadanos como el de la vida y la propiedad. Debemos, entonces, entender que no se trata de limitarla como lo propuso en su momento el exministro Botero sino de regularla para contener sus excesos, protegiendo la vida, incluso, de quienes en ella participan y conteniendo los actos invasivos del domicilio y de la propiedad privada que no pueden sucumbir ante el derecho a la protesta. Las causas que la originan, en su inmensa mayoría, son legítimas. Las necesidades existen y el derecho de los pueblos a resistir la opresión es válido, ejerciéndolo cada vez que las instituciones no dan respuestas, siendo, además, la única manera de hacer visibles las injusticias. Por lo general los gobiernos niegan los conflictos al punto de convencerse que estos no existen porque nadie protesta, sin embargo, el conflicto continúa porque las condiciones de vida de miles y millones de trabajadores no cambian. Y es precisamente por esto, por reconocer el valor del derecho a la protesta, que nos indignamos ante la opresión y el abuso de gobiernos como el de Maduro en Venezuela que arresta sin vacilaciones a los miembros de la oposición y ejerce la violencia contra el pueblo que reclama. Contrario a lo que muchos creen que el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia ante los hechos de brutalidad policial y los excesos de la Fuerza Pública cometidos durante la protesta al ordenarle al Gobierno el cumplimiento de 14 órdenes para garantizar su derecho en forma pacífica, fue una intromisión indebida que desborda sus funciones es, a nuestro parecer, un fallo acertado, concebido y ejecutoriado ante la inacción de un Congreso que ha sido incapaz como en muchos otros temas, de emitir una ley estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta. Reclamar potestad en un campo en el que le ha faltado entereza, al igual que al Ejecutivo para presentarla, es un necio comportamiento que en nada ayuda a bajar la alta tensión que hoy el país vive.
Alberto Zuluaga Trujillo. alzutru45@hotmail.com