“ECONOMÍA SUBTERRÁNEA DEL ESTADO COLOMBIANO”

Colombia, como Estado social de derecho, tiene el compromiso constitucional de operar bajo principios de transparencia, responsabilidad y priorización del bienestar ciudadano.

El reciente escándalo de la compra del software de espionaje “Pegasus” durante la administración de Iván Duque ha sacado a la luz prácticas estatales opacas y sospechosas.

Esta adquisición, realizada de manera confidencial, en efectivo y sin responsables claros, ha generado diversas teorías sobre su financiamiento. Inicialmente se especuló que los recursos provenían de dinero incautado a narcotraficantes.

Este caso no solo revela irregularidades en una transacción específica, sino que también expone la existencia de una “economía subterránea” en el aparato estatal colombiano, donde recursos incautados se manejan sin contabilidad oficial ni control, quedando al margen de la ley y favoreciendo posibles actos de corrupción.

La revelación de que supuestamente Estados Unidos participó encubiertamente en la financiación de “Pegasus”, añade un componente de injerencia extranjera, cuestionando la soberanía y ética del Estado colombiano.

La adquisición del software de espionaje “Pegasus”, vendido por la empresa israelí NSO Group, fue presentada oficialmente como una inversión en «seguridad nacional».

No obstante, las circunstancias de la compra y las recientes revelaciones sugieren lo contrario.

Al inicio, se especulaba que el dinero provendría de efectivo incautado en operativos contra el narcotráfico y de activos bajo extinción de dominio. Este detalle no es menor: si los recursos provenientes de actividades ilícitas se manejan sin registro oficial en la contabilidad pública, surge la sospecha de que estos fondos no tienen un destino claro ni control adecuado, quedando «al garete» y propiciando oportunidades de corrupción desde dentro del propio Estado.

La reciente revelación que supuestamente el gobierno de Estados Unidos financió encubiertamente parte de esta compra a través de un apoyo financiero indirecto, bajo el argumento de colaborar en la “seguridad nacional”, expone además la pérdida de autonomía del país y plantea preguntas sobre la independencia de las decisiones de Colombia en materia de seguridad.

Esta operación poco transparente es indicativa de una “economía subterránea” en el Estado colombiano, que favorece la corrupción y el desvío de fondos que, en lugar de beneficiar a la ciudadanía, terminan siendo manejados con fines poco claros.

El caso Pegasus plantea una cuestión importante: ¿dónde están los registros oficiales del dinero incautado en operativos y de los activos en extinción de dominio? En teoría, estos recursos deberían engrosar el presupuesto estatal para ser reinvertidos en programas de desarrollo social. Sin embargo, la falta de contabilidad oficial y la carencia de transparencia en el manejo de estos fondos dejan el sistema expuesto a la manipulación y el abuso.

– Caletas y Dineros Incautados: Si los recursos en efectivo incautados no son registrados oficialmente, estos fondos quedan fuera del control fiscal y a disposición de prácticas irregulares.

Las «caletas» decomisadas representan sumas que podrían aportar significativamente a la inversión social y al cumplimiento del objetivo estatal de bienestar ciudadano, pero en lugar de eso, su destino es incierto.

– Activos en Extinción de Dominio: Colombia anualmente incauta propiedades, empresas y otros activos ligados al narcotráfico y otras actividades ilícitas. Sin embargo, la falta de transparencia en la administración de estos bienes –y en su eventual venta o reinversión– crea un vacío que favorece reduce la capacidad del Estado de reinvertir estos recursos en beneficio de la sociedad.

La falta de claridad en la administración de estos recursos plantea una duda: si el propio Estado maneja fondos sin transparencia, ¿cómo puede exigirles a sus ciudadanos y empresas el cumplimiento de la ley y la integridad financiera?

El caso Pegasus no es único. A nivel internacional, existen numerosos ejemplos de acuerdos encubiertos entre gobiernos que desafían la ética y la transparencia. Estos casos demuestran que el secretismo en operaciones de seguridad es una práctica común entre Estados, con graves consecuencias para la credibilidad de sus instituciones:

– Programa PRISM (Estados Unidos): En 2013, Edward Snowden reveló el programa de vigilancia masiva PRISM, donde el gobierno estadounidense espiaba las comunicaciones de ciudadanos y líderes de otros países, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo.

– Caso Irán-Contras: En los años 80, el gobierno de Estados Unidos vendió armas a Irán (país sujeto a sanciones), utilizando las ganancias para financiar a los Contras en Nicaragua. Este escándalo reveló cómo el gobierno estadounidense violaba sus propias leyes en operaciones encubiertas.

– Operación Cóndor en América Latina: Durante las décadas de 1970 y 1980, la CIA colaboró con varias dictaduras latinoamericanas en una red de represión contra activistas de izquierda, resultando en graves violaciones de derechos humanos.

Esta colaboración, realizada sin el conocimiento de los ciudadanos, demuestra la magnitud de las operaciones secretas entre gobiernos.

Estos casos demuestran que el secretismo en temas de seguridad y espionaje no es exclusivo de Colombia. Sin embargo, el hecho de que un Estado actúe en secreto y con apoyo externo pone en riesgo la confianza de sus ciudadanos y plantea dudas sobre su legitimidad y respeto a los derechos.

La falta de claridad y el secretismo del caso Pegasus generan un impacto profundo en la confianza ciudadana y en la moral pública.

Las consecuencias de esta economía subterránea en el Estado son claras:

– Desconfianza Ciudadana: Los ciudadanos pierden fe en el Estado cuando descubren que las instituciones operan en secreto, manejan fondos de origen ilícito sin control y no rinden cuentas. Esta desconfianza fomenta una percepción negativa de las instituciones y alimenta el desapego social.

– Cultura de Corrupción: La falta de transparencia en el manejo de fondos provenientes de operativos contra el crimen organizado y la falta de responsables fomenta una cultura de corrupción. Si el Estado no cumple con los principios de transparencia, los ciudadanos y empresarios pueden sentir que la corrupción es la norma.

– Pérdida de Soberanía Nacional: La participación financiera de Estados Unidos en decisiones de seguridad compromete la autonomía de Colombia. La seguridad de un país no puede depender de los intereses de otra nación sin afectar su independencia.

El caso Pegasus es una advertencia clara sobre los riesgos de un Estado que, lejos de cumplir con su obligación de transparencia y legalidad, opta por operaciones encubiertas, con injerencia de actores externos y sin controles efectivos. Las colaboraciones secretas y la falta de control sobre fondos incautados a narcotraficantes son prácticas que contravienen el mandato constitucional de proteger el interés público y actuar con responsabilidad y transparencia.

Un verdadero Estado social de derecho debe garantizar que cada transacción y cada decisión en temas de seguridad sean abiertas al escrutinio ciudadano.

La ética, la responsabilidad y la transparencia no deben ser solo principios abstractos, sino prácticas concretas que guíen cada aspecto de la administración pública. Colombia necesita recuperar la confianza de sus ciudadanos mediante una rendición de cuentas efectiva y un compromiso renovado con la honestidad en la gestión pública.

La seguridad nacional no puede ser una excusa para justificar malas prácticas que benefician a unos pocos en detrimento de muchos.

La contabilidad de los recursos incautados, desde caletas hasta activos en extinción de dominio, debe ser clara y transparente, y cualquier acción gubernamental debe tener un responsable que rinda cuentas ante la ciudadanía.

Solo un Estado realmente comprometido con la legalidad y la justicia puede esperar que sus ciudadanos y empresas sigan el mismo camino, construyendo juntos una sociedad basada en la confianza y el respeto a las normas.