Desde que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez hizo aprobar la nefasta Ley 100, en detrimento y con la supuesta necesidad de quitar el efectivo sistema del viejo Seguro Social, la clase dirigente encontró otra canilla donde saciar su inagotable sed de corrupción.
De esa manera la salud, un derecho cualitativo inalienable, otra de las obligaciones imprescriptibles del Estado colombiano con la ciudadanía, pasó a estar en manos de particulares con la cabeza fría, el corazón de mármol, pero con el afán de exprimir hasta el último centavo a sus alicaídos usuarios, condenados a pagar a cambio de un servicio casi nulo en la práctica.
Los sucesivos gobiernos de extrema derecha se desentendieron —hasta ejercieron una acalorada defensa de los abusos a los pacientes y de los excesos de los funcionarios que hacían parte de las distintas nóminas— al ritmo de las recetas atiborradas de ibuprofeno y acetaminofén, evadiendo deliberadamente, por orden de los responsables, tratamientos e intervenciones costosas.
Con respecto a los demás medicamentos convencionales recetados, ¡se hallarán disponibles, siempre y cuando en la mayor parte de las ocasiones la “patria milagro” no produzca los dispensarios vacíos!
En ese esquema alevoso de un Estado que pretende desentenderse de las responsabilidades que le competen por naturaleza —ningún servicio de interés esencial o nacional debería ser entregado a terceros—, con una ley cómplice encargada de proteger criminales de cuello blanco, las personas quedan libradas a su suerte, como si fueran un costo evitable.
La agenda sanitaria es una fábrica de acumulación de tratamientos pendientes, de cirugías reprogramadas, de artilugios jurídicos mediante los cuales a veces las órdenes llegan cuando los pacientes se encuentran descendiendo al sepulcro, y de una serie de anomalías canallas que atraviesan los límites de la inhumanidad. Todo ello, por supuesto, sin contar a las personas viendo “pasar la vida”, en medio de necesidades básicas, imposibilitadas para subsistir o progresar, mientras las mal llamadas empresas prestadoras de salud permanecen sin hacer nada al respecto, convertidas en un verdadero “tragadero” de miles de millones de pesos.
Vueltas y vueltas
La batalla por una vida digna no termina allí. En un modelo político, social y económico diseñado para privilegiar a unos pocos poderosos, la inmensa mayoría no encuentra mayores opciones que recurrir a las interminables tutelas para intentar obligar a las EPS “a cumplir con la naturaleza de la función con la que fueron creadas”.
¡Inconcebible!
Bajo el falso dilema de la “evolución e innovación tecnológica”, las órdenes de los directorios son contundentes. A la presión ejercida sobre los médicos a fin de no recetar tratamientos ni cirugías onerosas en la medida de lo posible, y de abstenerse de prescribir medicamentos que no desean financiar, se suman las evasivas de la atención personalizada en favor de la atención virtual, con todo cuanto implica semejante muralla de contención invisible, reticente a cualquier explicación o, más bien, a dar la cara.
Dicha medida implica el abandono por parte de la EPS de las correspondientes rutas de atención al beneficiario, sometido ya no solo a la carencia absoluta de todo diálogo efectivo y conducente, sino al desentendimiento, al abandono unilateral e intencional de la prestación personalizada que deben brindar. No de forma gratuita, sino a cambio del dinero abonado con el sacrificio de los afiliados.
Así, estos auténticos conglomerados de simpáticos nombres que evocan una atención que casi nunca realizan, acumulan tutelas, peticiones escritas u otros documentos que caen a “boca de jarro”, cuando directamente no se rehúsan a tener un contacto real con quienes decidieron confiarles el bien más valioso después de la vida: el cuidado de la salud y el mantenimiento de estándares mínimos de una existencia digna.
Tal accionar es violatorio de las leyes fundamentales de la República, de las garantías constitucionales y de los derechos humanos, porque pretende saltarse la función del trabajo social asumido en los papeles por las EPS, e implica un grave delito que la impunidad, la corrupción o las influencias parecen hacer imposible de sancionar.
Mientras tanto, en caso de demandar un servicio de atención especial o complejo —a la postre negado—, la mayoría es sometida a un limbo jurídico deliberado en el cual los privilegiados son los de siempre.
Contra el pueblo
No en vano, cuando el gobierno de Gustavo Petro buscó aprobar, entre otras, la Reforma a la Salud al interior del Congreso, la celebración desmesurada y exultante al momento de ser hundida tuvo razones de sobra.
El problema no eran las falencias del proyecto impulsado desde el progresismo, ni las presuntas inconsistencias. Implicaba obligar a las EPS a cumplir, por fuerza de la razón y de las principales leyes, con el compromiso asumido al tomar esa enorme responsabilidad en sus manos.
Por supuesto, los suculentos sobres destinados a los peones del actual sistema de salud, sumados a la compra de las célebres voluntades que otrora acompañaron a la anterior administración al poder, impidieron el profundo cambio reservado para un modelo de salud excluyente y lucrativo.
De allí que representantes y senadores de partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido de la U —por citar a algunos de los “grandes artífices” de la continuidad de este gran mal contra los colombianos— festejaran a rienda suelta cada obstrucción en el mismísimo recinto legislativo con los bolsillos llenos. Aún más, cuando los jueces y magistrados afines a esa misma política, también incentivada con dinero contante y sonante, acabaron por darle el tiro de gracia al ambicioso proyecto, minando la esperanza de volver a contar con un excelente sistema de salud al servicio integral de la gente.
Quiso el destino —seguramente sustentado a punta del fraude electoral realizado en el país y el resto de Latinoamérica, o tal vez “cosas de la vida”— que esta caterva de asaltantes de lo público y lo ajeno hoy vuelva a gobernar Colombia de manera inmerecida. Ellos son la mayor evidencia de la podredumbre de las instituciones del Estado hasta los cimientos, de una impotencia popular que no se soluciona con bellas palabras, porque son el equivalente político de las aspirinas entregadas en las EPS cuando los pacientes tienen problemas graves de salud que ameritan soluciones mucho más contundentes. Aunque, desde luego, ese sea otro largo tema a tratar.
Escribe: CARLOS ALBERTO RICCHETTI
GLOSARIO
- EPS (Entidades Promotoras de Salud): Entidades privadas o mixtas en Colombia encargadas de afiliar y organizar la prestación del servicio de salud a los usuarios dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
- Ley 100 de 1993: Marco normativo colombiano promovido durante la administración de Álvaro Uribe Vélez (entonces viceministro/asesor e impulsor institucional) que reestructuró profundamente el sistema de seguridad social, introduciendo la participación de aseguradoras privadas.
- Acción de tutela: Mecanismo de protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales en Colombia, frecuentemente empleado por los ciudadanos para exigir el suministro de tratamientos o medicamentos negados por las EPS.
- Régimen Contributivo / Subsidiado: Divisiones del sistema de salud colombiano; el primero para trabajadores con capacidad de pago y el segundo destinado a personas de bajos recursos financiado por el Estado.
REFERENCIAS
- Congreso de la República de Colombia. (1993). Ley 100 de 23 de diciembre de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
- Corte Constitucional de Colombia. Jurisprudencia reiterada sobre la salud como derecho fundamental autónomo (Sentencia T-760 de 2008).
ENLACES Y COBERTURAS PERIODISTICAS POR REFERENCIAS
- Radio Nacional de Colombia – Detalles sobre el debate y hundimiento de la Reforma a la Salud en el Senado
- Infobae Colombia – Cobertura sobre los tropiezos legislativos de las iniciativas de salud del gobierno actual
- La Silla Vacía – Análisis cronológico de los debates, fallos y tensiones institucionales en torno al sistema de salud
