Todo gobierno tiene derecho a fijar una visión de país. Lo que no tiene es licencia para abandonar su propia hoja de ruta. Esa parece ser una de las conclusiones más inquietantes que deja el balance del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, aprobado mediante la Ley 2294 de 2023 y concebido como el gran instrumento para transformar la economía, reducir desigualdades, fortalecer la infraestructura, impulsar la transición energética y combatir la pobreza.
La observación adquiere especial relevancia porque no proviene de un opositor, sino de quien fue uno de los principales autores del documento, Jorge Iván González, filósofo, economista, profesor universitario y primer director del Departamento Nacional de Planeación del presidente Petro, que terminó convertido en uno de sus críticos más severos. Su diagnóstico es tan sencillo como preocupante: la ejecución del Plan ha sido excesivamente baja y el Estado terminó sumido en un profundo desorden institucional. La gravedad de esta afirmación radica en que el PND constituye el principal contrato programático entre el Gobierno y la sociedad. Allí quedaron consignadas las prioridades para aumentar la productividad, modernizar la infraestructura, fortalecer el campo, mejorar la educación, ampliar la cobertura en salud, consolidar la transición energética y generar crecimiento con equidad. Cada retraso en su ejecución representa oportunidades perdidas para millones de ciudadanos.
El PND planteó cinco grandes transformaciones: el ordenamiento del territorio alrededor del agua; la seguridad humana y la justicia social; el derecho humano a la alimentación; la transformación productiva con acción climática, y la convergencia regional. Todas ellas buscaban articular una nueva visión del desarrollo mediante inversiones estratégicas y una mayor coordinación entre las entidades del Estado. Sin embargo, la distancia entre la formulación y la realización terminó siendo uno de los principales cuestionamientos.
Según Jorge Iván González, el problema no fue solo financiero. Lo preocupante fue la incapacidad para convertir las metas en proyectos maduros, técnicamente estructurados y verificables. Sin una administración organizada, la planeación termina siendo un ejercicio retórico y no un instrumento efectivo de transformación. Cuando la inversión pública se retrasa, disminuye la construcción de vías, se aplazan obras de acueducto, hospitales, escuelas, distritos de riego y proyectos de competitividad regional. El costo no se mide únicamente en porcentajes de inversión presupuestal; se traduce en menor crecimiento económico, menos empleo formal y una pérdida progresiva de confianza en la capacidad para cumplir compromisos.
Especial atención merece la crítica formulada sobre el manejo de las regalías. González ha señalado que cerca de 44 billones de pesos terminaron distribuidos en miles de iniciativas de reducido alcance, mientras se dejaron de lado proyectos capaces de transformar la competitividad nacional: corredores logísticos, infraestructura férrea y fluvial, sistemas regionales de abastecimiento de agua, plataformas tecnológicas y grandes apuestas territoriales. En otras palabras, se privilegió la atomización del gasto sobre la construcción permanente para el crecimiento.
No menos significativa resulta su afirmación según la cual el propio presidente Petro terminó convirtiéndose en uno de los principales obstáculos para la ejecución del PND. La permanente modificación de prioridades, la alta rotación de funcionarios, los frecuentes cambios administrativos y las tensiones entre distintas entidades habrían debilitado la coordinación que exige una política pública de semejante magnitud. La gobernanza terminó desplazada por la improvisación.
Paradójicamente, quien diseñó el Plan terminó advirtiendo sobre sus incumplimientos. Esa circunstancia convierte sus observaciones en un llamado que trasciende la confrontación partidista. No se trata de evaluar un gobierno; se trata de defender el valor de la planeación como fundamento del manejo público. Cuando un PND deja de orientar la acción del Estado, se pierde mucho más que un documento oficial, se desperdician recursos públicos, se frustran expectativas ciudadanas y se aplazan oportunidades históricas de progreso colectivo. Gobernar exige liderazgo, pero también disciplina orgánica. Sin ambas condiciones, incluso el mejor plan termina convertido en un catálogo de buenas intenciones, pero sin puertos seguros.
