En Pereira, el espacio público se ha convertido en una mercancía entregada al más vivo, bajo la mirada indolente y cómplice, de quienes juraron defenderlo. La proliferación de pantallas electrónicas y vallas comerciales incrustadas en estructuras de pasavías —señalización diseñada exclusivamente para orientar al ciudadano—, no es solo un exceso estético; es una arbitrariedad jurídica y un peligro inminente para la vida de conductores y peatones. Las pantallas electrónicas, el Acuerdo 78 de 2008 permite su instalación en espacio público, cumpliendo requisitos, están hoy la mayoría, convertidas en vallas publicitarias, que obvio, no cancelan impuestos. Beneficios para ellos por todos lados. Esto tiene una explicación, están apagadas como resultado del alto costo de la energía eléctrica y la baja demanda de este medio publicitario.
El caso del esperpento de pasavía instalado irregularmente en la Avenida Circunvalar con calle 5, frente al Centro Comercial Arboleda, junto a otros puntos críticos como el acceso a la Universidad Tecnológica y la Avenida Belalcázar, es el monumento a la desvergüenza administrativa. Mientras el Instituto de Movilidad de Pereira evade su responsabilidad con respuestas que rayan en la burla —solicitando al ciudadano identificar ubicaciones que son evidentes y públicas—, la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha sido tajante: estas instalaciones son ilegales. Según la Resolución que adoptael Manual de Señalización Vial expedida por el Ministerio del Transporte en 2024, los dispositivos de control de tránsito tienen prohibido mostrar cualquier elemento ajeno a la seguridad vial.
La contundencia de los altos tribunales no deja lugar a dudas. El Consejo de Estado ha advertido que el uso indebido del espacio público «lesiona el principio de prevalencia del interés general» y vulnera los derechos colectivos al goce y defensa de los bienes de uso público. Por su parte, la Corte Constitucional, en su histórica Sentencia C-535 de 1996, calificó el paisaje como un «patrimonio ecológico local» y un recurso natural renovable que el Estado debe proteger contra la «contaminación visual». Bajo el «principio de rigor subsidiario», los municipios pueden ser más estrictos, pero jamás ignorar las prohibiciones nacionales en aras del lucro privado.
¿Cómo se permite que un particular instale estructuras tan pesadas y grotescas, sin autorización y ausente de estudios estructurales elaborados por profesionales capaces, en sectores vitales sin que nadie diga nada? ¿Quién garantiza que no colapsarán sobre la vida y propiedad de los ciudadanos? El Manual de Señalización Vial demanda diseños estructurales avalados por profesionales idóneos para soportes elevados, precisamente para evitar riesgos mínimos para los actores viales. Además, el Acuerdo 78 que regula los aprovechamientos económicos, ni siquiera contempla los pasavías en su matriz de cobro, lo que implica que estos operadores están lucrándose sin pagar los impuestos correspondientes, en un claro desprecio por la ley.
Es imperativo preguntar: ¿Es que hay gente que tiene tanto poder que está por encima de la Constitución y la ley? ¿Por qué guardan silencio la oficina de Control Físico y los inspectores de policía? La respuesta parece hallarse en una mezcla tóxica de ineficacia burocrática y corrupción política. El espacio público, que según la Constitución debe ser protegido por el Estado para asegurar el uso común sobre el interés particular, está siendo feriado a operadores privados que ignoran la ley, a su antojo El silencio administrativo ante esta apropiación indebida es una omisión del deber que carcome la confianza institucional. Pereira merece que la Procuraduría, la Contraloría y la Personería rompan su mutismo y actúen contra esta red de lucro ilegal que ferea (de feriar) nuestro patrimonio ecológico y pone en riesgo la seguridad vial. El desmonte de estas estructuras no es opcional; es la única respuesta digna de un Estado de Derecho que debe respetar sus propios principios.
Buen día Don Carlos. Gran escrito.
El estrechamiento del espacio impide el flujo normal, lo cual no es un descubrimiento y al no serlo, por ser un tema ratificado y comprobado, es extraña la pasividad ante el mismo por parte de las personas encargadas y que tienen ingerencia directa sobre el tema desde su proceder, ya que la ciudadanía cumple con denunciar pero las autoridades parece que escuchan y reciben las quejas para no pasar de ahí, evidenciando cero solución pero si el agrandamiento del problema.
Hagan cumplir la ley porque para eso están.
Feliz día.