Cuando la justicia avanza y la política mira hacia otro lado.
En Colombia, una investigación ya no detiene a nadie: apenas lo acompaña. Una práctica que dejó de ser excepcional: ejercer poder mientras la justicia intenta establecer responsabilidades por corrupción administrativa.
Es el caso del senador Ciro Ramírez, y otros aliados del Centro Democrático, vinculado al expediente de Las Marionetas, red de corrupción político-contractual destapada en el 2022, liderada por el senador Mario Castaño, del Partido Liberal, en la que se direccionaron contratos públicos millonarios a cambio de sobornos, y para respaldar candidaturas presidenciales. En este escándalo resultó salpicado el entorno del expresidente Iván Duque, incluida su madre aún no judicializada.
Pero hay un detalle que desconcierta –y que explica buena parte del malestar ciudadano–: la súbita reaparición de Ramírez en el Senado de la República de Colombia, como si nada hubiera ocurrido. Sin anuncio político de fondo, sin debate institucional visible, y sin pedagogía pública. Un día estaba fuera; al siguiente, nuevamente en su curul.
No regresó absuelto, ni desvinculado del proceso, sino simplemente habilitado para ejercer mientras continúa el trámite. En ausencia de una condena en firme o de una decisión de pérdida de investidura, sus derechos políticos permanecen intactos.
Ahora el problema deja de ser abstracto: registros públicos –fotografías y videos difundidos por medios– muestran la cercanía política de algunos protagonistas de ese tinglado con la candidatura presidencial de Paloma Valencia.
No es una insinuación: es material visible, circulado y conocido. En cualquier democracia funcional, esa proximidad exigiría explicaciones inmediatas. Aquí, en cambio, apenas produjo un murmullo pasajero.
Mientras los expedientes crecen, las curules permanecen intactas. Y así, lo que debería ser una alerta institucional se convierte en rutina administrativa.
La pregunta no se puede seguir aplazando: ¿por qué no se activa –o al menos se discute con seriedad– la figura de la “silla vacía”, prevista para proteger la legitimidad de las corporaciones públicas? Una limitación jurídica real o una decisión política de no alterar equilibrios que hoy pesan más que la credibilidad.
No se trata de anticipar fallos ni de sustituir a los jueces. Conviene entender que la confianza pública no resiste indefinidamente esta disociación entre justicia y poder.
Cuando los expedientes no mueven las curules, lo que se archiva no es un proceso: es la vergüenza pública.
__________________________
* Periodista y corrector de estilo
+57 315 575 9920
