Lo sucedido con los alias Calarcá y el Zarco Aldinéver, dentro de la fallida política de la “paz total”, desnuda claramente las intenciones del gobierno Petro de fortalecer las estructuras criminales, consolidando la posición interna de sus jefes dentro de las organizaciones delictivas, mientras vende el relato al pueblo ingenuo de que lo que está haciendo es debilitándolos, cuando a más de su consolidación los está empoderando lo suficiente para negociar con el Gobierno en sus propios términos. Las informaciones confirmadas por la Fiscalía General, encontradas en los computadores y celulares incautados durante un retén del Ejército en Anorí, Antioquia en 2024 a alias Calarcá, quien se movilizaba en camionetas blindadas de la UNP, documentan órdenes directas para asesinar al líder social Juan Gabriel Hurtado firmante del Acuerdo de Paz, y del reclutamiento forzado de una menor de edad de 14 años, como también la adquisición de armamento para ampliar su presencia territorial, hechos ocurridos mientras este criminal adelantaba conversaciones de paz con el gobierno Petro. El caso del Zarco Aldinéver sigue el mismo patrón. Suspendida su orden de captura por la Fiscalía en abril de 2024 a solicitud de Petro para facilitar su rol como gestor de paz en la mesa con la Segunda Marquetalia, se produce el atentado el 7 de junio de 2025 contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ordenado por Aldinéver, a quien este Gobierno a través del ministro de la Defensa encubrió, dándolo por muerto, cuando la Fiscalía dice no tener pruebas del hecho. Las suspensiones de las órdenes de captura de Calarcá y Aldinéver les permitieron la comisión de estos graves crímenes, constituyéndose en pruebas al canto del nexo criminal de este Gobierno con la delincuencia organizada. Por si fuera poco, el pasado 27 de marzo la Fiscalía General de la Nación, a solicitud de Petro, firmó la Resolución 0072 suspendiendo las órdenes de captura de 23 cabecillas de las estructuras criminales de Antioquia, responsables de extorsión, homicidio, desplazamiento intraurbano y reclutamiento de menores, los mismos con los que Petro se exhibió en el famoso “tarimazo” de La Alpujarra en Medellín el 21de junio de 2025. Una cosa es la paz con actores políticos armados y otra muy distinta el trato penal al crimen organizado. Las guerrillas y movimientos insurgentes articulan demandas políticas al Estado, buscando transformar el orden institucional. Estos, entregan las armas y abandonan la violencia. El crimen organizado opera bajo una lógica distinta. Controlan territorios, extorsionan, reclutan menores de edad y manejan el narcotráfico como su principal fuente de sostenimiento. Carentes de estructura ideológica, su demanda al Estado solo busca reducir las consecuencias penales de sus actos. El estatus de voceros de paz entregados por Petro les otorga legitimidad institucional, cuando el sometimiento a la justicia es el único instrumento válido frente al crimen organizado. Esa “confusión” entre uno y otro mecanismo que no distingue entre lo que se puede negociar y lo que se debe perseguir, no es confusión en Petro, es una política claramente elaborada por quien sabe bien que es lo que se propone; “alinear las estructuras criminales de todo orden con su Gobierno, pactado en la Picota, y fortalecer los grupos armados que dominan vastos territorios para obtener los votos necesarios que a punta de fusil le garanticen la permanencia de su proyecto político con Cepeda Presidente”.
Alberto Zuluaga Trujillo. alzutru45@hotmail.com
