La advertencia lanzada por la Contraloría General de la República no puede ser tomada como una simple observación de rutina. Su tono fue el de una sirena institucional frente a un riesgo cierto: si el Gobierno no diseña y ejecuta con seriedad un plan de recuperación, Colombia puede entrar en una fase de mayor deterioro fiscal, con consecuencias sobre la inversión, la confianza y el bienestar social. El contralor Carlos Hernán Rodríguez fue claro al pedir correcciones de fondo y no maquillajes contables, al tiempo que recordó una verdad elemental de la buena administración: “no se trata de gastar más, sino de gastar mejor. Cada peso del presupuesto debe traducirse en resultados concretos”.
Las cifras que acompañan esa alarma son inquietantes. En 2025, el servicio de la deuda pública llegó a representar cerca del 23% del gasto público total, cuando años atrás se situaba en torno al 18%. Más grave aún, el acelerado endeudamiento, las condiciones financieras más restrictivas y la débil articulación entre gastos e ingresos ya están comprometiendo el equilibrio fiscal. En otras palabras, el país no solo debe más, sino que paga más por deber.
A ello se suma un problema igualmente serio que es la baja calidad del gasto. La inversión pública continúa siendo un talón de Aquiles. Mientras la deuda absorbe una parte creciente del presupuesto, la ejecución en sectores claves sigue rezagada, particularmente en el primer trimestre del año. No se trata de una simple demora administrativa, es una falla estructural de gestión que impide que los recursos se traduzcan en resultados concretos para la ciudadanía.
La presión fiscal, además, ya se siente en sectores neurálgicos. En salud, el sistema enfrenta debilidades por bajo recaudo y crecientes obligaciones, lo que pone en entredicho su sostenibilidad. En energía y gas, las alertas también son evidentes: riesgos en el abastecimiento, presiones tarifarias y retrasos en proyectos estratégicos obligan a tomar decisiones estructurales para garantizar la continuidad del servicio, la estabilidad de precios y la confianza de los inversionistas. A ello se suma la necesidad de fortalecer la regulación, asegurar inversiones oportunas y evitar que las deudas acumuladas con prestadores comprometan la operación del sistema. Todo esto ocurre en un contexto macroeconómico menos favorable. La inflación ha mostrado señales de aceleración, afectando el poder adquisitivo de los hogares, mientras el crecimiento económico proyectado es menor al esperado. Este doble fenómeno de menos crecimiento y mayores presiones inflacionarias, reduce el margen de maniobra del Estado y aumenta la complejidad de cualquier ajuste fiscal.
En este escenario, las advertencias externas no hacen sino confirmar el diagnóstico interno. S&P Global Ratings ha reflejado preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal del país, mientras el Banco Mundial ha señalado que el país enfrentará un crecimiento más moderado. Se trata de señales que el mercado y los organismos multilaterales envían con claridad. La confianza no es infinita y depende, en gran medida, de la consistencia de las políticas económicas.
Frente a este panorama, insistir en nuevas reformas tributarias o en figuras como emergencias económicas no parece ser la solución de fondo. El problema no es de ingresos sino de calidad del gasto, de disciplina fiscal y de priorización. Sin correcciones estructurales, cualquier aumento en el recaudo será apenas un alivio temporal frente a un problema que seguirá creciendo. Lo más preocupante es la falta de un consenso amplio en la sociedad y en el sector empresarial que impulse estas transformaciones. Mientras tanto, el Gobierno avanza en una dirección que no coincide con estas recomendaciones, especialmente en la recta final de su mandato, donde los incentivos políticos tienden a imponerse sobre los técnicos. Colombia no está aún en una crisis fiscal abierta, pero los elementos que la configuran ya están presentes. La crisis comienza a convertirse en una certeza. Ignorarlos sería un error de enormes proporciones.
