Con ocasión de la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión, más otras sanciones, varios comentaristas han trazado paralelos con casos que, por su notoriedad política y social, así como por los personajes involucrados, se prestan para interpretarlos como motivados por el odio, la reducción, el tono vengativo y las ansias de sepultarlo para que no brillen su verbo y acción en el imaginario colectivo.
Muchas de esas percepciones surgen de manera independiente a la adscripción partidista del sentenciado, en un juicio que ha suscitado todo tipo de opiniones. Sin desconocer su erga omnes, y como ocurre en cualquier proceso relativo a causas políticas, conformado, además, por personajes influyentes en el quehacer nacional y ubicados en la “refriega” actual donde se juegan cambios de valores institucionales, el ruido es contundente y no puede pasar inadvertido.
Cualquiera que sea el resultado de los trámites legales, este nuevo hecho apunta en otra dirección frente a una “sentencia con libreto previo”, según palabras del exministro Felipe Henao. Por ello, acondicionar la nave y su marinería con rumbo a puertos confiables resulta urgente. Es decir, la providencia influirá en la contienda que se avecina para todos los bandos y, como en el póker: baraje y vuelva a dar. Se descartarán precandidaturas, surgirán otras y desaparecerán muchas, mientras persiste la polarización.
En el uso de recursos legales, nacionales e internacionales, y dado que —según Henao— “el fallo es prueba de la parcialidad del proceso”, el atentado contra Miguel Uribe Turbay, sumado al caso de Álvaro Uribe, favorece a las fuerzas opositoras. Esto coincide con lo declarado por el exdiplomático Alfonso López Caballero a María Isabel Rueda, al referirse al concepto de “mayoría silenciosa” introducido por R. Nixon. En ese sentido, López afirmó que “en Colombia esa mayoría silenciosa… está indignada ante lo drásticas que fueron las penas impuestas”. Y aunque el presidente Petro cuenta con un importante 35 % de apoyo en las encuestas, este no representa una “capacidad de endoso” total, pues “no se debe a los resultados de su gobierno, sino a que los excluidos se sienten representados por él”.
No obstante, agrega, “la lucha de clases y el cuento del bloqueo institucional apelan a las emociones de la gente. Sin embargo, esa narrativa, sin resultados, termina desgastándose”.
Lo cierto es que las inquietudes derivadas de un análisis contenido en un descomunal expediente que contradice, en tiempo, papel y virtualidad, los parámetros establecidos por el Sistema Penal Acusatorio (deficientemente implementado en Colombia) se adicionan a la actitud contestataria de la operadora judicial. Esta, al dirigirse de forma sarcástica e irrespetuosa al acusado y su familia, se aleja de las buenas maneras, incurriendo en un paso indecente que evidencia recelo y animadversión.
Este rosario de pullas genera dudas sobre “la objetividad de la jueza”. Para algunos puede ser un aspecto marginal, pero no guarda la sindéresis en el juzgamiento a la que se refería Sócrates, padre de la filosofía occidental. Con razón, señala el medio virtual La Silla Vacía: “Aunque no hay ley que regule lo que puede y no puede decir un juez durante la audiencia, el Código Iberoamericano de Ética Judicial, adoptado en Colombia por el Consejo Superior de la Judicatura, sí establece principios para el comportamiento de los jueces. Por ejemplo, abstenerse de acciones en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así (dudar de su imparcialidad)”.
Además, el artículo 49 regula el deber de cortesía que deben tener los jueces con todas las partes, incluido el procesado.
Entonces, ¿Qué pensar?
