Por Alberto Zuluaga Trujillo
Nada sorpresiva la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Si bien acentúa la polarización existente, lejos está hoy de exacerbar los ánimos que a extremos peligrosos hubiésemos llegado si dicha decisión se hubiera dado un año atrás. La poderosa figura que ha marcado la vida política del país en este siglo enfrenta hoy la restricción a la libertad que venía esquivando desde hace diez años cuando dejó la Presidencia, por nada distinto a fraude procesal y soborno de testigos en una demanda presentada por él mismo contra el senador de izquierda Iván Cepeda la cual, como un bumerán, se le devolvió al ordenar la Corte Suprema de Justicia su detención.
De su desempeño como Director de la Aeronáutica Civil en 1980 surgieron las primeras denuncias en su contra por el supuesto otorgamiento de licencias a personas vinculadas con el narcotráfico. Luego, en su período como gobernador de Antioquia, se le acusa de haber apoyado la masacre de El Aro en 1997 en la que los paramilitares asesinaron a 17 campesinos. Ninguna de esas y otras denuncias menoscabaron su prestigio y poder que día a día iban en aumento. Fue a partir de su segundo mandato en el 2006, cuando las cosas empezaron a complicársele al sostener un duro enfrentamiento con el Poder Judicial a raíz de la compra de votos para la enmienda constitucional que permitíría la reelección. Luego vinieron los “falsos positivos” que fueron órdenes militares de ejecutar civiles para presentarlos como guerrilleros en combate. En el 2009 la justicia condenó y llevó a prisión a varios de sus subalternos por el escándalo de las interceptaciones telefónicas a magistrados, políticos y periodistas, realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En febrero del año siguiente, la Corte Constitucional desautorizó el referendo que le abría las puertas a su segunda reelección frustrando su anhelo de completar doce años como Jefe de Estado. El complejo expediente por el cual fue llamado a juicio, investiga a decenas de testigos que habrían recibido prebendas a cambio de rendir falsas declaraciones a su favor, detectando la Corte un verdadero entramado de maniobras a través de distintos emisarios, apareciendo en escena el polémico abogado Diego Cadena, quien sin inmutarse ha dicho que los 48 millones por él entregados al testigo Juan Guillermo Monsalve fueron una obra de caridad de la que Uribe nunca se enteró. De ahí la decisión de privar al expresidente de su libertad por la supuesta reiterada obstrucción de la justicia a lo largo de los años. Por ser el líder más carismático del presente siglo, las voces de quienes hablan de un juicio político, de persecución ideológica, de un complot para acabar con su figura, es entendible pero no tiene asidero justificable. Es este un juicio apenas natural que se desnaturaliza al compararlo con el perdón otorgado a los criminales de las Farc, cuyo perdón alcanzaron en un Acuerdo de Paz, que gústenos o no, fue firmado y avalado por la comunidad internacional. Proponer su partido, el Centro Democrático, una Constituyente la que en reiterados escritos como este hemos defendido, no tiene presentación ninguna en los actuales momentos, pues esta debe responder a un acuerdo entre los partidos y no a una salida revanchista por su detención y en la que se anuncia arrasamiento de las Cortes para solo contemplar una que integre a las existentes, propuesta por el mismo Uribe en marzo de 2017.
Publicada en El Diario y reproducida en El Opinadero, previa autorización expresa del autor.
Alberto Zuluaga Trujillo alzutru45@hotmail.com
Cómo si Alberto Zuluaga hubiera leído mi pensamiento o yo el de él.
Claro, más didáctica la columna de mí amigo.